Bonos verdes, auge y crecimiento de un mercado floreciente en renta fija sostenible
| Por Alba Menéndez | 0 Comentarios
Con menos de una década por delante para cumplir con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los bonos verdes son una solución de inversión sostenible dentro del espacio de renta fija cuyos fondos se destinan a financiar o refinanciar proyectos nuevos o existentes beneficiosos para el clima o medio ambiente. Cada vez hay más gobiernos, empresas y organizaciones multinacionales que los utilizan para captar fondos para sus proyectos verdes y más inversores que perciben su atractivo. A continuación, las gestoras analizan todas las tonalidades de la deuda verde.
Con los bonos verdes, hemos asistido al nacimiento de una nueva clase de activo. En los últimos cinco años, su mercado ha dejado de ser un nicho para superar el tamaño de otros más maduros como, por ejemplo, el de la deuda high yield europea. De hecho, el mercado de bonos verdes es hoy una alternativa creíble para diversificar una cartera frente a los agregados globales de deuda, pues tiene un perfil de rentabilidad-riesgo similar, una duración ligeramente elevada, una cierta inclinación por la eurozona y posiblemente un mejor equilibrio entre emisores soberanos y corporativos.
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La piedra angular de un bono verde es la utilización de los fondos obtenidos con su emisión para la financiación de proyectos que contribuyan a la sostenibilidad ambiental. Representan una herramienta eficaz para aquellos emisores que necesiten financiar su transición climática y para los inversores que busquen un impacto positivo cuantificable en el medio ambiente, pues los emisores deben reportar periódicamente el empleo de la financiación captada.
El primer bono verde fue emitido en 2007 por el Banco Europeo de Inversiones bajo la etiqueta de bono de sensibilización climática. En 2008, el Banco Mundial le siguió con una nueva emisión, ya con la etiqueta de bono verde. Desde entonces, las emisiones han aumentado rápidamente. 2020 fue un año crucial para este mercado, registrando emisiones por más de 250.000 millones de dólares y alcanzando del hito del billón de dólares en emisiones globales acumuladas, según los datos de la organización Climate Bond Initiative (CBI, por sus siglas en inglés) y Bloomberg.
La etiqueta verde
Si bien en la actualidad la denominación de bono verde la otorga el propio emisor, existen organismos independientes que han establecido sus criterios a fin de mitigar la falta de unas normas precisas y facilitar una mayor transparencia en el mercado. En 2010, la Climate Bond Initiative comenzó a publicar su taxonomía de bonos climáticos, compuesta por ocho categorías generales: energía, transporte, agua, edificios, uso de suelos y recursos marítimos, industria, desechos y tecnologías de información y comunicación, que constituyen un marco de referencia para definir activos y proyectos verdes. Cuatro años más tarde, la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés) creó los Principios de los Bonos Verdes con el objetivo de promover la integridad y transparencia en el mercado de bonos verdes a través de cuatro componentes: el uso de los fondos obtenidos en una de sus categorías elegibles, el proceso de evaluación y selección de proyectos, la gestión de los fondos y la publicación de informes que incluyan la lista de proyectos financiados, las cantidades asignadas y su impacto esperado. Además, la ICMA recomienda la utilización de un evaluador externo por parte de los emisores para revisar y confirmar la alineación de la emisión del título con estos cuatro componentes.
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Por su parte, la Comisión Europea anunció en julio su plan para introducir el Estándar Europeo de Bonos Verdes (European Green Bond Standard) con el objetivo de fortalecer la supervisión de este mercado y proporcionar un marco común a los países miembros de la Unión Europea. Cada emisión deberá cumplir con cuatro requisitos, entre ellos asegurar que los fondos captados se asignan en su totalidad a proyectos que se ajusten a la taxonomía verde de la UE, una plena transparencia en la asignación de los ingresos de los bonos, un proceso de verificación externa para garantizar el cumplimiento de la norma y el ajuste de los proyectos financiados a las exigencias medioambientales de la UE. El estándar es voluntario y estará abierto a empresas y gobiernos tanto dentro como fuera del bloque de países miembros y cubrirá todo tipo de bonos, incluidos garantizados, de proyectos, y títulos respaldados por…
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