El BCE decidió poner fin a los tipos de interés negativos con una subida de 50 puntos básicos (pb) en su reunión de julio. Una reevaluación de los riesgos de inflación ha desencadenado la decisión de desviarse de la subida prevista de 25 pb que el BCE había indicado en su anterior reunión. El Consejo de Gobierno prevé nuevas subidas de tipos en sus próximos encuentros en función de los datos. Desde J. Safra Sarasin SAM (JSS SAM), celebramos la decisión de poner fin a los tipos de interés negativos antes de tiempo y esperamos otra subida de 50 pb en septiembre.

El BCE también aprobó un Instrumento para la Protección de la Transmisión (TPI, por sus siglas en inglés) para garantizar una transmisión fluida de la política monetaria en la eurozona. No obstante, reiteró que la reinversión flexible de sus compras de activos sigue siendo la primera línea de defensa en este sentido y que el programa OMT (Outright Monetary Transactions) seguirá utilizándose para contrarrestar los riesgos de redenominación.

Como preveíamos, en su última reunión, el BCE anunció una subida de 50 pb, desviándose de sus anteriores intenciones de subir 25 pb. Los mayores riesgos de inflación y la nueva disponibilidad de un Instrumento para la Protección de la Transmisión (TPI) fueron los principales motores de esta decisión. El BCE espera endurecer aún más su política en función de los datos y "reunión por reunión", evaluando la
situación económica mes a mes y moviendo los tipos de interés paso a paso. Por lo tanto, parece que su forward guidance tendrá un papel menos importante en el futuro. El BCE también explicó que evaluará las opciones para el exceso de liquidez, que serán relevantes una vez que los tipos de depósito vuelvan a ser positivos.

Al mismo tiempo, el BCE presentó su TPI para contrarrestar la dinámica injustificada y desordenada de los mercados (de los spreads), que podría perjudicar la transmisión de la política monetaria. El instrumento estará a disposición de todos los países de la eurozona y podrá activarse a plena discreción del Consejo de Gobierno. Sin embargo, su tamaño será ilimitado. La elegibilidad para el TPI dependerá de cuatro criterios:

1. Cumplimiento del marco fiscal de la UE en particular, no estar sujeto a un procedimiento de déficit excesivo

2. Ausencia de desequilibrios macroeconómicos graves, es decir, no estar sujeto a un procedimiento de desequilibrio excesivo

3. Sostenibilidad fiscal

4. Tener políticas económicas sólidas y sostenibles. Esto implica que el TPI no es un enfoque incondicional, lo que aumenta sus posibilidades de cumplir con los requisitos legales en la UE, y particularmente con los del Tribunal Constitucional alemán que limita al Gobierno alemán a asumir compromisos fiscales incondicionales y sin restricciones.

El mercado esperaba claramente un marco más flexible. El euro se apreció tras la decisión sobre los tipos de interés aproximadamente un 1%, pero perdió todas sus ganancias una vez anunciadas las condiciones del TPI, mientras que los diferenciales periféricos siguieron aumentando.

La presidenta Lagarde explicó que el TPI es complementario al resto de otros instrumentos. En primer lugar, están las reinversiones flexibles del PEPP, que sigue siendo la primera línea de defensa. En segundo lugar, se refirió al programa OMT, que sigue estando disponible para hacer frente a cuestiones específicas de cada país, reflejando en particular los riesgos de redenominación. El tercer instrumento será el TPI. Al contrario que el OMT, no aborda el riesgo de redenominación, sino los movimientos desordenados e injustificados del mercado. Lagarde declaró que prefería no utilizarlo, pero que, en caso de necesidad, el Consejo de Gobierno no dudaría en hacerlo. La prioridad de los acreedores del TPI será pari passu para cualquier intervención del BCE, lo que significa que acepta un trato igual al de otros acreedores. También indicó que aún no se han expuesto todos los elementos en la nota de prensa publicada, lo que permite cierto grado de discrecionalidad al Consejo de Gobierno.

Tribuna de Karsten Junius, economista jefe de J. Safra Sarasin Sustainable AM.

Actualmente, los temas relacionados con el cambio climático se consideran, de manera casi universal, de crucial importancia y el rol que desempeñan las finanzas sostenibles es fundamental para canalizar los recursos disponibles hacia la mejora de las condiciones en el planeta.

Además del rendimiento financiero del capital invertido, las herramientas de financiación sostenible, como los bonos verdes, pueden generar también externalidades positivas en beneficio del medio ambiente y de la sociedad. Los bonos verdes son instrumentos de deuda cuya inversión se destina exclusivamente a financiar o refinanciar, total o parcialmente, proyectos nuevos o existentes que tengan un impacto positivo en el medio ambiente. Un mercado que ya en 2021 creció hasta alcanzar los 530.000 millones de dólares en emisiones equivalentes.

En 2022, las previsiones de los analistas apuntan a un crecimiento de entre 800.000 y 900.000 millones de dólares, lo que supone un aumento de alrededor del 60% respecto a 2021 (Climate Bonds Initiative, Bloomberg, elaboraciones de Eurizon – diciembre de 2021). Los factores que han impulsado el crecimiento se sitúan en el lado de la demanda –cada vez más actores de la industria de gestión de activos adoptan estrategias ASG/ISR para invertir en renta fija-, así como en el incremento de las inversiones por parte de emisores privados, gobiernos y organismos supranacionales, para la transición hacia una economía Net Zero.

2021 fue también el año de la COP26, cuyo logro más significativo fue un enfoque más estricto de las políticas climáticas: por primera vez, el objetivo fijado es el de contener el aumento de la temperatura global dentro de los 1,5°C por encima del nivel preindustrial, un objetivo más ambicioso que el establecido en el Acuerdo de París (2°C).

En este sentido, la creación de estándares compartidos y la elaboración de una taxonomía común para la clasificación de proyectos, son dos pasos esenciales para apoyar el crecimiento del mercado de bonos verdes. En la Unión Europea, la taxonomía ya ha pasado a formar parte del Derecho comunitario mediante la adopción de un reglamento específico (2020/852), que entró en vigor en julio de 2020 y que establece seis objetivos muy ambiciosos: la mitigación y adaptación al cambio climático, el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos, la transición a una economía circular, la reducción y reutilización de los residuos, la prevención y el control de la contaminación, y la protección y restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas.

Asimismo, el papel que desempeñen los bancos centrales también será importante: el Banco de Inglaterra (BoE) fue el primero en adoptar un nuevo enfoque de compra de activos orientado a la financiación sostenible (Greening our Corporate Purchase Scheme). El BoE ha fijado abiertamente el objetivo de reducir la intensidad de carbono de su cartera de bonos en un 25% para 2025, con vistas a la plena alineación con el objetivo de alcanzar las emisiones netas cero para 2050. Además, en el marco del Fondo de Recuperación Next Generation de la UE, la Comisión Europea emitirá 225.000 millones de euros en bonos verdes.

Sobre el futuro y los tiempos que orientarán los procesos normativos y la propia evolución de la taxonomía, a finales de 2023 la elegibilidad de la misma y la alineación de los activos tendrán que ser comunicados por los operadores financieros, incluidos las gestoras de activos y los bancos. La aplicación real de la taxonomía será un proceso gradual en los próximos años con el objetivo de permitir a los operadores financieros dotarse de las herramientas necesarias para su plena adopción. La Directiva sobre información no financiera (NFRD) exige a las instituciones financieras y no financieras que revelen el porcentaje de sus actividades elegibles para la taxonomía antes de finales de 2022, en lo que respecta, sin embargo, sólo a los dos primeros requisitos, es decir, la mitigación y la adaptación al cambio climático.

Además, a finales de 2023, los bancos tendrán que divulgar su Ratio de Activos Verdes (GAR, por sus siglas en inglés, activos que financian actividades aptas para la taxonomía de la UE en la cartera bancaria total, excluyendo el componente de bonos del Estado) exigido y supervisado por la ABE, y los gestores de activos su Ratio de Inversión Verde (RGI). A partir de 2024, las empresas financieras tendrán que certificar su adecuación a la taxonomía.

Tribuna elaborada por Federica Calvetti, head of ESG and Strategic Activism en Eurizon.