La nueva Ley de Reducción de la Inflación de EE.UU. se ha considerado un avance importante en los esfuerzos mundiales para combatir el cambio climático, según los especialistas en clima de Schroders. Hasta el propio Presidente de EE.UU., Joe Biden, la ha calificado como la «mayor inversión jamás realizada para combatir la crisis existencial del cambio climático».

«La Ley de Reducción de la Inflación pretende hacer frente a la inflación mediante políticas que reduzcan el coste de la energía, así como el déficit fiscal. Se espera que recaude unos 790.000 millones de dólares en ingresos y ahorros gracias a un nuevo impuesto mínimo de sociedades, una mejor aplicación de los impuestos y una reforma de los medicamentos con receta. Además del gasto en sanidad, se destinan 369.000 millones de dólares a las prioridades de energía y cambio climático», dijo Marina Severinovsky, responsable de Sostenibilidad para Norteamérica en Schroders.

En este sentido, Irene Lauro, economista de Schroders especializada en medio ambiente, dijo que “el proyecto de ley pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% respecto a los niveles de 2005, lo que ayudará a combatir el calentamiento global”. Además, para Lauro, también contribuirá a reducir el impacto de los riesgos climáticos físicos y la inflación a medio plazo.

Por un lado las consecuencias del cambio climático como el aumento de la temperatura genera costos para los países. Además, «al incentivar la transición a las energías limpias, el proyecto de ley también ayudará a proteger la economía de las oscilaciones de los precios del petróleo y el gas, reduciendo la volatilidad de la inflación energética», añadió Lauro.

En este contexto, David Boyce, responsable en EE.UU. de Greencoat Capital, una de las principales gestoras de inversiones en energías renovables que fue adquirida en un 75% por Schroders, agregó que algunas secciones de la Ley de Reducción de la Inflación son “extensiones de programas que han tenido éxito a la hora de impulsar la transición energética en EE.UU., y esta legislación fomentará más de esos resultados positivos».

“Estados Unidos está apoyando firmemente una transición que se desvincule del carbono y de una manera que no sea un tema de conversación política de un año para otro. Espero que su impacto se extienda para que otros vayan en la misma dirección», concluyó.

El análisis del Proyecto REPEAT, un grupo de evaluación de la política energética, sugiere que la Ley de Reducción de la Inflación podría reducir las emisiones de CO2 en 2030 en una gigatonelada (mil millones de toneladas métricas) adicional. Esto es suficiente para cerrar dos tercios de la brecha entre lo que las políticas actuales lograrán y donde Estados Unidos necesitaría estar en 2030 para alcanzar el objetivo de reducir las emisiones en un 50% respecto a 2005.

Holly Turner, analista de inversiones sostenibles especializada en cambio climático, comentó “que el claro apoyo político a la dimensión social de la transición energética en torno a los trabajadores es un indicio de la mayor consideración de la «transición justa».

Sin embargo, también “se ha criticado que un total de 60.000 millones de dólares, el 15% del paquete de la Ley de Reducción de la Inflación, es demasiado pequeño”, agregó Turner.

¿Cómo afecta a las empresas?

Para Alex Monk, gestor centrado en la transición energética, el proyecto de ley es “claramente positivo para las ganancias de las empresas en varias partes del sector de la transición energética -como la solar, la eólica, el almacenamiento, el hidrógeno, partes de la cadena de suministro- y es de esperar que pueda desbloquear algunos de los cuellos de botella que han causado una falta de actividad en ciertas partes del mercado recientemente”.

Sin embargo, Monk matizó en que “si bien esto es claramente un apoyo, la política es sólo uno de los motores de la transición energética y hay otras fuerzas en juego”.

La energía solar residencial, por ejemplo, no se ha visto muy afectada por el anterior estancamiento de la política y la demanda ha seguido siendo muy sólida. Esto se debe a las fuerzas subyacentes de la demanda de los consumidores y la rentabilidad, explicó.

«También destacamos que es fundamental mantener la disciplina en las valoraciones a la hora de evaluar las empresas. Creemos que es importante garantizar que seguimos invirtiendo en empresas de calidad, con sólidas prácticas de sostenibilidad, a valoraciones razonables», concluyó.

¿Cuáles son las medidas sobre el clima de forma más detallada?

El proyecto de ley pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de dos vías principales: mediante la electrificación de los dispositivos que actualmente funcionan con combustibles fósiles y la generación de más electricidad con fuentes de energía renovables y limpias.

El proyecto Incluye un crédito fiscal de 7.500 dólares para los nuevos vehículos eléctricos y créditos fiscales para las renovaciones de viviendas con bajas emisiones de carbono, como la instalación de bombas de calor y paneles solares en los tejados. El Servicio Postal de Estados Unidos -la mayor fuente de emisiones federales, después del ejército estadounidense- recibe 3.000 millones de dólares para comprar vehículos de emisiones cero, explicó Severinovsky.

Además, destina 6.000 millones de dólares a la reducción de las emisiones de industrias difíciles de descarbonizar, como las fábricas de cemento, productos químicos y acero.

Por otro lado, amplía los créditos fiscales a la producción y la inversión en energía eólica, solar y de almacenamiento de energía, con un horizonte temporal de 10 años, lo que permite una planificación a largo plazo y debería evitar algunos de los ciclos de auge y caída que han afectado a la industria durante años.

«Para la generación de electricidad: el proyecto de ley contiene 30.000 millones de dólares en subvenciones y establece créditos fiscales para que los estados y las empresas eléctricas adopten la energía limpia y el almacenamiento de energía – importante para mantener la estabilidad de la red con mayores niveles de fuentes renovables intermitentes.

«Esto incluye el apoyo a la tecnología de hidrógeno y de retención de carbono, así como nuevos créditos fiscales para mantener las plantas nucleares en funcionamiento.

También establece un programa para reducir las fugas de metano, un gas de efecto invernadero de gran potencia, procedentes de la producción de gas natural, multando a las empresas por cada tonelada emitida.

¿A qué tipo de inversiones afecta?

«Está claro que existe un vínculo directo entre la ampliación de los eficaces programas de crédito fiscal a la producción y a la inversión y las plantas físicas reales que se construirán en todo el país durante la próxima década. Se trata de actividades que requieren mucho capital y que exigirán una inversión directa en lo que será una remodelación del suministro eléctrico en Estados Unidos”, agregó Boyce.

Para el experto, la longevidad de lo que está en la Ley también “es clave”.

“Al tener un margen de maniobra más largo, debería proporcionar la certeza al capital privado de centrar la atención en este sector y pensar no sólo en los proyectos que se construirán, sino también en el desarrollo de estos activos y las tecnologías que los alimentan, así como en fortalecer la inversión en la producción nacional de equipos», explicó.

La carga impositiva también cumple su rol

«La Ley de Reducción de la Inflación impone un impuesto mínimo alternativo del 15% ( “AMT, por sus siglas en inglés) aplicado a las corporaciones estadounidenses cuyos beneficios contables superen un determinado umbral. Se espera que esta disposición afecte a las grandes empresas que anteriormente han declarado unos ingresos elevados en sus estados financieros, pero que han reducido significativamente -o incluso eliminado- su obligación tributaria en efectivo”, consignó Mark Lacey, gestor especializado en transición energética.

Otras partes de la Ley de Reducción de la Inflación que afectan a los productores de petróleo y gas convencionales incluyen importantes créditos fiscales para la captura de carbono convencional (que aumentan de 50 dólares/tonelada a 85 dólares/tonelada), la captura directa de carbono en el aire, así como créditos para hidrógeno y biocombustibles.

«Para las grandes empresas integradas, el hecho de que la ley incluya créditos fiscales para la captura de carbono, los biocombustibles y el hidrógeno es “un aspecto netamente positivo para estas empresas, que ahora disponen de una buena plataforma para acelerar sus planes de inversión en renovables”, agregó Lacey.

Sin embargo, para las empresas de exploración y producción (E&P) más pequeñas e independientes, están considerablemente más expuestas al AMT del 15% y a los mayores costes de alquiler. Algunas están muy expuestas al plan de la legislación de imponer una tasa inicial de 900 dólares/tonelada de exceso de metano emitido por muchas instalaciones, incluyendo pozos, equipos de procesamiento, tanques de almacenamiento y tuberías.»

«Las empresas de E&P establecidas ya pagan impuestos en efectivo y ya han intensificado sus esfuerzos para detectar y arreglar las fugas de metano en previsión de las próximas regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental”, matizó.

Pero, más del 35% de la producción de petróleo y gas en tierra firme de Estados Unidos sigue procediendo de más de 15.000 pequeños operadores privados independientes.

Para Lacey, “estas son las empresas que creemos que van a soportar todo el impacto financiero de la nueva legislación».