Coincidiendo con las elecciones, Uruguay vota este domingo 27 de octubre un plebiscito sobre una reforma constitucional de la seguridad social que podría terminar con el sistema privado de pensiones tal y como funciona actualmente.

Según los expertos, de ser aprobada, la reforma podría aumentar sensiblemente el déficit fiscal y la carga tributaria además de dañar la imagen internacional del país. Según los promotores de la consulta, el sistema privado de pensiones y las últimas reformas han perjudicado a los jubilados.

Bajar la edad de jubilación, eliminar las Afaps

La principal central sindical de Uruguay, PIT-CNT, impulsa la iniciativa bajo tres puntos clave: bajar la edad de jubilación de 65 a 60 años, eliminar el ahorro individual de las Afaps (administradoras privadas de aportes sociales de los trabajadores) e igualar la jubilación mínima al salario mínimo nacional.

Estos puntos, que surgieron en contrapartida de la reforma que llevó a cabo el actual gobierno de Luis Lacalle Pou (centro derecha), recibieron las críticas de propios y ajenos. Si bien la propuesta de reforma cuenta con el apoyo del Partido Comunista, miembro de la coalición de centro izquierdas, Frente Amplio, muchos de los referentes políticos de la principal fuerza opositora, favorita a ocupar el sillón presidencial en las próximas elecciones nacionales, se manifestaron en contra de estas reformas.

Por ejemplo, un grupo de 111 economistas relacionados al Frente Amplio, entre ellos en candidato a ministro de Economía y Finanzas en caso de que gane la coalición de izquierdas, Gabriel Oddone, y el exministro de Economía y expresidente de Banco Central (2010-2015), Mario Bergara, actualmente senador.

Las consecuencias de la desaparición de cinco inversores institucionales

Además, varios técnicos y académicos advirtieron sobre la amenaza financiera e institucional que podría significar llevar a cabo el cambio. En primer lugar la eliminación del ahorro individual contenido en las Afaps generaría un problema institucional con entidades financieras a las que no se les estaría respetando su contrato.

“Tal vez no ha tenido un análisis tan profundo las implicancias para el país que desaparezcan los cinco inversores institucionales más grandes del Uruguay, ya que se eliminarían a las cuatro Afaps actualmente en funcionamiento, y desaparecería el negocio de rentas vitalicias del Banco de Seguros del Estado, que se encarga de la administración de los ahorros jubilatorios a partir de la edad de retiro”, comentó a Funds Society, Martín Larzabal, cofundador y coCEO de Cryptotrust Fiduciaria y ex CIO de República Afap (2007-2021).

Larzabal agregó que “lo delicado del tema” radica en que estos cinco inversores “son los que cubren principalmente la necesidades de fondeo local de la Tesorería, le dan soporte a las emisiones internacionales en el mercado primario y secundario, siendo los grandes estabilizadores de la tasa de interés en momentos de flight-to-quality por motivos locales o globales, como ocurrió en la crisis financiera local de 2002, e internacionales de 2008 y 2020”.

Además, el directivo asegura que si se le suma la perspectiva del financiamiento el crowding out que tendrán los proyectos en el sector privado del país, “donde estos inversores institucionales han financiado más de 10 puntos del PBI en los últimos 10 años”, deja en evidencia que al país le faltarán siete puntos del PBI por año en materia de colocación neta de emisiones de deuda pública, y un punto del PBI por año de financiamiento de proyectos productivos, “en un contexto donde los grandes agentes estabilizadores de la tasa de interés no estarán para quitarle volatilidad al costo de financiamiento en momentos de inestabilidad”, agregó.

Los fideicomisos financieros, pieza clave de la industria financiera uruguaya

A esta reflexión se suma la de Verónica Ayzaguer, Fund Manager de AF, quien reconoció que las Afaps “han logrado financiar en su mayor parte a los fideicomisos financieros de proyectos locales”. Según la experta, esto no hubiera ocurrido con inversores extranjeros en el momento que las Afaps lo hicieron porque el riesgo país de Uruguay era mayor.

“Ahora que el riesgo país de Uruguay es bajo, inversores internacionales abundan. Si esto cambia y las AFAPs no existen, es muy difícil lograr esa fuente de financiamiento”. El financiamiento en activos alternativos requiere por parte del inversor de mucha expertise y análisis, aseguró Ayzaguer quien advirtió que se necesita un equipo capaz de realizar y hacer seguimiento a ese trabajo.

Sin embargo, la experta matizó que en caso de aprobarse el plebiscito para reformar la constitución, el Banco de Previsión Social (banco estatal que administra las pensiones) “deberá crear un departamento de inversiones con mucha expertise para poder hacer ese tipo de inversiones”.

Ayzaguer advirtió que si se crea ese departamento “deberá existir la disponibilidad de fondos lo cual no sabemos si va a ocurrir dado la ambición de subir y mantener las pensiones a niveles del salario mínimo” que “está bien” pero le quedan dudas sobre “si es realizable con el nivel actual de aportes”.

Larzabal, en la misma línea, dijo que a quién le toque gobernar, “deberá efectuar un ajuste estructural en el manejo de las cuentas públicas”. El experto se imagina como “principal herramienta a aplicar un gran ajuste fiscal que permita restablecer una parte de la confianza perdida, mostrando acciones concretas para intentar encauzar la trayectoria de la deuda en un camino donde no se espiralice”.

Argumentos a favor de la iniciativa

El sindicato, que decidió impulsar la iniciativa con una votación dividida, defiende la medida alegando la posibilidad de evitar las comisiones que cobran las Afaps por la administración de los aportes individuales y la creación de un fideicomiso que invierta los fondos.

Sin embargo, otros defensores de la reforma han establecido que la inyección de dinero de unos 22.000 millones de dólares que ingresaría tras la expulsión de las Afaps podría financiar las pasividades que se generarían en consecuencia de la reducción de la edad mínima para jubilarse y la elevación de los montos en las jubilaciones mínimas.

Actualmente faltan cuatro días para las elecciones nacionales donde, además de votarse los candidatos a la Presidencia y el Parlamento de Uruguay, se llevará a cabo el plebiscito que en caso de lograr el 50% más uno de los votos será aprobado.

Las últimas encuestas mostraron cifras cercanas al 35% de aprobación, que de cumplirse la proyección, dejarían inhabilitada la iniciativa.