El Día Internacional contra el Cambio Climático se celebra hoy, 24 de octubre, y los gestores y estrategas no quieren dejar pasar la ocasión para hacer recomendaciones a los responsables de las políticas que eviten desastres naturales. Por ejemplo, Sarah Woodfield, responsable de Biodiversidad y Naturaleza de Schroders, ofrece cinco recomendaciones para que los políticos potencien la luchar contra el cambio climático. Son pasos que pueden dar para facilitar el desarrollo de una economía positiva para la naturaleza.

El primero, es establecer planes sólidos para abordar la pérdida de biodiversidad y tomar medidas para proteger y restaurar la naturaleza con urgencia esta década. La Estrategia Nacional de Biodiversidad y los Planes de Acción presentados antes de la COP16 en 2024 deben contener señales políticas claras y vías legislativas para cumplir con el Marco Global de Biodiversidad.

El segundo, exigir a las empresas, propietarios de activos e inversores que informen sobre sus riesgos, impactos y dependencias de la naturaleza para 2025. Esto debería complementarse con un calendario claro para la futura convergencia con la armonización mundial de las normas de elaboración de informes de sostenibilidad (a través del Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad). En tercer lugar, recomienda exigir a los bancos centrales que evalúen el riesgo de estabilidad financiera a nivel estatal y subestatal derivado de la pérdida de naturaleza, incluyendo pruebas de estrés sólidas del sector financiero y análisis de escenarios de refuerzo.

Asimismo, cree necesario apoyar el desarrollo de mercados de capital natural, mercados de crédito a la biodiversidad y bonos de naturaleza para aumentar los flujos de capital privado y público hacia la naturaleza y abordar el déficit de financiación para la transición hacia un futuro positivo para la naturaleza. Por último, Woodfield señala que cada una de estas recomendaciones se basa en la necesidad de alinear la acción global de la naturaleza y el clima para hacer posible un futuro positivo para la naturaleza, sin emisiones netas y con capacidad de recuperación climática.

La experta, asimismo, recuerda que en Schroders son conscientes de que la pérdida de biodiversidad «representa un riesgo de inversión significativo» y cita que, a nivel mundial, el valor de los servicios de los ecosistemas se ha estimado entre 125 y 140 billones de dólares anuales, más de 1,5 veces el PIB mundial. «Los costes de la inacción ante la pérdida de biodiversidad son enormes. Dado que más de la mitad de nuestro PIB mundial depende de la naturaleza, la realidad es cruda: el riesgo de la naturaleza es un factor integral del riesgo de inversión. Por eso, actuar en favor de la naturaleza y la biodiversidad es un deber fiduciario fundamental para con nuestros clientes», asegura Woodfield.

Por su parte, Deepshikha Singh, responsable de Stewardship y codirectora de Investigación de Inversiones Sostenibles de La Française AM, centra sus recomendaciones en la manera de divulgar información empresarial y financiera sobre cambio climático como fórmula para ayudar a mantener un planeta más saludable para todos. Se trata de unos consejos recogidos por el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras relacionadas con la Naturaleza (TNFD, por sus siglas en inglés).

El objetivo es animar a las empresas e instituciones financieras a utilizar la información divulgada para tomar mejores decisiones y, en última instancia, contribuir a cambiar los flujos financieros mundiales hacia un futuro positivo para la naturaleza, tal y como se contempla en el Marco Global para la Biodiversidad (GBF), según Singh. «La importancia relativa de la financiación privada en ese objetivo se refleja claramente en la prioridad concedida al sector financiero, tanto en la fase de prueba como en la publicación de los documentos de Orientación Adicional», afirma.

La experta recuerda que el TNFD tiene un alcance mucho más amplio que su antecesor, el TCFD, ya que el primero pretende permitir a todo tipo de empresas preparar todo tipo de información para cualquier tipo de audiencias y propósitos. El marco del TNFD se organiza en torno a cuatro pilares (gobernanza, estrategia, gestión de riesgos e impactos y métricas y objetivos) e incluye recomendaciones adicionales sobre ubicaciones, cadena de valor, población local y comunidades indígenas. «Estas recomendaciones, junto con los documentos de orientación adicionales, garantizan que se adopte un enfoque integral de la cadena de valor y de la sociedad. La naturaleza es compleja y el TNFD se ha asegurado de reflejarlo en la medida de lo posible», asegura Singh.

Por otra parte, se ha incluido una métrica adicional, la huella del plástico, en el conjunto de 15 métricas básicas que todas las empresas que informen con arreglo al marco deberán revelar, independientemente de su sector. La métrica de la huella de biodiversidad, MSA.km2, no se incluye en el conjunto de métricas recomendadas en el marco, pero puede utilizarse en las comunicaciones.

Con todo, Singh admite que aún quedan retos por delante. Primeramente, porque para las organizaciones «va a ser una tarea de enormes proporciones asimilar y filtrar lo que es relevante y factible entre el amplio conjunto de recomendaciones y documentos de orientación sobre divulgación». Asimismo, para las instituciones financieras, «existe el reto añadido de depender de la disponibilidad, calidad y comparabilidad de la información corporativa compartida» ya que es muy probable que las empresas de un mismo sector tengan diferentes niveles de divulgación. Y, según la experta, siempre existe la amenaza latente de que la acción positiva se deje de lado en favor de la divulgación y el «greenwashing».

Cuestión de urgencia

Robin Rouger, analista de inversiones sostenibles en J. Safra Sarasin Sustainable AM, recuerda que en 2022, el mundo fue testigo de una serie de fenómenos meteorológicos extremos que costaron, al menos, 29.000 millones de dólares en daños. Entre ellos, el huracán Ian en Estados Unidos y Cuba, olas de calor en Europa que mataron a más de 16.000 personas e inundaciones en Pakistán que causaron 1.700 muertos. Sin embargo, dado que las temperaturas globales van a aumentar 2,5 °C o más en comparación con los niveles preindustriales, «es probable que estos fenómenos meteorológicos extremos sean aún más frecuentes», asegura el experto, que sentencia que «hoy en día, la adaptación al cambio climático es más urgente que nunca».

Rouger afirma que adaptarse al cambio climático «significa tomar medidas para prepararse a sus efectos», por lo que las sociedades tienen que acelerar la adaptación en sistemas clave como la alimentación, el agua, las ciudades y las infraestructuras. Esto podría hacerse reforzando los sistemas de alerta temprana, haciendo resistentes las nuevas infraestructuras, mejorando la producción de cultivos agrícolas de secano y haciendo más resistente la gestión de los recursos hídricos. Sin embargo, para ello harían falta grandes sumas de dinero. El programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente calcula que los costes anuales de adaptación sólo en los países pobres pasarán probablemente de los 70.000 millones de dólares actuales a 140.000-300.000 millones en 2030, y el doble en 2050. Ante las enormes necesidades de financiación, el sector privado, incluidos los inversores y las instituciones financieras, también tendrá que implicarse.

Asimismo, Eva Cairns, directora de Sostenibilidad y Estrategia Climática de abrdn, aprovecha el Día Internacional del Cambio Climático para señalar los retos y oportunidades de la COP28, que se celebra en un mes en Emiratos Árabes Unidos. Cairns recuerda que la COP27 pidió que se revisaran y reforzaran los compromisos climáticos para finales de 2023, «pero sólo ocho participantes lo han hecho». Dado que las emisiones alcanzarán un nuevo máximo en 2022, los objetivos deben traducirse en políticas vinculantes que incentiven la descarbonización, a juicio de la experta, que se apoya en las cifras del FMI que apuntan a que las subvenciones mundiales a los combustibles fósiles alcanzaron los 7.000 millones de dólares en 2022, lo que supone un aumento de 2.000 millones desde 2020.

«En la COP28, estaremos atentos a los compromisos de acción que aumenten la credibilidad de las promesas, como abordar las políticas que envían señales erróneas a empresas e inversores. Si se ponen en práctica, las emisiones podrían estabilizarse en los próximos dos años», asegura la experta, que apunta como consideración esencial el apoyo y la financiación que deben proporcionar los países desarrollados a los países en desarrollo en este campo. La COP27 estableció un fondo para pérdidas y daños, y un objetivo clave de la COP28 es conseguir su plena financiación y determinar quién la recibirá.

También se deberá abordar, según Cairns,  la necesidad de una transición justa que tenga en cuenta las repercusiones sociales en las comunidades, los consumidores y los trabajadores. «Es probable que esta cuestión ocupe un lugar destacado en la COP28, ya que la inclusión es un tema transversal clave», apostilla.

Las propuestas de las compañías

También las grandes compañías han hecho públicas sus demandas para hacer frente al cambio climático. Más de 100 presidentes o CEOs de grandes compañías globales han firmado una declaración en la que piden a los líderes mundiales y participantes en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de Dubái (COP28) que apuesten por “políticas y actuaciones transformadoras”. En este sentido, argumentan que “cada fracción de grado cuenta en la carrera hacia el objetivo de cero emisiones netas”, en la carta abierta de la Alianza de CEOs Líderes por el Clima promovida por el World Economic Forum (WEF).

Los socios de la Alianza han fijado objetivos individuales de reducción de emisiones por un valor estimado total de 1,0 Gt (mil millones de toneladas) de CO2 para 2030. “La acción humana sostenida para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero tiene el potencial de alterar el curso de la sociedad en relación con el clima. Ahora bien, el éxito depende del apoyo de los gobiernos para hacer frente a una serie de retos”, recalca el texto. Citan cuatro retos a superar. El primero, superar unos procesos normativos y administrativos lentos y complejos que ralentizan el desarrollo de proyectos de energía renovable y dificultan la adopción de soluciones sostenibles.

A este se suma la ausencia de una infraestructura adecuada, «ya que las redes eléctricas no están preparadas para integrar adecuadamente la creciente proporción de energías renovables»; las limitaciones tecnológicas que retrasan los esfuerzos para aumentar la capacidad de desarrollar soluciones de descarbonización en su fase inicial y, finalmente, la escasa armonización e interoperabilidad entre estándares de divulgación, «que difieren entre sectores y jurisdicciones».

Para afrontar estos retos, los líderes firmantes de la carta piden a los responsables políticos y reguladores cuatro avances significativos. Primero, impulsar con rapidez las energías renovables e invertir en la infraestructura de red necesaria. Junto a él, estaría reforzar esta labor con políticas y objetivos que permitan al sector privado mejorar su eficiencia energética y, de forma justa y equitativa, eliminar progresivamente las subvenciones a los combustibles fósiles. Asimismo, demandan en las prácticas de contratación pública, fijar objetivos de contratación ambiciosos y basados en la ciencia para crear motores de demanda y apoyar el desarrollo de las cadenas de suministro.

También, impulsar la eliminación de carbono por medios naturales y tecnológicos: los gobiernos deberían fijar objetivos adecuados de retirada de carbono, así como incentivar las inversiones de las empresas mediante un entorno normativo favorable para los mercados del carbono. Por último, ven necesario simplificar y armonizar los requisitos de divulgación y medición en materia climática.