Chile se ha visto sumido en una recesión tras experimentar dos grandes shocks, como han sido las protestas sociales de finales de 2019 y la actual crisis del COVID-19. La solidez de sus finanzas públicas le ha permitido adoptar medidas enérgicas de estímulo para respaldar la economía, si bien los riesgos continúan. Una vez que la crisis sanitaria esté controlada y la recuperación esté bien encaminada, las reformas deberían centrarse sobre todo en impulsar la creación de empleo y hacer que el crecimiento funcione para todos, según apunta un nuevo informe de la OCDE.

El último Estudio Económico de Chile elaborado por la OCDE considera que la economía se recuperará gradualmente en los próximos dos años, y que la actividad volverá a los niveles anteriores a la pandemia a finales de 2022. El Estudio prevé un crecimiento del PIB del 4,2% en 2021 y del 3,0% en 2022, tras registrar una caída del 6,0% en 2020, si bien señala que la evolución de la pandemia sigue siendo un riesgo importante. Un resurgimiento de los conflictos sociales podría frenar también el ritmo de la recuperación, al igual que la incertidumbre política con respecto a las próximas elecciones y la actual revisión constitucional.

La recuperación no estará exenta de desafíos, ya que el aumento del desempleo hasta niveles no vistos desde la crisis financiera mundial de 2008 y los presionados balances corporativos dejarán tanto a las empresas como a los hogares en una situación precaria durante algún tiempo. La persistente y elevada desigualdad de Chile es un reto clave desde hace tiempo. A pesar de los avances conseguidos en la reducción de la pobreza, se considera que el 53% de los hogares del país son económicamente vulnerables, lo cual significa que no tienen un colchón financiero para protegerse frente a una caída repentina de sus ingresos (en comparación con el promedio del 39% de la OCDE). El sistema de impuestos y transferencias de Chile contribuye a reducir la desigualdad de ingresos en menor medida que en la mayoría de países de la OCDE.

“La solidez de las instituciones y de las finanzas públicas están ayudando a Chile a capear la crisis, si bien muchos hogares siguen afrontando graves dificultades», ha afirmado Álvaro Pereira, director de estudios económicos de países de la OCDE, que ha presentado el Estudio junto con el ministro de Hacienda chileno, Rodrigo Cerda. “Ajustar los impuestos y transferencias podría reducir el número de hogares económicamente vulnerables, mientras que la inversión en educación y competencias recortará las desigualdades a largo plazo. La crisis del COVID-19 ofrece una oportunidad para crear un consenso sobre reformas que garanticen unos servicios públicos sólidos, un sector empresarial dinámico y una sociedad más justa en la que todos los chilenos puedan compartir los frutos del crecimiento económico”

El Estudio recomienda seguir apoyando a las empresas, sobre todo a las pequeñas, y lo hogares vulnerables con transferencias monetarias hasta que la recuperación esté en marcha. El Estudio acoge con satisfacción un paquete de emergencia de dos años de duración que incluye ayudas económicas para hogares con ingresos inestables, subvenciones a la contratación, inversión pública y medidas de liquidez para las empresas que lo necesiten. Asimismo, apunta que podría ampliarse la protección temporal para quienes acaban de perder su empleo al tiempo que recomienda que se cree un fondo único de financiación de la sanidad para cubrir los servicios comunes de todos los ciudadanos. También considera fundamental que se creen las condiciones necesarias para que las empresas medianas prosperen y puedan impulsar la recuperación y la creación de empleo.

La ampliación de la base imponible del impuesto a la renta, mediante la reducción de los umbrales de los tramos impositivos superiores e inferiores, y la eliminación de exenciones fiscales innecesarias, sería un buen punto de partida para construir un sistema tributario y de transferencias más eficaz. Una parte de los ingresos adicionales obtenidos podría financiar un impuesto negativo a la renta, asegurando a cada hogar e individuo una prestación básica, afirma el Estudio.

Por otro lado, debería incrementarse el gasto público en educación primaria y secundaria, que actualmente se encuentra entre los más bajos de la OCDE. En Chile, el acceso a la educación de calidad está fuertemente vinculado al estatus socioeconómico, lo cual perpetúa las desigualdades. Mejorar la educación para todos sería una forma de abordar parte del descontento por las desigualdades de ingresos y niveles de vida que desencadenaron las protestas sociales en 2019.

En el ámbito empresarial, incrementar la competencia, fomentar la adopción de tecnologías digitales y reducir la complejidad en los trámites regulatorios impulsarían el aumento de la productividad y potenciarían el crecimiento en las empresas. Chile es un líder digital en América Latina, pero todavía debe mejorar el acceso a Internet de alta velocidad, sobre todo en las zonas rurales, intensificar la adopción de las herramientas digitales por parte de las empresas y mejorar las competencias digitales de la fuerza de trabajo, de modo que todos los chilenos puedan beneficiarse de la transformación digital.