La victoria de Pedro Castillo en las elecciones presidenciales de Perú aumenta la incertidumbre de la política económica, ya que el presidente electo aún tiene que definir las prioridades políticas clave de su amplia plataforma de campaña de tendencia izquierdista, dice Fitch Ratings. La incertidumbre política se ve agravada por los desafíos de gobernabilidad, mientras que el impacto de la pandemia elevará la deuda en el corto plazo.

La elección de Castillo y su partido, Perú Libre, fue certificada como ganadora con el 50,1% de los votos frente al 49,9% de Keiko Fujimori seis semanas después de la segunda vuelta del 6 de junio. La polarización entre los votantes, reflejada en el estrecho margen de victoria, y las divisiones sociales relacionadas con la pandemia agravan los riesgos de gobernabilidad derivados de un Congreso altamente fragmentado. El nuevo gobierno puede necesitar alianzas con partidos más pequeños y una fuerte disciplina interna del partido para aprobar la legislación, consideran los analistas de la calificadora.

“La previsibilidad de la política económica y fiscal sufrió durante el Congreso saliente 2020-2021, que promulgó varias medidas populistas. Como tal, el enfoque de la administración Castillo para administrar sectores estratégicos como la minería, el gas y las comunicaciones, su actitud hacia los contratos privados y la configuración de su política fiscal serán importantes para evaluar la solvencia soberana”, añade Fitch.

La plataforma Perú Libre aboga por la reformulación de la constitución (incluido el capítulo económico clave que consagra los principios del libre mercado y protege el marco de la política macroeconómica), expandiendo el papel del Estado en los negocios, cambiando o anulando concesiones y contratos a empresas privadas, aumentando significativamente los impuestos o nacionalizar sectores estratégicos (incluyendo minería y gas natural), reestructurar el sistema nacional de pensiones y abolir la contratación laboral flexible.

Según los analistas de la calificadora, “desde las elecciones, Castillo ha reiterado su compromiso de solicitar una asamblea nacional para volver a redactar la constitución, ha centrado el debate en torno al sector minero en materia de impuestos y ha abogado por el apoyo a la agricultura. No ha presentado un documento de política centrista, a diferencia del expresidente Humala, que ganó en una plataforma de izquierda en 2011. Pero ha enviado señales preliminares de continuidad política en el Banco Central de Reserva del Perú, descartando controles de precios o de divisas”.

La fragmentación del Congreso y las barreras al cambio constitucional podrían retrasar la implementación de los cambios más radicales descritos durante la campaña.

«Las políticas que socavan los pilares de la estabilidad macro, la inversión y el crecimiento y la sostenibilidad financiera pública serían negativas para la calificación. El impacto de las señales de política en la confianza de los inversores afectará las perspectivas de crecimiento de Perú, ya que la inversión privativa es el principal motor del crecimiento económico”, dice Fitch.

“Los cambios significativos a los contratos privados o nacionalizaciones requerirían enmendar el capítulo económico de la Constitución. El proceso de enmienda es difícil, aunque el congreso saliente sentó un precedente para ajustar el calendario legislativo que podría facilitarlo. La inestabilidad política podría intensificarse si las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo nuevamente se vuelven contradictorias”, señala la nota de la calificadora.

Fitch espera que el gasto y la deuda del gobierno aumenten en el corto plazo a medida que Perú lidia con el impacto social y financiero de la tasa de mortalidad por coronavirus más alta del mundo y un fuerte aumento de la pobreza. Si bien la recaudación de impuestos aumenta debido a los altos precios del cobre y el vencimiento de las exenciones del impuesto sobre la renta de las empresas para un puñado de grandes minas de cobre, es posible que se requieran medidas de mejora fiscal para consolidar las cuentas fiscales y estabilizar la deuda frente a presiones de gasto. Queda por ver cómo el nuevo gobierno anclaría las expectativas fiscales ya que Perú suspendió su regla fiscal para 2020 y 2021.

Fitch Ratings colocó la calificación ‘BBB +’ de Perú en Perspectiva Negativa en diciembre de 2020, lo que refleja el debilitamiento de las instituciones políticas, un balance del gobierno más débil y desafíos para la estabilización de la deuda pública.