Lo que partió a principios de diciembre del año pasado como manifestaciones de descontento por la destitución del expresidente Pedro Castillo y su reemplazo por la vicepresidenta Dina Boluarte, ha ido escalando con el pasar del tiempo. Ahora, con el conflicto llegando a la capital, Lima, y la temperatura subiendo, el mercado mira con atención la situación.

Con una marcha masiva convocada para este jueves y focos de protesta también en distintas regiones del país, los inversionistas supervisan la situación. Los activos locales no reflejan un impacto, pero los actores locales no descartan que la situación podría traer más volatilidad en el futuro.

Los benchmark accionarios S&P Lima Select y S&P Lima General han subido 4,04% y 3,82%, respectivamente, desde que empezó la segunda ola de protestas, el pasado 4 de enero. Desde que destituyeron a Castillo, las alzas han sido de 5,16% y 3,82%, en esos períodos. El dólar ha visto algo de impulso, pero leve: ha subido 0,51% desde que empezó el conflicto y 0,12% desde inicios de enero.

¿Por qué la firmeza de los activos locales? “Tenemos una buena posición económica y las manifestaciones aún no la han afectado de gravedad”, indica Julio Villavicencio, portafolio manager y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, agrega, el precio de los metales es favorable.

Hacia delante, eso sí, eso podría cambiar. “Eso no significa que no haya volatilidad. Este es un proceso que recién empieza”, advierte.

Con todo, la visión del mercado ha ido cambiando desde la salida de Pedro Castillo de la Casa de Pizarro, luego de un fallido “autogolpe”. “Los primeros días del cambio de gobierno, el mercado lo tomó como algo positivo, pero en la medida en que la situación ha comenzado a agravarse, efectivamente hemos visto un mercado con mayor preocupación”, relata Klaus Kaempfe, director de Portfolio Solutions de Credicorp Capital.

En esa línea, el ejecutivo explica que los activos de los precios no sufrieron porque “el mercado está muy descontado ya desde hace un tiempo”, incorporando un “escenario político difícil”. Lo que no está incorporado, advierte, es “un escalamiento desordenado”.

Optimismo y cautela

Si bien las alertas están prendidas, los capitales están esperando que las tensiones se reduzcan en el país, ordenando el panorama.

“El mercado tiene como escenario base que el episodio de conflictividad social se controlará y se producirá un adelanto de elecciones generales en abril 2024”, comenta Luis Ramos, encargado de Estrategia de Acciones de Perú y Colombia en LarrainVial Research.

Los fundamentos de esta visión, explica, están en que, si bien la presidenta Boluarte tiene un capital político “frágil”, ha logrado “tender puentes” con los partidos de centro y derecha en el Congreso peruano. Esto, agrega, fue clave para alcanzar los dos tercios necesarios para adelantar las elecciones.

“Asimismo, existe la percepción que la presidenta Boluarte ha sido capaz de controlar una primera ronda de conflictividad social a finales del año pasado y tendría argumentos para manejar este escenario de protestas. De manera similar a lo visto en diciembre de 2022, estas no son generalizadas, sino más bien concentradas y dirigidas a activos estratégicos”, delinea Ramos.

Villavicencio, por su parte, comparte el optimismo. “El tema político es un camino largo por recorrer. Al inicio, es muy sinuoso, pero al final llegaremos a un equilibrio sustentado en una sólida posición fiscal y monetaria”, indica el portfolio manager, agregando que “estos días son claves para tener una buena conjetura de los impactos”.

En esa línea, destacó que el tema de la asamblea constituyente –una de las demandas de los grupos de manifestantes– será clave, de una forma similar a lo ocurrido en Chile. En ese país, las protestas que estallaron en octubre de 2019 derivaron en un proceso constituyente que sigue en proceso.

De todos modos, la alarma existe. A mediados de diciembre del año pasado, la clasificadora de riesgo internacional S&P Global Ratings revisó a “negativa” su perspectiva para la deuda soberana. El argumento, señalaron en un reporte, incluye “la incertidumbre sobre la estabilidad institucional de Perú y su capacidad para mantener la continuidad en políticas económicas clave y respaldar el crecimiento económico”.

Además, las protestas en sí mismas tendrán un impacto económico. El Área de Estudios Económicos del BCP, uno de los principales bancos de Perú, señaló en un informe reciente que si se prolongan las manifestaciones y bloqueos de carreteras en distintas zonas del país, la proyección de crecimiento de 2,3% para el PIB para 2023 podría revisarse a la baja. Además, agregaron, podría amortiguar la caída en la inflación y sus expectativas.

Escenarios posibles

De todos modos, se espera que el ritmo de los mercados locales los dicte la evolución de las tensiones políticas.

Por un lado, una estabilización del conflicto y una salida institucional podría beneficiar a los activos locales. Es más, agrega Kaempfe, de Credicorp Capital, eso dejaría al mercado peruano “en buen pie para capturar las ventajas de la reapertura en China”.

El escenario base de LarrainVial es que las elecciones se adelanten a abril de 2024, lo que traería de la mano un camino ordenado hacia un nuevo proceso electoral. “Podríamos ver eventualmente algunas reformas políticas, que en el mejor de los casos incrementarían la capacidad de control político del Congreso”, agrega Ramos.

En este escenario, los activos peruanos no sufrirían mayor presión y quedarían determinados por la evolución de las presiones inflacionarias y cómo la economía enfrente la dinámica de ajuste del crecimiento global, explica.

En la otra cara de la moneda está el escenario de riesgo: que el conflicto siga enardeciéndose.

Una situación en que las elecciones se convoquen antes de abril de 2024, con un escalamiento en la conflictividad social que lleve a la renuncia de Boluarte o un Congreso que opte por acelerar el proceso, arrojaría más incertidumbre sobre los activos locales.

“Este escenario devengaría en un proceso desordenado de transición hacia el siguiente proceso electoral que incrementaría los riesgos de cola en los activos peruanos, principalmente por la incorporación de mayores riesgos político-institucionales”, señala Ramos. Esto, agrega, “dada la posibilidad de la aparición de candidatos radicales y/o la búsqueda de cambio en la actual constitución”.

Este escenario afectaría la variable de la liquidez del mercado. Un agravamiento, comenta Kaempfe, probablemente haría caer aún más la liquidez, la que también se verá afectada por las decisiones políticas tomadas sobre los fondos de pensiones, con la aprobación de una nueva ventana de retiros.

Las protestas

La inestabilidad política no es una novedad para Perú, a estas alturas. Durante el período presidencial que se extendió entre 2016 y 2021, el país andino tuvo cuatro presidentes y el Congreso se disolvió una vez. Pero el último round empezó con las difíciles relaciones entre un Congreso fragmentado y el gobierno de Castillo, que derivó en tres mociones de destitución en su contra.

El evento que gatilló “la toma de Lima” –como algunos llaman a la marcha en la capital peruana– fue la destitución del ex mandatario y la sucesión de Boluarte, el 7 de diciembre del año pasado. Esto luego de que Castillo anunciara la disolución del Congreso.

El descontento se concentró en las comunidades indígenas y agrupaciones vecinales y estudiantiles, principalmente al sur del país, con manifestaciones que se extendieron desde ese día hasta el 22 de diciembre.

Las principales demandas son la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones. Considerando lo heterogéneo de los manifestantes, otras demandas incluyen la creación de una nueva constitución y la liberación de Castillo, que actualmente está detenido.

Los enfrentamientos en las regiones llegaron a un punto particularmente crudo el 10 de enero, en el departamento de Puno –el más afectado por el conflicto–, con la muerte de 19 personas en la ciudad de Juliaca. Las manifestaciones suman actualmente 52 fallecidos.

Las denuncias de uso indiscriminado de armas por parte de la policía y violación a los derechos humanos llevó las protestas a la capital, convocando a limeños y otras cientos de personas que llegaron desde las regiones. Además, otras manifestaciones estaban convocadas fuera de la capital.

Distintas organizaciones se han ido uniendo al movimiento contra el gobierno, incluyendo la Confederación General de Trabajadores del Perú, uno de los principales sindicatos del país, que convocó un paro general para este jueves.

Y desde el gobierno, el mensaje ha sido claro: Boluarte no va a renunciar.