De acuerdo con estimaciones de la División de Población de Naciones Unidas, México experimentará un crecimiento acelerado de la población de 65 años, y más en comparación con otros países desarrollados y en desarrollo. En tres décadas pasará de 8% a 19% de la población total y hacia el 2070 alcanzará un tercio de ésta, etapa de mayor envejecimiento en nuestro país.

Según el Departamento de Estudios de Principal México, el envejecimiento poblacional es un fenómeno global que será un fuerte desafío para todas las economías en el mundo. «En materia de seguridad social crecerá la demanda por servicios de salud pública asociados a enfermedades relacionadas con la vejez y por pensiones para mantener el nivel de vida de una sociedad envejecida que no ahorró para su retiro. En nuestro país, el 58% de la población económicamente activa ocupada (aproximadamente 29,5 millones) labora en la informalidad y, en consecuencia, no ahorran para prever estas dos situaciones», comentan.

Existen dos tipos de esquemas o regímenes que se utilizan para diseñar un sistema (o plan) de pensiones:

1. Reparto y beneficio definido, en los cuales los trabajadores generan derechos de pensión al alcanzar una edad determinada y/o un número de años de servicio sin importar cuánto ahorren para ello. Bajo este esquema, las pensiones de los jubilados se pagan con las contribuciones de los trabajadores aportantes en turno.
2. Cuentas individuales y capitalización, en los cuales el beneficio pensionario se alcanza al cumplir una determinada edad y años de cotización pero, con la principal diferencia, que el monto final de la pensión depende del esfuerzo de ahorro realizado por la persona durante su etapa laboral activa.

Según Principal, ambos esquemas o regímenes tienen ventajas y desventajas, que dependen en gran medida del diseño del sistema de pensiones en conjunto con la realidad demográfica, económica y laboral de la población objetivo. En importante señalar que para los sistemas de reparto, en un escenario de envejecimiento poblacional, habrá menos trabajadores en activos por cada pensionado o jubilado, que a la larga impactará en su sostenibilidad y financiamiento de largo plazo.

Hablando particularmente de sistemas “públicos” de reparto, a cargo de los gobiernos o entidades públicas, resulta de gran relevancia asegurar la fuente de su financiamiento, pues los gobiernos no tienen recursos propios, esto es, obtienen sus recursos de la recaudación de impuestos de las poblaciones que gobiernan. En caso de insostenibilidad y/o quiebra de estos sistemas deberán destinarse recursos públicos para pagar las pensiones comprometidas.

En crisis las pensiones de los sistemas públicos de reparto en México

En México subsisten más de 1.000 sistemas, modelos o esquemas de pensiones diferentes, que engloban pensiones a cargo de organismos públicos e instituciones federales así como pensiones a cargo de los estados, de los municipios y de universidades e instituciones de educación superior, sobresaliendo en su gran mayoría aquellos constituidos en esquemas de reparto. Algunos sistemas, a decir muy pocos, entre ellos el Sistema de Ahorro para el Retiro, han sido reformados para los nuevos trabajadores, aunque persiste el pasivo de las generaciones en transición -quienes conservaron sus derechos y beneficios pensionarios establecidos en el esquema de reparto anterior.

Principal resalta que frente a la actual y futura realidad demográfica, económica y laboral mexicana, estos sistemas están resultando muy costosos en dos sentidos: medido en su impacto en las finanzas del país y en el impacto en cada mexicano, no sólo por la forma en que se financian sino en la disponibilidad y suficiencia de bienes y servicios públicos de calidad.  

El gasto público destinado para el pago corriente de pensiones ascendió a 12,5% del presupuesto de egresos federal en 2017, equivalente a 3,5% del PIB, en 2017. De éste total, el 97% se destinó a las pensiones de los sistemas públicos de reparto. Para los próximos años, se estima que el requerimiento para el pago de pensiones crecerá a un ritmo de 7,8% real anual, alcanzando el orden de 4,4% del PIB en el 2022, superando el presupuesto destinado a educación, salud e inversión pública como sucede ahora y generando una injusta carga intergeneracional sobre todos los mexicanos.

Incluso este problema estará fuertemente afectado por el ritmo de envejecimiento de la población mexicana, que crecerá a una tasa media más acelerada a partir del 2020. Expertos en materia de pensiones estiman que el pasivo de las pensiones en México oscilará entre el 120% – 150% del PIB y que estaremos pagándolo por varias décadas.

Prácticas internacionales en materia de sistemas públicos de reparto

Tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han emitido diversas recomendaciones en relación con el financiamiento y sostenibilidad de los sistemas de pensiones en el mundo. De acuerdo con la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP, 2017) desde hace varias décadas muchos países emprendieron cambios sustantivos en los parámetros y en la fórmula de beneficios de sus sistemas públicos de reparto:

• 76 países aumentaron la tasa de cotización en sus programas de reparto. Por ejemplo, Rusia incrementó la tasa obligatoria del 20% al 26% y un 4% adicional para quienes no elijan un fondo privado.
• 54 aumentaron la edad de retiro. Por ejemplo, Gracia subió la edad de jubilación de 65 a 67 años y cada 3 años, a partir de 2020, se ajustará conforme la expectativa de vida.
• 67 ajustaron la fórmula de los beneficios o disminuyeron directamente los beneficios. Por ejemplo, España incrementó el número mínimo de años cotizados de 15 a 25 años hacia 2022 y de 25 a 38,5 años hacia 2025. Por su parte, Grecia congeló las pensiones del 2011 al 2022 y redujo entre el 5% y 15% todas las pensiones mensuales mayores a 23.000 pesos mexicanos.

«La modificación de parámetros en los sistemas de reparto otorga un respiro en términos de financiamiento, pero no garantiza su sostenibilidad en el largo plazo ni asegura que habrá los recursos suficientes para pagar los beneficios establecidos a todos los futuros pensionados. En México requerimos un cambio en materia de pensiones que incluya sin excepción a todos los sistemas públicos de reparto y que elimine cualquier clase de privilegios. Exhortamos a todos los actores políticos y tomadores de decisión a tomar acciones para crear un piso parejo para todos los mexicanos,» concluyen.