La dosis de protagonismo de la Reserva Federal acaba de aumentar varios enteros con la nominación de Kevin Warsh por parte de Donald Trump como siguiente presidente de la Fed, al término del mandato de Jerome Powell. Para Ronald Temple, estratega jefe de mercados de Lazard, son varias las razones por las que la Reserva Federal se mantendrá en el epicentro de los riesgos macroeconómicos de cara a 2026. A su juicio, el problema no es únicamente el perfil del nuevo presidente, sino la percepción de politización de la política monetaria: “El hecho de que el presidente y miembros de su Administración hablen constantemente de lo que debería hacer la política monetaria hace difícil que los inversores globales confíen en que la Fed actúa solo en función de los datos”, afirmó Temple durante un almuerzo reciente con prensa en Madrid.

En este contexto, Temple subraya la relevancia del juicio del Tribunal Supremo sobre la posible destitución de Lisa Cook, miembro del Consejo de la Reserva Federal. Recuerda que el mercado asigna entre un 70% y un 80% de probabilidad a que el Supremo falle en contra del presidente y Cook mantenga su puesto. Destaca además que Jerome Powell asistió personalmente a la vista ante el Tribunal Supremo y que fue el propio Powell quien explicó posteriormente, en la rueda de prensa del FOMC, que había acudido porque consideraba que la resolución de ese caso es “la decisión judicial más importante para la Reserva Federal en los últimos 150 años”. Para Temple, este gesto ilustra hasta qué punto está en juego la independencia institucional del banco central.

El estratega advierte de que una sentencia que avale la destitución de Cook sentaría un precedente muy negativo, al permitir que cualquier presidente pueda cesar a miembros del Consejo por motivos políticos, incrementando de forma significativa el riesgo de interferencia en la política monetaria.

Temple añade que el desenlace de este proceso será clave para la composición futura del Consejo y para las decisiones del próximo presidente de la Fed. En este sentido, plantea un escenario poco habitual pero relevante: que Jerome Powell deje el cargo de Chair pero permanezca como miembro del Consejo, ya que su mandato como governor no expira hasta 2028. “Históricamente, cuando se nombra a un nuevo presidente, el anterior dimite del Consejo, pero no está obligado a hacerlo”. Si Powell optara por seguir en el Consejo, el presidente solo podría nombrar a tres de los siete miembros, en lugar de cuatro, limitando su influencia directa sobre el órgano de gobierno de la Fed.

Dentro de los nombres que han circulado para suceder a Powell, Temple recuerda que Rick Rieder era el candidato preferido por el mercado. “Si se preguntara a los participantes del mercado, Rick Rieder sería el candidato que más inversores elegirían”, subraya, en referencia a su trayectoria en renta fija y a su reputación como figura independiente.

Políticas anti-inmigración y su impacto en crecimiento, empleo e inflación

En segundo lugar, Temple vincula de forma directa las políticas restrictivas en materia de inmigración de la Administración Trump con la evolución futura del crecimiento económico y del mercado laboral estadounidense. Subraya que el crecimiento de la población “se redujo a la mitad el año pasado como consecuencia de las limitaciones a la inmigración”, según datos del U.S. Census Bureau, un factor que incide directamente en el potencial de crecimiento del PIB.

Temple detalla que el endurecimiento de la política migratoria se ha materializado tanto en menores flujos de entrada como en mayores salidas. En concreto, señala que el número de personas que cruzan la frontera con México ha caído más de un 95%, desde niveles superiores a 300.000 mensuales en su punto máximo hasta cifras inferiores a 10.000. Al mismo tiempo, las detenciones mensuales por parte del ICE han aumentado desde menos de 10.000 hasta más de 35.000, y recuerda que el objetivo declarado de la Administración Trump es alcanzar las 90.000 detenciones al mes. Este doble efecto —menores entradas y mayores deportaciones— ha reducido de forma significativa la población en edad de trabajar.

Desde su punto de vista, esta dinámica explica la caída del crecimiento del empleo necesario para mantener estable la tasa de paro. “Hace diez años necesitábamos alrededor de 140.000 empleos al mes para que el desempleo no subiera; ahora el nivel de equilibrio está más cerca de 50.000”, afirma. Esto permite que la tasa de paro se mantenga estable incluso con una creación de empleo modesta, pero introduce rigideces adicionales en el mercado laboral.

En cuanto a la inflación, Temple matiza que las políticas anti-inmigración no están teniendo, por ahora, un impacto significativo sobre el IPC a través de los precios de la vivienda. Analiza los datos del Zillow Observed Rent Index, que solo recoge nuevos contratos de alquiler, y destaca que la inflación de los alquileres ha descendido aproximadamente un punto porcentual, desde el 3,25% hasta el 2,1%. Dado que el componente de vivienda representa cerca del 45% del IPC subyacente, esta moderación implica una contribución negativa de alrededor de 0,45 puntos porcentuales a la inflación subyacente.

Temple se muestra escéptico ante la idea de que este comportamiento esté directamente ligado a la inmigración, al señalar que los inmigrantes indocumentados participan en segmentos muy concretos del mercado inmobiliario y no suelen afectar a los precios de los alquileres captados por los índices nacionales. En su opinión, la desaceleración de los alquileres actúa como un factor compensador frente a otras presiones inflacionistas, en particular las derivadas de los aranceles.

Déficit fiscal, elecciones de medio mandato, dólar y los grandes retos de la Fed en 2026

Temple sitúa el deterioro estructural de las cuentas públicas estadounidenses como uno de los principales riesgos macroeconómicos de la próxima década. En su escenario central, Estados Unidos podría registrar déficits del 6% al 7% del PIB anual durante los próximos diez años, un nivel que, en su opinión, “se volverá cada vez más caro de financiar”. El Congressional Budget Office estima un déficit acumulado de 21,7 billones de dólares en diez años, al que se añaden unos 3,5 billones asociados a nuevas medidas fiscales.

A este escenario se suma un riesgo político relevante. Temple afirma que ve “una probabilidad superior al 80%” de que Donald Trump pierda las midterm elections y que los demócratas recuperen el control de la Cámara de Representantes. De producirse este escenario, anticipa que exigirían revertir los recortes de gasto aprobados en la One Big Beautiful Bill Act, en particular los recortes de cerca de 900.000 millones de dólares en Medicaid, y potencialmente también en Medicare. “Si esos recortes se revierten, los déficits acabarán siendo incluso mayores”, advierte, aunque reconoce que, a largo plazo, una mayor cobertura sanitaria podría ser positiva para la economía.

Temple vincula directamente este deterioro fiscal con su visión negativa sobre el dólar a medio plazo. En su opinión, las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda pública, junto con el cuestionamiento de la independencia de la Fed y la imprevisibilidad de la política económica, están llevando a los inversores globales a reducir su exposición a la divisa estadounidense. “Querer menos exposición al dólar no significa necesariamente querer menos exposición a activos estadounidenses”, matiza, al señalar que muchos inversores siguen interesados en acciones tecnológicas o en crédito corporativo de EE. UU., pero temen que “la depreciación del dólar reduzca su rentabilidad total”.

En este contexto fiscal y monetario, Temple considera que la Fed afronta en 2026 un entorno especialmente complejo, marcado por inflación, empleo, déficit y credibilidad institucional. “Si el crecimiento del empleo es bajo, el paro se mantiene estable y la inflación repunta, no hay una razón clara para recortar tipos”, afirma. Por ello, no espera nuevas bajadas de tipos en el corto plazo.

Aranceles, IEEPA y el riesgo inflacionario

Por último, Temple analiza el impacto de los aranceles y del uso de la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Señala que el arancel medio ponderado sobre las importaciones estadounidenses ha pasado del 2,7% previo a la nueva Administración a cerca del 16,8% en términos anunciados, aunque la tasa efectiva actual se sitúa en torno al 11%-12%. Aun así, subraya que se trata de un incremento muy significativo.

Según Temple, más del 90% del coste de los aranceles lo soportan las empresas estadounidenses y entre el 50% y el 70% ya se ha trasladado ya al consumidor, porcentaje que “con el tiempo podría acercarse al 90%”. En cuanto al IEEPA, anticipa que el Tribunal Supremo podría considerar que no es una base legal válida para imponer aranceles, aunque matiza que el presidente dispone de otros mecanismos legales para reintroducirlos. “La decisión importa, pero probablemente menos de lo que piensa el mercado; lo que cambiaría es que obligaría a seguir un proceso más formal”, concluye.