María Ángeles León, fundadora y directora general de Global Social Impact Investments (GSI), ha urgido al Congreso de los Diputados una mayor implicación del Gobierno y del poder legislativo para favorecer la inversión de impacto. A su juicio, actualmente existe un importante apetito inversor por apoyar iniciativas que resuelven problemas sociales y que podrían alcanzar los 80.000 millones de euros invertidos en proyectos de impacto si se contara con un mayor respaldo institucional.

León, que también ocupa el cargo de vicepresidenta del Consejo Asesor para la Inversión de Impacto en España, SpainNAB, hizo este llamamiento en el marco del encuentro ‘Avanzando hacia una nueva economía. Propuestas del ecosistema de impacto en España’, organizado por Foro NESI con el objetivo de demostrar que el ecosistema de impacto en España es diverso, está unido y tiene soluciones para afrontar los grandes retos del país. La jornada contó con intervenciones de representantes de empresas, asociaciones, emprendedores y partidos políticos, entre ellos, Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP; y Pedro Casares, secretario de Economía y Transformación Digital del PSOE.

“Seamos conscientes de que hay un sector financiero que quiere invertir en impacto, que busca rentabilidad al tiempo que aportar en impacto social; solo necesitamos coordinarnos con la Administración”, apuntó León. “Hasta ahora en España el Estado se ha ocupado de los problemas sociales, pero es evidente que no se está llegando bien a cubrir todas las necesidades”, añade León, “y esto no solo en España, está ocurriendo en todo el mundo. Para resolver los problemas sociales hacen falta más recursos que los que puede proporcionar la Administración. Ahora, más que nunca, hay que unir fuerzas”.

La fundadora de GSI aprovechó la presencia en este foro de representantes de los dos principales partidos políticos nacionales para recordar la necesidad de contar con pactos de Estado sobre los grandes temas, entre ellos, el de la inversión dirigida a solucionar problemas sociales. Criticó que haya “un poco de descoordinación” entre administraciones e inversores y pidió que se cuente con las firmas de inversión de impacto “porque estamos movilizando a la sociedad civil, a las empresas y al sector  financiero para solucionar problemas como el sinhogarismo o el paro juvenil”, entre otros.

La visión de GSI es que el capital destinado a inversión de impacto social va creciendo porque los inversores son cada vez más conscientes del poder transformador de sus decisiones de inversión y buscan aportar, además de lograr rentabilidad financiera. Sin embargo, a juicio de León “está yendo muy despacio para lo que consideramos en el mundo financiero una velocidad aceptable”, ya que de los 800.000 millones de euros en vehículos de inversión España, sólo 1.200 están destinados a inversiones con impacto social y ambiental.

León reconoció que ha habido avances, ya que en 2018 la cifra no superaba los diez millones en inversión de impacto: “Queda mucho camino por recorrer”, afirmó. “Hemos multiplicado por 100 la inversión pero hay que acelerar aprovechando el interés inversor” y contando con esa colaboración con el Estado. “Miremos a Francia, por ejemplo, que, dentro de su legislación sobre los planes de pensiones cuenta con los planes 90-10, por el que se obliga a que el 10% del capital invertido se destine a inversión medioambiental y de impacto social. Si hiciéramos algo similar en España, podríamos estar hablando de más de 80.000 millones de euros en inversiones de impacto. Aún estamos bastante lejos y avanzamos despacio”, añade.

Para León el agitado escenario geopolítico actual está provocando un retroceso de los avances conseguidos hasta ahora en inversión sostenible, pero cree que este tipo de inversión seguirá creciendo de forma robusta: “Si con mi dinero, además de tener una rentabilidad, voy a generar un impacto social o medioambiental positivo, claro que lo quiero”, aseguró. “Tenemos que apostar por ofrecer servicios y productos financieros que de verdad permitan captar este interés y seguir movilizando capital para las empresas cuya actividad soluciona problemas sociales”.

Tras reconocer que muchas soluciones parten de ideas pequeñas que necesitan poca inversión y que sí salen adelante de forma local, María Ángeles León propuso a los distintos grupos parlamentarios y al Gobierno diseñar un sistema que facilite a estas ideas progresar y crecer, para ofrecer soluciones a mayor escala. Según su experiencia, “hay un valle de la muerte entre las inversiones de hasta 200.000 euros aproximadamente y las de más de un millón”. A su juicio, la Administración puede habilitar herramientas para facilitar esa “travesía del desierto” en la que mueren muchas buenas ideas ya en marcha con un capital inicial que no va más allá, y que impide lograr las “transformaciones sistémicas” esperadas.

Para terminar, invitó a los distintos reguladores a pensar “sobre todo en el ahorro que podrían generar al Estado si de verdad esas ideas tuvieran un apoyo importante y se convirtieran en una nueva manera de hacer las cosas: el mejor de los mundos existe ya, solo necesita un poquito de apoyo para generalizarse”, concluyó.

Tras este primer encuentro con el legislador, León se felicitó por la buena sintonía entre los dos principales partidos en torno a esta cuestión, y anunció que GSI va a continuar promoviendo encuentros de este tipo y participando en la conversación pública con los distintos reguladores para lograr acuerdos amplios en torno a una regulación que impulse la inversión de impacto social. “Debemos encontrar espacios para el diálogo, al margen de las agendas partidistas, sobre temas transversales en los que todas las sensibilidades coinciden para llegar a acuerdos”, concluyó.