En opinión de Rocío Jaureguizar, Senior Sales Manager especialista en inversión responsable de Pictet AM en España, en el Congreso de Oxford celebrado en septiembre de 2023 varios grupos de trabajo constituidos por profesionales de la inversión internacional, tanto gestores como propietarios de activos y autoridades de distintas nacionalidades, fueron conscientes de que no hay una sola manera de resolver los grandes retos sostenibles.

Según su experiencia, la sostenibilidad está en constante evolución, pero también que hay que dar pasos hacia una estandarización, así como ayudar a la comunidad inversora a comprender mejor las implicaciones de la integración de factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG).  «Efectivamente, en un mundo globalizado, lo ideal es alinear las regulaciones, para lo que es imprescindible la cooperación internacional, así como la colaboración entre la industria de la inversión y los reguladores en un marco común de divulgación. Incluso sabemos que a mayor alineación regulatoria hay menor probabilidad de greenwashing o de arbitraje regulatorio», explica Jaureguizar.

En este sentido, la experta considera que la Unión Europea ha sido pionera en regulación sostenible y en los últimos años ha habido un gran progreso en abordar riesgos y oportunidades ESG, con mucha más visibilidad, gracias al momento político y regulatorio, la demanda de los inversores y un mayor interés de las empresas. Pero al mismo tiempo existe una crisis energética y una elevada inflación, por lo que han surgido preguntas sobre la rapidez de la implementación y su coste/beneficio.

Uno de los grandes retos, en su opinión, es que la taxonomía de clasificación de actividades ASG está fragmentada globalmente. «Un marco común pasaría por principios que aseguren un estándar, aunque con distintos enfoques según la jurisdicción, al modo del acuerdo de capitales de Basilea sobre supervisión bancaria, según las necesidades de cada país», indica. Además, cree que el marco actual necesita aclarar conceptos clave y mejorar la integración del impacto medioambiental, así como el diálogo activo con los emisores. «También va a ser necesario adoptar criterios basados en la ciencia, aumentar la educación financiera del inversor final y clarificar qué hace y qué no un producto, para evitar diferencias con las expectativas del inversor», añade.

Según comenta  Jaureguizar, hay que ser capaces de hacer más comprensible la información ESG para el inversor retail, lo que pasa por un etiquetado fiable de productos financieros. «Lo que sí es cierto es que a día de hoy se necesita más tiempo para alinear las carteras con la taxonomía verde», matiza.  Además, añade que la taxonomía en la UE sólo ha desarrollado dos de seis objetivos medioambientales: mitigación y adaptación al cambio climático. «Están por desarrollar respecto a agua, biodiversidad, economía circular y polución, áreas en las que tenemos menos métricas disponibles actualmente», recuerda. 

En concreto, la experta advierte de que los riesgos del cambio climático pueden ser físicos, como el clima extremo, con consecuencias económicas de gran alcance: menor producción, mayores costes, interrupción de la cadena de suministros o destrucción de activos; mientras que los riesgos de transición están asociados a cambios legales, tecnológicos, dinámicas de mercado o riesgos reputacionales. `

«Se han previsto varios escenarios de cómo podría ser la implementación de la transición. En una transición ordenada las políticas climáticas se introducen rápidamente con 67 % de probabilidades de limitar el calentamiento global por debajo de 2º C.  En una transición desordenada las políticas se retrasan o implementan de manera divergente, con mayores costes y precios de las emisiones de carbono. En un escenario de transición diferida no se reducen las emisiones hasta 2030 y cuando se introducen son muy exigentes para limitar el calentamiento.  El tercer escenario es el de “mundo invernadero” donde algunas políticas se implementan en algunas regiones pero los esfuerzos a nivel global son insuficientes, con graves riesgos físicos, algunos irreversibles, como la subida del nivel del mar», explica.

En cualquier caso, apunta que la transición a una economía baja en carbono es un fenómeno de largo plazo que requiere esfuerzos coordinados y constantes a lo largo de las próximas décadas, con impacto material en el crecimiento y la inflación, donde una transición desordenada puede empeorar los efectos. Pero el riesgo de no hacer nada sería peor, especialmente en cuanto a inflación, dados los costes generados por la dependencia de los combustibles fósiles, como se ha visto en la guerra en Ucrania.  Por su parte, recuerda que la inversión masiva requerida puede generar mayor volatilidad de la inflación, incluso desequilibrios de oferta y demanda y riesgos geopolíticos. En su opinión, es el caso de los metales utilizados para turbinas de viento, vehículos eléctricos y otras tecnologías limpias -sólo la República Democrática del Congo supone 70 % del cobalto, clave para las baterías-.

Según su visión, existen varias definiciones de inversión sostenible, por lo que se puede acabar con diferentes porcentajes de alineación de la inversión. «Hay metodologías propietarias y es un reto comparar. Según el Reglamento de Divulgación hay fondos clasificados como artículo 8 con compromisos muy diversos y artículo 9 (de impacto) con compromisos muy elevados. Además, de momento las métricas disponibles de impactos adversos solo cubren menos de la mitad del índice mundial MSCI AW. Por su parte, los ratings ASG son cada vez más populares entre los inversores para evaluar la materialidad.  Por su parte, el desarrollo regulatorio ha generado métricas de impactos positivos y negativos», comenta. 

Por último, los apunta que correspondientes conjuntos de datos permiten analizar el comportamiento ESG de las compañías basado en el concepto de doble materialidad, que captura riesgos y oportunidades generados por aspectos medioambientales y/o sociales que afectan al valor de los agentes económicos, además del impacto positivo o negativo en el medio ambiente y la sociedad de las actividades económicas.  Las correspondientes dimensiones de materialidad están interconectadas.  Así, una empresa emisora de gases de efecto invernadero tiene impacto negativo en el cambio climático y su valor económico puede deteriorarse por el aumento de tasas o impuestos al carbono y fenómenos meteorológicos adversos.

Como conclusión a su comentario, Jaureguizar añade que hay una amplia variedad de información para analizar y evaluar inversiones, pero hay ambigüedad de definiciones y falta de homogeneización. «Los ratings ESG pueden agregar múltiples indicadores en una sola puntuación respecto a cómo un emisor o compañía aborda estos riesgos y oportunidades, pero hay baja correlación entre ratings y a veces señales contradictorias entre ellos. Las limitaciones incluyen falta de transparencia de las metodologías», concluye.

Además, añade: «La calificación agregada puede ocultar información relevante para un perfil completo de una compañía o producto financiero y no reflejar la incorporación de criterios ASG en el proceso de inversión. A ello se añade que pueden darse sesgos de mercado (desarrollados frente a emergentes) y de tamaño (grandes compañías frente a pequeñas).  Adicionalmente, se da la circunstancia de que en los últimos años los grandes proveedores de datos han ido adquiriendo pequeñas firmas, lo que puede dar lugar a aumento de precios y falta de innovación, calidad o incluso conflictos de interés. Así que, aunque las métricas y rating ASG se han convertido en indispensables para los inversores que quieren considerar la sostenibilidad respecto a riesgos y oportunidades, incluyendo los impactos negativos en el medio ambiente y la sociedad, deben de utilizarse con precaución. Es imprescindible el análisis».