La implantación de la normativa europea, las incertidumbres que quedan sobre la mesa en la aplicación de directivas como MiFID II o PRIIPs, y la estabilidad regulatoria también en España fueron temas protagonistas en el X Encuentro Nacional de la Inversión Colectiva, organizado por la APD, Deloitte e Inverco y celebrado esta mañana en Madrid. Sebastián Albella, presidente de la CNMV, fue el encargado de la apertura de la jornada, y aprovechó la ocasión para arrojar algo de luz sobre las dudas que aún quedan en la industria, y para defender la postura del supervisor sobre aquellos temas que todavía están pendientes de desarrollo reglamentario.

Entre estos segundos, algunos contemplados en MiFID II y que no aclara el segundo decreto ley de transposición de la norma, aprobado a finales de septiembre y que supone “un gran avance en aspectos como la protección del inversor”. Pero aún quedan pendientes “algunos detalles importantes que se regularán adaptándolos a la normativa en el próximo reglamento o real decreto que previsiblemente estará en el BOE antes de finales de diciembre”, destacó Albella sobre los tiempos. Y entre esos detalles, se centró en dos.

El primero, el asunto de los incentivos, puesto que el real decreto no ha dado detalles sobre los requisitos necesarios para considerar una mejora de la calidad del servicio y que legitimarán el cobro de incentivos por parte de los distribuidores de fondos, y que se desarrollarán vía reglamentaria. “El reglamento podrá establecer una lista cerrada de supuestos. Esto prefigura lo que esperamos que haga la norma, pues desde la CNMV defendemos considerar solo los tres supuestos expresamente mencionados en MiFID II”, explicó, lo que implica el rechazo al cuarto supuesto pedido por Inverco (algo que en principio tumbó también el primer real decreto de transposición de MiFID II).

“Desde la CNMV hemos apoyado esta solución, una opción no extensiva (pero tampoco restrictiva, como podría definirse en Reino Unido u Holanda) porque a medio y largo plazo creemos que va a favorecer que haya más asesoramiento en fondos de inversión, algo bueno para el equilibrio entre entidades e inversores, y porque va a impulsar la competencia y hacer más dinámico el entorno”.

Sobre el segundo tema pendiente de detalle, habló del régimen de análisis, que en principio no sería obligatorio aplicar en el ámbito de las IICs, puesto que MiFID contempla solo la gestión de carteras. “Sin embargo, desde la CNMV hemos recomendado al Gobierno que los mismos principios se apliquen también al ámbito de las IICs por una cuestión de coherencia”. Sobre las consecuencias, explicó que se observa una tendencia general –en la Europa continental y en España, “donde ha habido una avalancha de modificaciones de folletos para contemplar la repercusión de costes a IICs”– por la repercusión de los costes de análisis a las IICs, a diferencia de Reino Unido, donde el movimiento es hacia la asunción de costes por parte de las gestoras.

Albella indicó que desde el supervisor no tienen una postura ni defienden una u otra opción: “Si las gestoras lo asumen es de esperar que a medio plazo eso presione al alza las comisiones de gestión y también podría tener un efecto no favorable desde una perspectiva de rentabilidad, lo que llevaría a la contratación de menos análisis y a una menor riqueza en la gestión. Somos agnósticos sobre la decisión a tomar, pero llamamos la atención sobre la dificultad de la repercusión a las IICs, pues en ese caso hay que cumplir requisitos rigurosos”.

Sin doble DFI

Ya fuera de MiFID II, habló de tres aspectos adicionales: sus avances en materia de cerco a la falsa gestión activa, la vigilancia de la liquidez de los fondos y la preocupación sobre la situación que podría vivir la industria de tener que afrontar doble documento informativo para los fondos (de UCITS y PRIIPs) a partir de 2020.

Sobre este último asunto, lanzó un mensaje tranquilizador: no habrá duplicidades. “En la industria se esperaba algún resultado que apuntara a mantener la exención del DFI de PRIIPs al ya tener el de UCITS durante más tiempo del aprobado (hasta finales de 2019) o a eliminar un DFI y adaptar el DFI de PRIIPs a las especificidades de la inversión colectiva pero esto no ha ocurrido, de forma que si no hiciéramos nada el 1 de enero de 2020 tendríamos una situación inapropiada en la que los comercializadores deberían entregar los dos DFIs, que son distintos, a los inversores que suscribieran fondos”.

Pero, explicó, se está llevando a cabo una acción coordinada, entre organismos como la EBA o ESMA, para eso no ocurra: “Ese efecto perverso no se va a producir: la Comisión Europea promoverá un cambio legislativo sencillo para evitar este problema del doble documento. Y se aprovechará 2019 para adaptar en la medida necesaria el DFI de PRIIPs para el 1 de enero de 2020”. Esta es la medida más probable, dijo, en lugar de que se alargue el plazo de exención para los fondos UCITS de tener también el documento al que exige PRIIPs.

Falsa gestión activa

Sobre el cerco al closet indexing, y siguiendo un comunicado que emitió ayer el supervisor, aclaró que “en España no estamos especialmente preocupados por este tema, pero sí a favor de reforzar la transparencia de los fondos”, dijo. Así, explicó que en los análisis comparativos por países sobre la gestión referenciada a índices “hemos salido muy bien en la foto, informamos mucho”, e indicó que la CNMV solo ha identificado una decena de fondos con deficiencias de transparencia, a los que ha pedido mejoras. Sobre este tema, “lo que más preocupa a la CNMV es la cultura de los inversores, que es menos sensible al nivel de comisiones de los fondos de lo que debería ser, y eso habría que mejorarlo desde el punto de vista de funcionamiento de nuestro sector. Vemos cierta insensibilidad que no nos parece sana”, añadió Albella.

Sobre la liquidez en los fondos aseguró que no preocupa, pero sí ocupa: “Es un tema de moda desde la perspectiva de la estabilidad financiera, pues los mercados contribuyen estructuralmente a la misma. Nuestra regulación siempre le ha dado mucha importancia a la liquidez y todos debemos dársela”, añadió, recordando que la mayor parte de las IICs funcionan aquí con arreglo a un esquema de liquidez diaria.

Albella terminó su ponencia agradeciendo su esfuerzo a todos los actores de la industria para adaptarse a MiFID II y defendió a la CNMV de las críticas por promover una adaptación antes de que estuviera desarrollada la norma, porque, según el presidente, eso ha ayudado “a dar una mejor imagen en nuestro mercado”.

Estabilidad normativa en España

Sobre normativa, Angel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, apeló a una necesidad estabilidad normativa en nuestro país que permita el desarrollo de la inversión colectiva. En primer lugar, criticó la posibilidad de imponer el impuesto a las transacciones financieras, que “sería negativo para economía española” y pidió ir de la mano con el G10 para evitar efectos indeseados que ha tenido en otros mercados. Entre esos efectos, calculó aquellos para los partícipes de fondos: solo por el efecto en la compraventa de acciones y los derivados sobre acciones, “el efecto sería de un 7% menos de rentabilidad en 25 años en los fondos de inversión y de casi un 6% en los fondos de pensiones”. Y dejó muy claro que “este impuesto no lo pagarían las entidades, sino los ahorradores pequeños y medianos a través de los productos de inversión colectiva”. Por eso lo rechazó –por sus efectos negativos y porque sería una doble imposición, dijo, para fondos e instrumentos financieros- y apeló a que, si se hace, se haga en coordinación con países a nivel europeo.

Martínez-Aldama también criticó que en los últimos años ha habido nueve cambios en el tipo de gravamen del ahorro, “y la mayoría de las veces para aumentarlo”, y, sobre los planes para cambiar la fiscalidad de las sicavs (cuyo volumen controla la agencia tributaria), criticó que “cualquier modificación en materia fiscal o cambios en la regulación financiera no va a implicar que las sicavs desaparezcan sino solo las españolas –desde 2016, 600 se han dado de baja-, porque las internacionales de la UE que se comercializan en España no están sujetas a las mismas restricciones fiscales ni regulatorias”. Por último expresó su deseo de que el Gobierno promueva los instrumentos de ahorro, que son clave en la economía.