Pixabay CC0 Public DomainAldea Miao en la provincia de Guizhou, República Popular de China.. Aldea Miao en la provincia de Guizhou, República Popular de China.
En gran medida, el mercado inmobiliario chino se ha recuperado ya de la caída propiciada con el COVID-19 en marzo. En opinión de Dimitrios Nteventzis, Portfolio Manager del fondo MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Balanced & MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund Team, las ventas volverán a aumentar en 2021. De hecho considera que los promotores inmobiliarios ofrecen perspectivas muy prometedoras para los inversores.
El brote de la pandemia de coronavirus en China de enero tuvo un grave impacto en el mercado inmobiliario chino, en comparación con 2019, las ventas de propiedades en febrero de 2020 se redujeron en un 65 %. Sin embargo, el mercado ya casi se ha recuperado y esto se debe tanto a las características especiales del mercado chino como a la intervención del gobierno.
China tomó medidas inmediatas para contener la pandemia. En algunos casos, se cerraron ciudades enteras. El resultado: China fue el primer país en reactivar su economía. «Hoy en día, la pandemia está bajo control en China, incluso después del brote en Beijing a mediados de junio. El China está aprovechando ahora esta ventaja. Mientras que otros países sólo están saliendo lentamente del bloqueo y volviendo a una nueva normalidad, la economía china ya está en auge”, explica Nteventzis.
Las ventas de inmuebles en China han ido en aumento desde marzo y abril y ya han vuelto al 80% del nivel del año anterior. «Las ventas reportadas por los más importantes promotores inmobiliarios chinos sugieren que la recuperación continúa», predice Nteventzis. Respecto a estos promotores, apunta que están muy apoyados, ya que el mercado de bonos para los promotores inmobiliarios en China cuenta con alto nivel de participación a nivel local. Este ecosistema de inversores sostiene los precios en momentos en que los inversores extranjeros están huyendo y hace que el sector inmobiliario chino sea más resistente a las crisis que otros países.
Esto queda demostrado con una comparación del mercado mundial de bonos corporativos con el mercado chino: desde principios de año, el primero ha experimentado pérdidas del 6%, mientras que el mercado chino se ha recuperado completamente.
El sector inmobiliario es un sector clave para la economía china, cuyas ventas representan alrededor del 18% de su PIB en 2019. La explicación está en el éxodo rural – en 2018, alrededor del 60% de los ciudadanos chinos vivían en ciudades, pero la ONU estima que esta cifra aumentará al 80% en 2030. Esto significa que otros 120 millones de personas se trasladarán del campo a la ciudad. «Debido al coronavirus, el mercado inmobiliario no crecerá en 2020, pero las tendencias económicas a largo plazo son alentadoras. Se espera que el mercado inmobiliario vuelva a los niveles de crecimiento de 2019 – 6% a 7% – ya en 2021», afirma el gestor.
Promotores inmobiliarios, la perla de la inversión
Cuando se suman sus proveedores, la importancia del sector es aún mayor, por lo que el gobierno está tratando de controlar el ritmo del crecimiento. Según explica, para ello se está facilitando el acceso al crédito a las empresas nacionales, medidas de política del mercado laboral y la reducción de los tipos de interés de las hipotecas en 20 puntos básicos para estimular la demanda de bienes inmuebles.
«Una cosa que no debemos olvidar es que uno de los principales objetivos del Partido Comunista Chino es aliviar la pobreza. El sector inmobiliario desempeña un papel importante en el desarrollo de las provincias económicamente más débiles y es un motor de crecimiento«, afirma el experto en mercados emergentes Nteventzis.
«Con este telón de fondo, los principales promotores inmobiliarios chinos resultan muy interesantes para los inversores. Gracias al rápido crecimiento del sector inmobiliario, su número ha aumentado fuertemente en los últimos años. Muchos promotores inmobiliarios presentan hoy mejores balances que hace unos años y también tienen reservas de efectivo», explica Nteventzis.
En este sentido, son principalmente activos en la floreciente Zona de la Gran Bahía, que incluye las megalópolis de Shenzhen y Guangzhou. «Los promotores inmobiliarios se están beneficiando de la recuperación económica y de la demanda posterior al COVID-19 y, por lo tanto, representan interesantes oportunidades de inversión», concluye.
Las perturbaciones extraordinarias exigen respuestas extraordinarias. La propuesta de un fondo de recuperación temporal, bautizado como «Next Generation EU» (la UE de la próxima generación) —y cuya dotación fue finalmente acordada en hasta 390.000 millones de euros en ayudas directas y 360.000 millones en préstamos destinados a cubrir las necesidades de los Estados miembros de la UE—, parece ser esa respuesta.
Así, Peter A. Grove yAnnalisa Piazza, analistas de renta fija en MFS Investment Management (MFS IM), creen que este vehículo representa un hito histórico, principalmente por lo que simboliza en términos políticos: un paso hacia una mayor integración fiscal dentro de la Unión Europea.
De Europa se dice que se desarrolla paso a paso, y que las crisis actúan como catalizadores. En concreto, en MFS IM creen que el plan aprobado recientemente es positivo y que tendrá varias consecuencias para el mercado. He aquí tres de las más importantes:
1. La aparición de una deuda común de la UE transferida en forma de ayudas no daña los fundamentales crediticios soberanos nacionales y constituye una mejora relativa para aquellos Estados con un alto endeudamiento. En este sentido, concederá a los países más endeudados mayor margen para abordar algunos de sus problemas a largo plazo sin agravar demasiado los riesgos en torno a la sostenibilidad de su deuda.
2. La oferta de bonos de la UE a esta escala pone a disposición de los inversores una variedad más amplia de activos líquidos con calificación AAA (que son además admisibles para el programa de expansión cuantitativa del Banco Central Europeo).
3. El fondo de recuperación parece ser tanto síntoma como causa de una profundización en la cohesión de la UE. Los principios de la emisión conjunta podrían, de este modo, perdurar más tiempo de lo anticipado. La recobrada confianza en torno al proyecto europeo (producto básicamente de una unidad de acción renovada del eje francoalemán) tendrá probablemente efectos positivos sobre los activos de riesgo europeos y el euro. Ahondemos con mayor detalle en cada una de estas consecuencias.
Desembolso selectivo y amortización colectiva para una trayectoria menos divergente en la senda de recuperación
El fondo de recuperación introduce el concepto de ayudas directas a los Estados miembros más afectados por la crisis sanitaria. En la medida en que esos fondos dan oxígeno a los Estados que ya presentaban un elevado nivel de endeudamiento, es bienvenido, pues otras formas de apoyo anteriores consistieron principalmente en préstamos, que lógicamente debían ser reembolsados y aumentaban el ratio de deuda nacional respecto al PIB. Las ayudas son, por definición, no reembolsables. Su inclusión representa una mejora de los ratios de crédito soberano que, en otro caso, podrían haber sufrido un nuevo deterioro.
Los bonos conjuntos de la UE que se emitan para financiar las ayudas se reembolsarán con cargo no a los Estados individuales, sino a los recursos comunes de la UE. Tal emisión conjunta supone una forma adicional de integración fiscal, ya que las ayudas pueden repartirse de forma asimétrica en función de una fórmula de asignación, si bien la deuda será reembolsada por todos los Estados miembros a través del presupuesto común. Cabe señalar que no se está ante una mutualización de deuda existente, pues los mercados de deuda soberana nacionales seguirán existiendo. No obstante, la naturaleza y el formato de los desembolsos (sesgados desproporcionadamente hacia los países del sur y del este de la UE) permitirán recortar algo las divergencias entre las economías europeas, y una mayor convergencia gracias al cierre de las brechas de producción en el periodo de 2021 a 2023.
Inversores ávidos de activos AAA
El concepto de emitir deuda de forma conjunta por todos los Estados de la UE no es en realidad nuevo pero, con apenas 52.000 millones de euros de bonos en circulación, su oferta es escasa. La emisión de hasta 750.000 millones de euros en los próximos años, a lo que hay que sumar los 100.000 millones de euros del programa SURE (un fondo de ayudas al desempleo) que comenzará a finales de 2020, transformará la UE en el mayor emisor supranacional europeo. También proporcionará a los inversores otra curva AAA líquida en un mundo en el que los activos de alta calidad escasean.
Otra ventaja para los prestatarios estriba en la capacidad efectiva de obtener financiación a un tipo de interés bajo gracias a la calificación AAA de la UE, mejorando de ese modo la sostenibilidad y la confianza en los Estados miembros con alto endeudamiento. El fondo de recuperación es un esfuerzo conjunto que pretende aprovechar este entorno de rendimientos bajos en favor de los Estados miembros individuales y de la cohesión global de la UE. De hecho, el nuevo papel de la UE como gran emisor de deuda «común» con alta calificación no solo dará apoyo a los activos de riesgo europeos (a través de la señal que lanza de cohesión y solidaridad) sino que será un complemento significativo para los activos AAA más en general.
No es la panacea, pero sí un avance importante
Aunque no será el remedio que cure todos los desajustes de la UE, el fondo de recuperación constituye, en la opinión de MFS IM, un importante paso adelante. Dadas sus innovaciones inherentes, se necesitaron unas hábiles dotes negociadoras para consensuar algunas de las piezas clave que vertebran el sistema (como los procedimientos de voto y el reparto final entre ayudas y préstamos). Ponerse de acuerdo sobre un fondo de recuperación como el propuesto habría sido poco probable hace una década, y representa otro paso importante en la construcción institucional de la UE.
Como han señalado Erik Weisman y Rob Almeida, recordando las palabras de Jean Monnet, uno de los arquitectos del proyecto europeo: «Europa se forjará en las crisis, y será la suma de las soluciones adoptadas para esas crisis». Existen varios ejemplos de mecanismos anticrisis que han ayudado a conformar la arquitectura institucional actual de la UE. La Facilidad Europea de Estabilidad Financiera, por ejemplo, surgió en muchos aspectos como resultado de la anterior crisis en Europa. Esta facilidad transitoria de estabilidad fue el embrión de su sucesor permanente, el Mecanismo Europeo de Estabilidad.
Mejora la confianza en la zona euro, caen las primas de riesgo
Una consecuencia del fondo de recuperación será reducir las dudas existenciales sobre el futuro del euro, lo que brindará apoyo a medio plazo a la moneda única. Junto con la política monetaria acomodaticia del Banco Central Europeo, debería actuar como ancla que limite la dispersión de los diferenciales soberanos y la volatilidad en los mercados de deuda pública europeos.
En general, unas primas de riesgo más bajas deberían apoyar a los activos de riesgo. La percepción de una Europa más «unida» y las perspectivas de nuevos pasos a medio plazo hacia una política fiscal «común» también podrían contribuir a reforzar el papel del euro como moneda de reserva. En el fondo, como ya ha pasado en otras ocasiones, una medida «temporal», en este caso, la UE de la próxima generación, podría ayudar a consolidar unos principios duraderos. En Europa, lo temporal suele tener la rara costumbre de alargarse en el tiempo.
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Foto cedidaDe izquierda a derecha, Christophe Donay, director de asignación de activos de Pictet WM y Thomas Costerg, economista de Pictet WM.. Pictet WM prevé 10 % de rentabilidad anual en capital privado los próximos 10 años
Tras el impacto del COVID-19, toca revisar las perspectivas ya publicadas. Justamente, esto es lo que ha hecho Pictet WM con su informe anual Horizon, que recoge las previsiones de rentabilidad sobre 44 clases de activos y cuatro divisas. La entidad ha realizado una revisión del documento teniendo en cuenta que el efecto de la pandemia se prolongue hasta fin de año y que sus efectos reales tarden en desplegarse otros dos años.
Para Christophe Donay, director de asignación de activos de Pictet WM, “la repentina y violenta recesión desencadenada por el COVID-19 ha proporcionado un mayor impulso a la dinámica preexistente”. Además, la entidad ha identificado siete tendencias que pueden influir en el aumento de la productividad, inflación y crecimiento económico.
En primer lugar tiene en cuenta el posible impacto del cambio climático, que ha subido rápidamente en lista de preocupaciones y afecta a todas las economías. La firma sostiene que, además la tasa de crecimiento de la población tiende a converger hacia 0,2% para finales de siglo, con efecto en un menor crecimiento económico. Sin embargo, la productividad puede verse impulsada por las olas de innovación. Y Donay considera que estamos viviendo una segunda ola de innovación, basada en el desarrollo de plataformas entorno al teléfono móvil a Internet, que EEUU la lidera, con China acercándose. “La tercera vendrá hacia mitad de esta década y se caracterizará por la convergencia de innovaciones: nanotecnología, ciencia del conocimiento e inteligencia artificial, Big Data y computación cuántica, así como biotecnología”, sostiene.
Otra de las tendencias que identifica y que tienen en cuenta es que el futuro de las economías liberales, que está amenazado por un populismo que la crisis del coronavirus ha reforzado. “Ello puede limitar el aumento de la productividad y conducir a menor crecimiento y mayor inflación”, explica. Adicionalmente, observa que asistimos al cambio del capitalismo industrial al capitalismo del conocimiento, clave para la competitividad. A esto añade la concentración de la riqueza, recursos e incluso capitalizaciones de mercado. Es el caso del índice Nasdaq, donde se concentran los beneficios, especialmente en 16 compañías. Esto puede afectar a la diversificación de las carteras.
Menor crecimiento y más deuda
Por otra parte, Pictet WM observa un menor crecimiento económico, pero financiado con más deuda, lo que la pandemia ha exacerbado. Antes la estimación del ratio de deuda pública/PIB en economías desarrolladas era del 100% y ahora puede llegar al 125% de media para finales de 2021, en un régimen de política monetaria de «dominio de la deuda», que pretende mantener los tipos de interés limitados de manera duradera, a fin de hacer asumible la carga de deuda, hasta el punto de que no prevé que aumenten en EE.UU. antes de 2025.
Para Thomas Costerg, economista de Pictet WM, “la actividad de los bancos centrales es muy relevante, incluyendo medidas de estímulo anteriormente rechazadas, como una versión blanda de la Teoría Monetaria Moderna y el control de la curva de rentabilidades a vencimiento de la deuda”.
Visión por activos
Con todo esto, la entidad espera en su escenario central un régimen de bajo crecimiento y baja inflación, pero, en este entorno, sus expectativas han mejorado para la inversión en private equity, acciones, deuda de alta rentabilidad y oro los próximos diez años. En el mercado de private equity espera una rentabilidad anual del 10,1% los próximos diez años, frente a 6,5% en dólares del índice mundial MSCI World, 5,4% en euros, pues espera una devaluación del dólar.
Según Pictet WM, las acciones de Asia pueden proporcionar una rentabilidad anual nominal del 8,1% incluyendo dividendos, las de EE.UU. un 6,5%, más que antes que la pandemia (en los 40 años anteriores la media fue del 9%) y en Europa el 5,4%.
Además, la inversión privada en infraestructuras puede proporcionar rentabilidad nominal en dólares del 4,5%, pues habrá enorme necesidad de inversiones en el mundo y están vinculadas a Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, atractivo para inversores conscientes de criterios ASG (ambiente, sociedad y gobernanza). “Los inversores se verán cada vez más atraídos por los activos reales, como oro, donde esperan una rentabilidad anual del 4,4 % en dólares”, sostiene.
Por último, en hedge funds la sensibilidad a variaciones del mercado de acciones es actualmente 0,5 y es previsible que baje. La entidad espera una rentabilidad anual del 3,5% nominal, aproximadamente la mitad que las acciones globales.
En cuanto a estilo de inversión, con el giro de la política monetaria ha cambiado el clásico 60% acciones / 40% deuda, en favor del estilo endowment fund, un tercio bonos, un tercio acciones y un tercio activos privados -especialmente el private equity, oro, infraestructuras e inmobiliario-. Considera que tal combinación puede generar mucha mayor rentabilidad con no mucha mayor volatilidad. En opinión de la firma, de hecho con la crisis del coronavirus ha confirmado este estilo para la asignación estratégica de activos a largo plazo.
Schroders ha captado 312 millones de euros para el primer cierre de su nuevo fondo europeo de deuda de infraestructuras, el fondo Schroder Euro Enhanced Infrastructure Debt Fund II (Julie II). Según explica la gestora, el fondo, gestionado por Schroder Aida fue lanzado durante el primer trimestre del año.
Se trata del segundo lanzamiento de esta estrategia cuyo primer fondo (Julie) se lanzó en 2017 y recaudó aproximadamente 350 millones de euros, que se invirtieron casi por completo en dos años. Este fondo tiene como objetivo invertir en oportunidades de deuda por debajo de grado de inversión en Europa y captar un total de 750 millones de euros.
Los inversores de Asia y Europa han apoyado este cierre, respaldados por muchos clientes del primer fondo Julie I, en particular compañías de seguros, que también han participado en Julie II”, apunta la gestora. El vehículo Julie II se centra en activos básicos europeos ya construidos (brown-field) de tamaño medio, haciendo hincapié en la diversificación tanto a nivel país como sectores. Se trata de activos que prestan servicios esenciales, son intensivos en capital y tienen grandes barreras de entrada, con una larga vida económica. Estos activos también proporcionan flujos de caja a largo plazo, se benefician de los mercados regulados y tienen un bajo riesgo tecnológico.
Entre los ejemplos de esas oportunidades figuran las empresas de abastecimiento de agua y energía, los ferrocarriles, las carteras de energía renovable, las redes eléctricas y las carreteras. Además, el fondo integra factores ambientales, sociales y de gobernanza empresarial (ASG) en su proceso de inversión.
En opinión de la gestora, la deuda de infraestructura es una clase de activo cada vez más atractiva para inversores institucionales debido a su carácter defensivo. En particular, la deuda de infraestructuras con una calificación inferior a la de grado de inversión permite obtener rendimientos sostenibles en un entorno de tipos bajos, manteniendo a la vez un perfil crediticio más sólido que el de otros activos con calificaciones similares.
«El fuerte apetito por parte de los inversores que hemos visto por este fondo pone de manifiesto la resiliencia y la fortaleza tanto de la demanda de nuestros clientes como del comportamiento de esta clase de activos durante la crisis del COVID-19 hasta ahora. Seguimos viendo oportunidades de inversión interesantes en el espacio de la deuda de infraestructuras por debajo de grado de inversión y esperamos invertir este segundo fondo tan eficientemente como el primer fondo”, señala Augustin Segard, Head of Enhanced Infrastructure Debt and Fund Manager.
Por su parte, Peter Arnold, Schroders’ Head of Private Asset Sales, ha destacado que este cierre es un gran hito para el equipo de Financiación de Infraestructuras de Schroders, ya que han recaudado casi el 50% de su objetivo de 750 millones de euros en el primer cierre.
«Además, estamos muy contentos por el apoyo y la confianza demostrada por nuestros socios globales, así como por los nuevos clientes que se han unido a este primer cierre. Trabajaremos para ofrecerles una rentabilidad que satisfaga sus necesidades”, añade Arnold
Pixabay CC0 Public Domain. La EBA pone a consulta una revisión de sus directrices de gobierno interno
La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) somete a consulta la última revisión de sus directrices de gobierno interno, publicadas en septiembre de 2017, conocidas en el sector como GL 11. Esta revisión introduce las obligaciones de las directivas de requerimientos de capital de las entidades de crédito y de la supervisión prudencial de las entidades de servicios de inversión. El periodo de consulta finaliza el 31 de octubre de este año.
Además, esta tiene en consideración las novedades introducidas por la Directiva 2019/878 (CRD V) que modifica la Directiva 2013/36 (CRD IV), ambas centradas, especialmente, en las entidades de crédito, así como la Directiva (EU) 2019/2034 (IFD), focalizada en la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión. Además, también contempla los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo regulados en la Directiva 2015/849.
En primer lugar, y en línea con lo estipulado en las directrices sobre la evaluación de la idoneidad de los órganos de administración y funciones clave, este borrador amplía su ámbito de aplicación al incluir, además de a las entidades de crédito, a las empresas de servicios de inversión (ESI) que estén sujetas al título VII de la CRD.
En este sentido, las ESI que encajan en este título son las que negocien por cuenta propia o proporcionen servicios de aseguramientos. Además, han de cumplir cualquiera de las siguientes condiciones:
El valor de sus activos consolidados es igual o superior a los 15.000 millones de euros.
El valor de dichos activos es inferior a 15.000 millones de euros, pero la ESI forma parte de un grupo cuyos activos consolidados tienen un valor igual o superior.
El el valor de los activos consolidados de la ESI es igual o superior a 5.000 millones de euros y está sujeta a la decisión de la autoridad nacional competente (ANC) de aplicarle los requerimientos prudenciales del Reglamento 575/2013, tomando en consideración el riesgo sistémico, el tamaño, la naturaleza y otros aspectos relevantes de la entidad.
Asimismo, también estarán sujetas a este borrador aquellas ESI que sean filiales incluidas en la supervisión de base consolidada de una entidad de crédito y hayan notificado a la ANC que la aplicación de los requisitos de fondos propios es prudencialmente sólida.
Para ello, el documento aclara que las referencias a entidad de crédito incluye también a estas últimas. Además, las directrices son aplicables a las entidades de crédito independientemente de su estructura de gobierno.
Por otro lado, esta revisión desarrolla los aspectos que han de considerar las entidades de crédito para aplicar el principio de proporcionalidad como es la consideración de la entidad de crédito como entidad grande o pequeña y no compleja.
Además, el documento resume, entre otras, las responsabilidades del órgano de dirección, entre las que ahora incluyen los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza con el objetivo de asegurar un modelo de negocio sostenible.
En lo referente a las aclaraciones en relación con el marco organizativo de las entidades de crédito, desde finReg subrayan la necesidad de que las empresas matrices se aseguren de que sus procesos y mecanismos de gobierno interno sean consistentes y estén integrados en las empresas subsidiarias no sujetas a la CRD, incluso cuando estén establecidas offshore. Además, este nuevo borrador elimina las directrices relacionadas con la política de externalización que recogía la obligación del órgano de administración de aprobar y revisar dicha política.
Las nuevas directrices recogidas en el título incorporan los aspectos relativos a la cultura de riesgo y conducta de las entidades. En el apartado de valores corporativos, se requiere implantar políticas para asegurar que no haya discriminación por género, raza, color, etnia, origen social, religión o edad, entre otras, de forma similar a lo estipulado en las directrices de idoneidad de los miembros de los órganos de administración y titulares de funciones clave.
También en esta línea, se pide que las entidades cuenten con políticas que aseguren la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, incluyendo las expectativas de desarrollo de la carrera profesional, y que mejoren la representación del género que tenga menos representación en los puestos de dirección.
Por último, el documento recoge también las directrices sobre los préstamos y otras operaciones de los miembros del órgano de dirección, que hacen referencia a los requerimientos específicamente previstos en la CRD. Entre otros aspectos, determinan que las entidades documenten los préstamos concedidos a los miembros del órgano de dirección y sus familiares, indicando la información que debe constar. Asimismo, también incluyen la obligación de agregar esta información anualmente para ponerla a disposición de los accionistas o propietarios de la entidad.
En lo referente a los mecanismos y marcos de control interno, la EBA actualiza su normativa para incorporar las referencias en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Asimismo, el borrador desarrolla los aspectos relativos al plan de continuidad del negocio, aunque no incluye cambios con respecto a la versión vigente de las directrices.
Por último, el título expone, entre otros aspectos, la necesidad de que los empleados y el órgano de administración estén debidamente informados sobre las políticas y procedimientos que los afecten. No se recogen cambios con respecto a las directrices vigentes ni tampoco cambian los criterios que las entidades han de considerar para elaborar su política de gobierno interno, que se recogen en el anexo I de las directrices.
La EBA completará las directrices tras finalizar el periodo de consulta y espera que entren en vigor el 26 de junio de 2021.
Foto cedidaManuel Azuaga, presidente de Unicaja Banco, y José Ángel Narváez, rector de la UMA. Unicaja Banco y la UMA ponen en marcha un laboratorio para la detección e investigación del COVID-19
Unicaja Banco y la Universidad de Málaga (UMA) firman un convenio que permitirá la puesta en marcha de un laboratorio en el que realizar pruebas de diagnóstico del coronavirus con PCR. Para ello, el centro ya cuenta con la acreditación del Instituto de Salud Carlos III como centro de análisis de COVID-19. La aportación de Unicaja Banco permitirá adquirir y completar el material necesario y llevar a cabo, además, investigaciones en relación con la enfermedad.
El convenio, firmado por el presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, y el rector de la UMA, José Ángel Narváez, responde “al compromiso de ambas entidades con la sociedad y a su interés por aunar esfuerzos en la lucha contra el COVID-19, de modo que la unión de la iniciativa pública y privada permita intermediar en la transferencia del conocimiento generado por la investigación, desarrollo e innovación”, aseguran desde la entidad.
Azuaga ha señalado, además, “la necesidad de contar con un plan de contingencia del sistema sanitario para hacer frente de manera eficaz a los rebrotes que se están produciendo, así como de potenciar la colaboración público-privada”. En este sentido, el presidente de la entidad aboga por adoptar estrategias que reduzcan los riesgos sanitarios y maximicen la actividad económica potencialmente desarrollable.
José Ángel Narváez, rector de la UMA, ha destacado la importancia del acuerdo para poner a disposición de la sociedad “la investigación más puntera en lo que se refiere a pruebas de diagnóstico”.
El laboratorio, que está ubicado en el edificio de Bioinnovación, de los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación (SCAI), se completará con el material necesario para las pruebas PCR gracias a la aportación económica de la entidad. “La actividad podría empezar en cuanto sea necesario y dentro de su equipo estará personal científico y técnico de la UMA”, añaden desde Unicaja. Al frente de la parte técnica se encontrará Diego Lozano, responsable del laboratorio, que ya formó a personal del Hospital Regional de Málaga cuando se donó material sanitario para combatir la pandemia, y en la científica, Eduardo Rodríguez Bejarano, subdirector del IHSM, y Pedro Cañada, director técnico de SCAI.
Se prevé que en estas instalaciones se lleve a cabo la realización de test serológicos, extracción de ARN del virus y detección por PCR. Para ello, la UMA cuenta con los equipos e infraestructuras necesarios. Respecto a la realización de los test del COVID-19, aspectos como la cuantía, la periodicidad y la población a la que irán dirigidos serán determinados cuando se concrete y comience la actividad.
“La puesta en marcha de este laboratorio de detección permitirá a la UMA seguir dando respuesta a las demandas de la sociedad y estar preparados en un futuro inmediato, tanto con fines de investigación como para dar servicio y apoyo a entidades y autoridades sanitarias”, aseguran desde el banco.
La UMA y el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima) han sido ya acreditados como centros de análisis de COVID-19 por el Instituto de Salud Carlos III, tras la autorización de la Consejería de Salud y Familias y el visto bueno del Ministerio de Sanidad. Ambas instituciones cuentan con laboratorios, equipamientos y grupos de investigación relacionados con la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la utilizada para realizar el test del COVID-19.
Esta colaboración se suma a las actuaciones impulsadas por Unicaja Banco, con motivo de la crisis generada por la pandemia, para apoyar a familias, empresas y autónomos. Durante estos meses la entidad financiera ha centrado sus esfuerzos en la puesta en marcha de soluciones flexibles de pago y financiación para sus clientes, entre otras medidas.
En el marco de su compromiso con la sociedad y con la política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), Unicaja Banco “quiere seguir apoyando la labor de difusión del conocimiento y de investigación que se lleva a cabo desde la UMA, un espacio de reflexión, formación y transferencia de conocimiento”, añaden desde la entidad.
En la actualidad, la UMA ya viene diseñando, desarrollando y colaborando en numerosos proyectos de investigación relacionados con esta enfermedad.
Pixabay CC0 Public Domain. La crisis ha afectado al nivel económico de la mitad de los españoles, pero aumenta su capacidad de ahorro
La crisis del COVID-19 ha impactado negativamente a la situación económica de más de la mitad de los españoles. Según los datos de la última encuesta de eToro, plataforma global de inversión en multiactivos, el 51% de los encuestados reconoce que sus ingresos han disminuido desde que comenzó la crisis.
Sin embargo, con la pandemia y la caída del consumo en los hogares españoles, también ha mejorado su actitud frente al ahorro: más de un 43% afirma estar ahorrando más que antes de que empezara la pandemia, un 26% ha mantenido el mismo nivel de ahorro y sólo un 17% de los encuestados asegura haber perdido capacidad de ahorro.
“No es de extrañar que haya mejorado la actitud hacia el ahorro y la previsión ante la incertidumbre mundial, ya que la mayoría de los españoles encuestados no ven la luz al final del túnel”, aseguran desde la firma. Un 58% se muestra muy pesimista con respecto a la segunda mitad del año e incluso el año 2021. Por otra parte, un 72% de los participantes afirma que la crisis ha hecho que se sientan más inclinados a buscar fuentes de ingreso alternativas.
La tecnología se abre paso
Un 80% de los encuestados asegura que la pandemia ha acelerado la digitalización de la economía y de sus hábitos, que ahora son mucho más digitales que antes. Además, el 53% asegura que la tecnología le ha facilitado el acceso a los mercados financieros y a la inversión. De los que han invertido, un 72% lo ha hecho directamente por su cuenta a través de plataformas de inversión online mientras que un 24% lo ha llevado a cabo a través de su entidad habitual o un asesor financiero.
“Estos datos reflejan un cambio de tendencia en un país tan bancarizado como España. La tecnología continúa acercando los mercados financieros a los ciudadanos que han podido continuar con su actividad inversora desde casa gracias a esta”, explica Tali Salomon, directora de eToro para España y Latam.
Los españoles prefieren la inversión a largo plazo: acciones españolas
Aunque casi la mitad de los encuestados (49%) asegura que ha aumentado su interés por la economía y los mercados financieros, sólo un 26% ha aumentado sus inversiones durante el confinamiento. Los inversores españoles afirman haber invertido durante la crisis sobre todo en acciones (25%), criptoactivos (23%), fondos de inversión (23%) materias primas (20%), planes de pensiones (18%), divisas/forex (15%), bonos/deuda (14%), CFDs (8%) y ETFs (8%).
En cuanto los activos, España es la región preferida (40%), seguida de Europa (19%) y EEUU (19%). Además, el informe subraya el interés por los criptoactivos (22%) y la baja preferencia por los activos inmobiliarios (12%) y los derivados, como CFDs/Futuros (7%). Los sectores que más interés han despertado entre los encuestados son la tecnología (41%), banca (23%), alimentación y bebidas (23%), materias primas (22%) y telecomunicaciones (15%), entre otros.
“Los inversores españoles que operan en nuestra plataforma prefieren la inversión a largo plazo, ya que su vehículo favorito de inversión son las acciones, en concreto las españolas, dónde hemos notado un incremento en nuestros flujos”, destaca Salomon.
A nivel global, la firma subraya un aumento desde comienzos de año de nuevos registros. “Tuvimos en todo el mundo un crecimiento del 100% durante el primer semestre, comparado con el mismo periodo del año pasado y hemos alcanzado los 14 millones de usuarios a nivel global. Parte de este crecimiento ha sido impulsado por el COVID-19, ya que la volatilidad del mercado inducida por la pandemia ha generado, para muchos, un mayor interés en la inversión. Por otra parte, la posibilidad que ofrecemos de operar con acciones sin comisiones también ha atraído a más inversores, al minimizar una barrera clave que suele entorpecer el impulso necesario para dar el primer paso a la inversión: el coste inicial”, añade la directora de eToro para España y Latam.
Por otro lado, más de la mitad de los inversores encuestados (51%) afirma además haber invertido en mercados o activos en los que nunca habían invertido antes de la crisis. Un 41% señala que ha aumentado su interés por los criptoactivos y casi un 46% los percibe ya como una fuente de ingresos y una forma de diversificación de cara a los próximos años.
Educación financiera, asignatura pendiente
Sin embargo, el informe advierte que los españoles aún no tienen mentalidad inversora: sólo un 12% decidió que era buen momento para empezar a invertir mientras que un 41% afirma que no invertía antes de la crisis y ahora tampoco. Según los datos de eToro, solo un 10% está invirtiendo más que antes.
No obstante, aunque un 19% de los encuestados aseguró que creían que era un buen momento para invertir, no se atrevió a dar el paso por falta de conocimientos. Asimismo, un 59% de los que han invertido reconoce haber intentado lo que en el argot de la inversión se conoce como market timing: intentar aprovechar los vaivenes de la Bolsa para tratar de lograr ganancias, una operativa que los expertos advierten es muy arriesgada.
“En España existe un claro gap entre el aumento de interés por los mercados y los conocimientos necesarios para poder dar el paso a la inversión. Sin duda, es fundamental que todos los actores económicos sigamos fomentando la cultura financiera e inversora para dar las herramientas necesarias a los españoles y puedan así tomar las riendas del futuro financiero. De hecho, la globalización y la apertura de los mercados mundiales permite que invirtamos en activos tan interesantes como las grandes tecnológicas y no centrarnos sólo en nuestro mercado conocido”, afirma Salomon.
En este sentido, más de un 50% asegura haber buscado información adicional sobre inversiones, mercados financieros y economía a través de internet desde que empezó la crisis. Asimismo, un 38% aprovechó el confinamiento para aprender sobre inversiones a través de cursos en línea y un 34% asegura haber compartido más durante la crisis del COVID-19 sus dudas y conocimientos con otros inversores minoristas a través de las redes sociales o comunidades de inversión.
El estudio, que recoge el impacto del COVID-19 para los inversores minoristas en España, ha sido realizado a través de una encuesta online elaborada por Attest . El trabajo de campo se realizó en el mes de julio de 2020 a través de una muestra de 1.000 entrevistas online realizadas a la población general con una edad de entre 18 a 64 años.
España se posiciona como el quinto país en inversiones fintech de Europa con 245 millones de euros, un 3% de la inversión en 2019. El total europeo en estas inversiones asciende a los 8.291 millones de euros en 481 rondas. Reino Unido ha sido el país que más dinero ha dirigido a las fintechs, con 3.492 millones de euros, seguido de Alemania y Suecia, con 2.322 y 584 millones de euros, respectivamente.
Según el informe de Inversión en Europa 2019 de Finnovating, el segundo trimestre de 2019 fue el más activo en este tipo de operaciones, con 138 rondas que sumaron un total de 3.050 millones de euros. No obstante, durante el último trimestre del año se produjeron 100 rondas por valor de 1.096 millones de euros.
“El potencial del mercado fintech español es enorme: somos el país de la Zona Euro con más startups en este ecosistema, pero aún estamos muy lejos en inversión. Además, necesitamos apoyarlas tanto a nivel económico como regulatorio por el gran impacto que tienen en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en la Agenda 2030, ya que sus modelos de negocio, productos y servicios tienen un elevadísimo componente social, imprescindible para el futuro”, asegura Rodrigo García de la Cruz, CEO de Finnovating.
En España, la mayor ronda ha sido Pagantis, que ha levantado 65 millones de euros de Credit Suisse, Prime Venture y Rinkelberg Capital, seguida de BNext con 22 millones de euros, Fintonic y Returnly con 19 millones de euros cada una y Buguroo con 11 millones de euros. Todas estas empresas tienen sede en Madrid y han sido las únicas en superar los 10 millones de euros.
Sin embargo, en comparación con Europa, las empresas españolas aún se mantienen a la cola. Según los datos del informe, Wirecard, con sede en Alemania, ha protagonizado la mayor ronda con 900 millones de euros, en la que ha participado Softbank. Asimismo, destaca Greensill en Reino Unido, que ha recaudado 630 millones de euros también con Softbank.
“En este sentido, las grandes entidades comienzan a estar más activas y hasta 11 grandes financieras han invertido en más de 3 startups”, recoge el informe. Las más activas han sido Allianz, Bpifrance y Santander que han supuesto el 15% de la inversión total. Asimismo, los venture capital que destaca el informe son: Seedinvest, que ha participado en diez inversiones; Anthemis y Augmentum, en ocho; y Accel, Global Founders Capital, Index Ventures, Kima Ventures y Seedcamp, en siete.
En cuanto a volumen, un 45,5% de las rondas ha levantado entre 1 y 5 millones de euros; el 11% ha conseguido menos de 1 millones de euros, el 17,6% entre 5 y 10 millones de y el 7,3% más de 50 millones de euros. Por último, el informe señala que las verticales que más inversión han recibido son: pagos, préstamos, neobancos y challenger banks, savings & investing tools y tax & accounting solutions.
Pixabay CC0 Public Domain. Mirabaud AM lanza una estrategia global de bonos convertibles centrada en empresas de pequeña y mediana capitalización
La reciente publicación del Real Decreto 738/2020 incrementa la protección de los derechos de los partícipes de los planes de pensiones y transpone determinadas obligaciones de la directiva de implicación a largo plazo de los accionistas, en relación con los fondos de pensiones de empleo. Así, las entidades contarán con un periodo de seis meses, hasta el 8 de febrero de 2021, para adaptarse a las obligaciones de esta norma.
Sabemos que el real decreto incorpora novedades sobre la integración de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) y de fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas. Pero, ¿qué más supondrá? Según el análisis de finReg360, en primer lugar, el documento recoge la obligación de las comisiones de control de los fondos de pensiones de empleo o, en su caso, de las entidades gestoras, de desarrollar y publicar una política de implicación.
Además, esta debe describir la implicación del fondo, como accionista, en su estrategia de inversión en acciones de sociedades que estén admitidas a negociación en un mercado regulado de la Unión Europea y la supervisión a las sociedades en las que invierte en lo referente, al menos, a la estrategia,el rendimiento financiero y no financiero, riesgos, estructura del capital, efecto social y medioambiental y gobierno corporativo.
Asimismo, el real decreto establece la necesidad de incluir en esta política otros factores como la relación con las sociedades en las que invierten; el ejercicio, en su caso, de los derechos de voto y otros derechos asociados a las acciones; la cooperación con otros accionistas; la comunicación con accionistas significativos; y el tratamiento de los conflictos de intereses reales y potenciales en relación con su implicación.
“En caso de que la comisión de control encomiende el ejercicio de los derechos de voto a la entidad gestora o a un gestor de activos, se deberá suscribir un acuerdo en el que se declaren sus términos y condiciones”, explican desde finReg360. Asimismo, esta política deberá estar disponible de forma gratuita en la página web de la entidad gestora o en el de su grupo, o a través de otros medios que fácilmente accesibles online.
Por otro lado, el real decreto también establece la necesidad de elaborar una declaración de la estrategia de inversión a largo plazo. Esta, elaborada por la comisión de control del fondo de pensiones de empleo con la participación de la entidad gestora, contendrá información de cómo los elementos principales de la estrategia de inversión del fondo son coherentes con el perfil y la duración de los pasivos del fondo. Además, recogerá la manera en la que contribuyen al rendimiento a medio y largo plazo de sus activos, los indicadores clave y las métricas del desempeño considerados y los resultados de sus evaluaciones y mediciones ambientales, sociales y de gobernanza en los que fundamentan su política de implicación.
Además, el real decreto también incluye la obligación por parte de las comisiones de control o, en su caso, de las entidades gestoras, de componer un documento de información general sobre los planes de pensiones de empleo que incluya la descripción de la política de inversión. Esta contendrá la forma en la que la estrategia de inversión, en términos de la declaración de principios de la política de inversión, tiene en cuenta los factores ESG.
Asimismo, y de forma anual, las comisiones de control o, en su defecto, las entidades gestoras publicarán cada año información sobre cómo han aplicado la política de implicación. En este documento, se recogerá una descripción general de su comportamiento en relación con sus derechos de voto, la explicación de las votaciones más importantes en las que hayan participado, el uso de asesores de voto y los indicadores clave y las mediciones ESG en los que se fundamenta la política de implicación.
También deberán publicar anualmente el sentido de su voto, aunque, como recoge la modificación del real decreto, “dicha publicación podrá excluir las votaciones que son inmateriales debido al objeto de la votación o al tamaño de la participación en la sociedad”.
Por otro lado, en los referente a la gestión de conflictos de intereses, el real decreto establece que las comisiones de control han de adoptar las medidas que sean razonables para detectar, impedir, gestionar y controlar los conflictos de intereses que pudieran surgir en el ámbito de las actividades de implicación. Además, “si estas medidas no fueran suficientes, deberán publicar información clara sobre la naturaleza general o el origen de los conflictos antes de actuar por cuenta del fondo de pensiones”, añaden desde finReg360. Para ello, tendrán que desarrollar las políticas y procedimientos adecuados de gestión de conflictos de intereses en este ámbito.
Por último, la revisión del sistema financiero y actuarial de los planes de pensiones incluirá, en el caso de que las decisiones de inversión tengan en cuenta factores ESG, una evaluación cualitativa de los riesgos nuevos o emergentes, incluidos los riesgos relacionados con el cambio climático, la utilización de los recursos y el medio ambiente, los riesgos sociales y los relacionados con la depreciación de los activos.
2020 iba a ser un año decisivo en la aceleración de la consecución de los ODS, pero los esfuerzos se han tenido que desviar y concentrar en mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19. En este sentido, Iñaki Irisarri, asesor en sostenibilidad del Grupo Caja de Ingenieros, lamentó, durante la semana de la ISR de Spainsif, que estos objetivos hayan pasado a un segundo plano.
Además, la crisis también ha provocado que el coronavirus deje datos que nos alejan de la consecución de estos objetivos y retrasan lo hasta ahora conseguido. Tal y como ha explicado Irisarri, la pobreza va a alcanzar niveles no vistos desde 1990 y, según la Organización Internacional del Trabajo, podrían llegar a destruirse 25 millones de empleos. Para recalcar la importancia que tiene el cumplimiento de estos objetivos, Irisarri señala que “si en salud y bienestar se hubieran alcanzado las metas fijadas, seguramente el impacto de la pandemia hubiese sido menor”.
Asimismo, reivindica la necesidad que cuidar el medio ambiente y el papel de los científicos, los cuales ya habían alertado de la posible llegada de pandemias debido a la pérdida de biodiversidad.
En este sentido, el experto ha insistido en que la adopción de la inversión sostenible es indispensable para la consecución de estos objetivos y da un paso más allá recordando el efecto de la inversión de impacto. “En 2019 se alcanzaron 30 billones de dólares en inversión sostenible. La inversión de impacto es una pequeña fracción de estos 30 billones; si queremos acelerar la consecución de los ODS, la inversión sostenible tiene que focalizarse más en inversiones de impacto. Por supuesto que la ISR contribuye al desarrollo sostenible, pero la inversión de impacto multiplica de manera sustancial su contribución”, aclara.
Asimismo, recuerda que, según la Comisión de Comercio y Desarrollo Sostenible, las oportunidades que da la inversión responsable están cifradas en hasta 12 billones de dólares y permitirían la creación de 380 millones de nuevos puestos de trabajo.
La ISR reduce riesgos y ofrece más rentabilidad a largo plazo
A la hora de decantarse por este tipo de inversión, la posibilidad de comprometer la rentabilidad es lo que frena a muchos inversores. Sin embargo, los expertos que participaron en la citada jornada defendieron que se trata de una idea equivocada. Según explicó Cristina Llahí, Portfolio Manager en Caja de Ingenieros Gestión, “observamos cómo el comportamiento de estrategias ISR ha sido mejor y más consistente a lo largo del tiempo. Las empresas que aplican criterios ASG y, por tanto, con una gobernanza enfocada en la sostenibilidad y el compromiso social, tienen menos costes de capital, por lo que pueden invertir en nuevos proyectos y tendrán más rentabilidad y reconocimiento a largo plazo. Además, su valor de mercado será mayor”.
Para Domingo Torres, Country Head para España y Portugal de Lazard Fund Managers, tener en cuenta criterios extrafinancieros conlleva tener en cartera empresas con sostenibilidad a largo plazo y que responderán de forma más fundamental ante las futuras crisis. “La historia nos demuestra que no se abandona ni un centavo de rentabilidad invirtiendo de manera sostenible”, añadió.
Por su parte, Juan Carlos Calderón, director ejecutivo – Head of EMEA ESG Consultants en MSCI Inc, extrae tres conclusiones del impacto del COVID en los ODS y el papel de la ISR: la importancia del largo plazo, la resiliencia como una prueba de la robustez de estas estrategias y el refuerzo de la concienciación del cuidado del medio ambiente.
¿Estamos ante una burbuja de sostenibilidad?
Frente a las inquietudes que se han generado por la posible formación de una burbuja de sostenibilidad, Llahí mandó un mensaje de tranquilidad. «Sí es cierto que a finales de 2019 observábamos cómo ciertas compañías con etiqueta ISR cotizaban con prima respecto a competidores sin esa etiqueta. Sin embargo, las caídas sufridas en los mercados a principios de año han regulado esta situación y, dado que se trata de compañías que operan en ámbitos ganadores, a corto plazo no debe preocuparnos que se forme una burbuja», ha explicado.
