En las últimas semanas varias empresas de inversión han decidido abandonar la iniciativa Climate Action 100+, la alianza de empresas de gestión de activos cuyo objetivo es comprometer a las compañías que más gases efecto invernadero producen a reducir tales emisiones e implementar planes de transición climática en dichas compañías.

Creada en 2017, esta organización cuenta con más de 700 inversores y representa en torno a 68 billones de dólares en activos bajo gestión. Pues bien, en las últimas semanas JPMorgan, State Street Global Advisors y Pimco han tomado la decisión de dejar Climate Action 100+. También BlackRock, que anunció que iba a transferir su participación de su matriz en este proyecto y canalizarlo a través de la sociedad BlackRock Internacional, más centrada en Europa y en ofrecer soluciones enfocadas principalmente en materia de sostenibilidad.

Sólo estas cuatro gestoras de activos aglutinan aproximadamente 14 billones de dólares en activos bajo gestión, lo que suponía aproximadamente un 20% del total gestionado por Climate Action 100+. La última firma en unirse a este grupo de salidas ha sido Invesco. Ya en 2022 algunas gestoras como Vanguard se adelantaron y decidieron abandonar la iniciativa aludiendo motivos de independencia en la toma de sus decisiones. La organización ha salido al paso anunciando que alrededor de 60 nuevos inversores se han adherido a esta iniciativa desde junio de 2023, a pesar de las recientes salidas.

Todas estas compañías argumentan que su salida no implica que abandonen su lucha contra el cambio climático, simplemente se disocian de las guías marcadas por la iniciativa, pues inciden en que no son consistentes con sus políticas de autonomía e independencia en la toma de decisiones y afirmando que los intereses de sus clientes estarán mejor defendidos a través de sus propias iniciativas. Es decir, uno de los principales motivos que defienden es que Climate Action 100+ va a intensificar sus esfuerzos e implementará una nueva fase en junio, que consistirá en pasar de realizar una actividad más centrada en la concienciación y revelación de riesgos climáticos a una fase de implementación y transición climática en las principales compañías emisoras de CO2.

Otras gestoras han ido más allá y han afirmado que la organización ha ido demasiado lejos implementando esta segunda fase, y que la iniciativa entra en conflicto con las leyes americanas que requieren que los gestores busquen el beneficio económico en el largo plazo y prioricen los resultados financieros. A esto hay que unirle la politización que se ha hecho en algunos de estos movimientos, sobre todo por parte de algunos políticos estadounidenses del partido Republicano y defensores de corrientes anti ESG, argumentando que van en contra de sectores tradiciones clave para la economía americana como por ejemplo empresas petrolíferas, llegando incluso a intentar criminalizar algunas de estas iniciativas.

Estamos observando cómo muchas gestoras de activos están reculando no sólo en este tipo de iniciativas, sino también en normativas y en productos relacionados con la sostenibilidad y el ESG. Muchos intuimos lo que podría llegar a pasar con la normativa SFDR y la clasificación de fondos y ETFs en productos sin objetivos de sostenibilidad (Artículo 6), que promoviesen iniciativas sociales o ambientales junto con los objetivos de resultados tradicionales (Artículo 8) o que contasen con un claro objetivo de sostenibilidad (Artículo 9). Y así fue, tanto en 2022 como en 2023 con un aluvión de productos de inversión pasando de ser clasificados como Artículo 9 a ser Artículo 8.

Otro ejemplo lo hemos visto a través del cambio que han realizado varios productos en relación a su índice de referencia o benchmark. En Europa, dos de los principales índices ESG son el European Climate Transition Benchmark (EU CTB) y el European Carbon Aligned Benchmark (EU PAB), usándose en muchas ocasiones indistintamente, siendo el primero significativamente menos estricto que el segundo en términos de exclusiones de empresas con altas emisiones y objetivos generales de descarbonización. Los activos subyacentes del primer índice de transición se ajustan a las normas mínimas establecidas por la Unión Europea para ser consideradas empresas en vías de descarbonización, mientras que las empresas del segundo índice se ajustan a las normas mínimas de alineamiento establecidas por la Unión Europea en el Acuerdo de París. Hemos analizado que la correlación entre ambos índices es superior al 90% y su comportamiento ha sido similar, pero que ninguno de ellos está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Como conclusión, tras una reacción exagerada en un inicio donde prácticamente todo el mundo quiso subirse al carro de las inversiones ESG, estamos viendo cómo muchos se están retractando después de fijarse unos compromisos que en muchos casos no eran realistas. Por tanto, estamos viviendo una situación en la que en muchas gestoras de activos están volviendo a una posición neutral que, en cierta medida, resulta hasta adecuado tanto para la propia industria como para el inversor final en la misión de mejorar la transparencia en el mercado y canalizar de manera genuina los flujos de inversión a inversiones sociales y medioambientales.

Tribuna de Jonathan Capelo, asesor patrimonial en Portocolom AV.