La circulación de activos o capitales supone un reto no solo para las autoridades sino también para los sujetos obligados, que se convierten en instrumentos involuntarios para blanquear beneficios de actividades ilícitas.
Además de tener implicaciones penales y financieras, muchas de estas entidades no son capaces de valorar el impacto reputacional que supone tener en su cartera de clientes sujetos sospechosos de introducir dinero ilegal procedente del blanqueo o la financiación del terrorismo en el sistema.
Este es uno de los retos que debe abordar una organización financiera en un mundo cada vez más conectado. Y no es una cuestión de tamaño. Tienen la misma responsabilidad como sujetos obligados tanto grandes bancos y aseguradoras como gestoras de activos y EAFIs. Y también las mismas posibilidades de que una crisis de este tipo se expanda como la pólvora poniendo el negocio en entredicho.
Pero, además, los entramados societarios para ocultar el dinero ilícito se sofistican a la misma velocidad que aparecen nuevos negocios que pueden “facilitar” el blanqueo de capitales. Por ejemplo, las plataformas de juego online pueden ser susceptibles de ser utilizadas para blanquear dinero, con la dificultad de que pueden ser, en realidad, sociedades residentes en países con legislaciones más opacas en este sentido en las que la circulación de información es más lenta y complicada.
Pero además, tenemos ante nosotros nuevas formas de transaccionar fuera del Sistema Monetario Internacional. La irrupción de las criptomonedas (por ejemplo, el bitcoin) nos plantea un escenario en el que existen transacciones financieras públicas pero en las cuales el sujeto no es fácilmente identificable.
Una organización que intermedia con activos financieros, independientemente de su tamaño, puede formar parte de las manos a través de las cuales circulan los activos y capitales en proceso de blanqueo, convirtiéndose de esa manera en encubridor involuntario pero con responsabilidad.
Muchos retos para los cuales la tecnología es un catalizador pero también es un gran aliado. Gracias a la tecnología podemos acceder a sistemas de información actualizados a tiempo real a través de los cuales podemos rastrear los antecedentes de sujetos y operaciones sospechosas en todo el mundo.
Afortunadamente, contamos con grandes bases de datos de ámbito mundial y el desarrollo de algoritmos y motores de reglas que permiten crear KYCs cada vez más fidedignos y reducir los falsos positivos. Esto, que supone un avance en el cumplimiento de la normativa sobre Prevención de Blanqueo de Capitales, también reduce de manera importante el trabajo manual.
La tecnología también nos facilita la posibilidad de realizar procesos de onboarding digital a través de sistemas de reconocimiento facial que proporcionan una mayor seguridad y facilidad a la hora de admitir a un cliente en la entidad.
Y, por supuesto, el almacenamiento de datos en distintos formatos a gran escala, ya no solo alfanuméricos sino también datos audiovisuales, no sería posible sin soluciones de Big Data.
Todo ello supone un avance importante, también desde el punto de vista empresarial. Atrás quedaron grandes y pesadas soluciones tecnológicas, desarrolladas ad-hoc por las organizaciones. El mundo va tan deprisa y las maneras de blanquear capitales y financiar actividades terroristas se sofistican cada vez más que es necesario contar con soluciones más dinámicas y escalables.
Tecnología y Compliance van cada vez más de la mano. En este sentido, es necesario afrontar estos retos no como el futuro, sino como el presente, adaptando las organizaciones a las nuevas casuísticas que pueden surgir para poder dar respuestas ágiles y seguras en un entorno cada vez más competitivo.
Roberto de la Cruz, director general de RiskMS