Los proveedores de servicios financieros, los bancos e incluso el mismo BCE tendrán que ayudar a asegurar cuanto antes que los mercados de capitales sean socialmente responsables y respetuosos con el medioambiente. Como respuesta a estas exigencias, se creó “un grupo de expertos de alto nivel” que estableció una taxonomía que especifica qué actividades económicas pueden considerarse medioambientalmente sostenibles. Una inversión se considera sostenible si contribuye sustancialmente a al menos uno de los seis objetivos medioambientales, desde la protección del ecosistema hasta el clima, sin dañar ninguno de ellos.
Si bien los problemas reales están en los detalles, ni siquiera se ha conseguido llegar a un pacto de estado sobre qué formas de generación de energía deben considerarse sostenibles. Francia y República Checa consideran que la energía nuclear es sostenible, mientras que Polonia está a favor del uso del carbón en la producción energética. En cualquier caso, es obvio que la generación de energía tiene un efecto masivo en las emisiones de gases de efecto invernadero. Debido a los conflictos de intereses nacionales, la taxonomía sobre las formas de generación energética sostenible ha quedado silenciada. Otro punto de conflicto, por ejemplo, es el umbral para considerar si los vehículos de motor y, por lo tanto, sus fabricantes, son respetuosos o no con el medio ambiente. El umbral presentado en junio de 2019 por el «grupo de expertos técnicos» eran solo 50 gramos de CO2 por kilómetro, que es menos de la mitad del objetivo actual de consumo de la flota de la UE. El umbral disminuirá a cero en 2026, y los fabricantes de automóviles con motores de combustión (es decir, todos excepto Tesla) ya no serán clasificados como ambientalmente sostenibles.
La taxonomía ha traído consigo una nueva oportunidad de negocio para asesores, agencias de calificación, auditores, expertos en marketing y abogados basados en los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG). Los abogados pueden ganar dos veces sus honorarios, primero por asesorar a bancos, compañías de fondos y gestores de activos, y luego por defenderlos de las acusaciones presentadas por inversores decepcionados.
Los asesores financieros estarán sujetos proporcionar información antes de que los hechos tengan lugar. Si los asesores financieros tienen en cuenta los factores de sostenibilidad, no solo tendrán que explicar la forma en la que se hace, sino también los efectos que causarán en los rendimientos futuros, cosa que es prácticamente imposible. Y si no toman en cuenta estos factores, deberán explicar por qué.
Entre otras cosas, los inversores tendrán que determinar el efecto de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad y especificar el nivel de alineamiento con los objetivos del Acuerdo de París. Aquellos que no lo hagan, por ejemplo, los que se sientan incapaces de separar los efectos de comprar 1.000 acciones de BASF de los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático, deberán proporcionar razones claras sobre su decisión.
Si los clientes de un gestor de activos también consideran las preocupaciones sociales como un objetivo de inversión -que se aplica a prácticamente todos los mandatos de ESG- entonces, por ejemplo, la honestidad fiscal de las empresas en la cartera de los clientes también deberá de ser examinada. Esto es prácticamente imposible sin la cooperación de las autoridades financieras internacionales. Además, en la medida de lo posible, no se debería de adquirir valores para estos clientes de empresas expuestas a riesgos ambientales, sociales o de gobierno corporativo de sus activos netos o de su posición financiera. Todos los inversores prudentes deberían de cumplir este requisito, incluso sin una taxonomía. Sin embargo, por regla general, esto también provocaría la exclusión de las acciones y bonos de los bancos europeos debido a las repetidas reclamaciones por daños y perjuicios que han recibido y, por lo tanto, también afectaría a las instituciones que tratan de recaudar capital de los inversores para los productos ESG.
Para explicar el dilema creado por la taxonomía, podemos hacer una comparación con el arte. Además de intentar separar el arte bueno del malo, la taxonomía también trata de usar el método de «colorear por números» para ayudar a los artistas a crear pinturas más bonitas. Aunque la inversión financiera no es un arte visual, tampoco es una ciencia precisa como la física. Por lo tanto, es un error creer que existe un manual de instrucciones generales que podría medir y regular todo con precisión, desde la estrategia de inversión hasta la selección de seguridad individual. Si existiera tal cosa, también se podría exigir, a favor de la protección del consumidor, que los bancos solo recomienden acciones cuyos precios garanticen un aumento, o que los políticos solo promulguen buenas leyes.
Como prácticamente ningún gestor de activos puede realizar la verificación de sostenibilidad requerida en todas las empresas en sus carteras, las agencias especializadas en calificación ESG tendrán que realizar un trabajo detallado para trazar la fina línea que separa lo bueno de lo malo. Mientras que puede resultar relativamente fácil evaluar los efectos de las emisiones de CO2, es casi imposible aplicarlo a otros factores más imprecisos. Así que, la fina línea es, a menudo, una raya ancha dibujada según el estilo y la brocha de cada artista.
Warren Buffet invirtió cerca de 30.000 millones de dólares en sistemas de energía eólica en el estado de Iowa en Estados Unidos a través de una empresa propiedad de Berkshire Hathaway. Dijo sarcásticamente que su objetivo era convertir a Iowa en la Arabia Saudí del viento. En lugar de declarar esto como una importante contribución de Berkshire Hathaway en la batalla contra el cambio climático para recibir las mejores calificaciones ESG posibles, agregó con seriedad: «No lo haríamos sin el crédito fiscal a la producción que obtenemos». De esta manera, Buffett pone en evidencia la función de control que realizan los impuestos a la vez que da un ejemplo de comunicación honesta y de buen gobierno corporativo. Sin embargo, no fue recompensado con una alta puntuación de ESG, como lo demuestra la calificación BB de MSCI para Berkshire, que consideramos que no es apropiada.
Las inversiones de Buffet en energía eólica demuestran que la taxonomía de la UE está patas arriba. Si los políticos crean el marco adecuado, es decir, buscando el equilibrio entre el alivio y las cargas, el capital fluirá en la dirección esperada. Pero, si los objetivos políticos o ambientales intentan superar los principios económicos y metodológicos, no se logrará el efecto deseado.
La protección medioambiental, los buenos estándares sociales y el gobierno corporativo son necesarios para alcanzar un mundo mejor. Las compañías tienen que diseñar sus productos y su estrategia corporativa en su totalidad con el objetivo de conseguir el éxito a largo plazo. Sin embargo, una taxonomía que cruza los límites metodológicos con sus regulaciones y se apropia del conocimiento al que no tiene acceso, pone en peligro sus propios objetivos. El mundo mejorará cuando las normas ambientales y sociales mejoren. Esto requiere un buen marco, estructuras de incentivos y leyes. La taxonomía de la UE podría convertirse en un peligro para la protección del clima y otros objetivos ASG, ya que el poder legislativo podría usarla de forma incorrecta, como una herramienta para evitar la culpa y podría suponer un impedimento en la toma de decisiones correctas, aunque impopulares. Esto podría provocar que el capital fluya hacia donde esté la mejor puntuación de ASG en lugar de donde resulte mejor para el medioambiente y para la sociedad. Los incentivos inadecuados que condujeron a la crisis financiera deberían ser una advertencia para nosotros.
Tribuna de Bert Flossbach, cofundador de Flossbach von Storch
Por Funds Society, Madrid
