Recientemente hemos escuchado a varios funcionarios pronunciarse a favor de empezar operaciones de la hidroeléctrica de El Quimbo, luego que la Corte Constitucional tumbó el Decreto que, basándose en la emergencia en la frontera con Venezuela, autorizaba poner en marcha la operación.
Las razones han sido, más que todo, coyunturales: evitar el apagón eléctrico en Colombia, evitar la mortandad de 19.000 toneladas de peces, aumentar el caudal navegable del Río Magdalena, entre otras cosas. Sin ser un experto en el tema, quizá sean todas ciertas y suenan loables, pero más allá de las razones coyunturales, existe una razón de índole netamente económica y financiera (lo que pasa es que esgrimir este argumento no es tan ‘taquillero’ como los otros). El Quimbo representa una inversión millonaria de una empresa que quiere sacarle rendimientos. Ignoro el valor de construcción de El Quimbo, pero debieron ser varios millones de dólares que hoy no le producen nada positivo en sus cuentas a Emgesa.
Esto va a traer serías consecuencias a los planes de infraestructura futura no solo de este Gobierno sino de todos los que vengan en el futuro: en un momento en que solo se habla de las Alianzas Público Privadas (APP), ¿qué privado va a querer invertir en un proyecto que puede terminar aplazado por la legalidad colombiana? No se deben desconocer los derechos de las comunidades ni de los habitantes de este país, y no se debe permitir, como ocurrió varias veces durante muchos años, que se pisoteen los derechos fundamentales de los más indefensos. Pero sí se deben buscar mecanismos que permitan que no lleguemos al extremo de lo que estamos viendo que sucede con El Quimbo; y que permitan al tiempo poder adelantar planes rápidos de infraestructura y modernización que necesita Colombia.
Para los que no están familiarizados con los términos técnicos, una explicación (que tratará de ser sencilla): todo proyecto tiene un componente que se llama el Valor Presente Neto (VPN), es decir, todos los flujos que va a generar el mismo durante la vida, traídos a pesos del día de hoy. Así, se meten los flujos negativos (lo que cuesta desarrollar el proyecto, incluyendo el costo de la deuda), y los positivos (lo que va a generar el proyecto durante su etapa productiva), y si el VPN es mayor a cero, el proyecto es viable. Pero si el proyecto se demora en entrar en operación, los flujos positivos futuros, que entraban en momentos específicos, y que habían garantizado que el proyecto fuera viable, empiezan a aplazarse y quizá ya el proyecto, desde el punto de vista financiero, empieza a tomar otra connotación.
Quizá dentro de sus proyecciones corporativas 2016, Emgesa había puesto algunos supuestos financieros provenientes de El Quimbo, y tenía un plan de amortización de la deuda con base en los ingresos del mismo. Pero en la medida en que se empiece a aplazar la entrada en funcionamiento, las cuentas de la empresa se van a descuadrar. Y esto va a ser un pésimo precedente para los desarrollos futuros, cuando el Gobierno vaya a preguntar a los privados si quieren desarrollar proyectos de infraestructura y se encontrará con una respuesta como: “no, muchas gracias, no me interesa” (o pedirán una tasa de retorno muy alta, para contrarrestar las contingencias legales; algo que también tendrá consecuencias negativas para la población).
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la visión de Old Mutual sobre los temas tratados.
Opinión de Manuel García Ospina, gerente de la Escuela de Planeación financiera y comercial de Old Mutual.
