La situación generada a consecuencia de la pandemia originada por la transmisión del COVID-19 es, sin duda, preocupante a todos los niveles: sanitario, económico, social… y a escala global.
En nuestro contexto europeo y español, y tras la aprobación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, tanto la Unión Europea como la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas, Instituciones y Organismos europeos, nacionales y autonómicos, entidades financieras, sociedades de garantía recíproca y otros organismos han iniciado ya el diseño y la implantación de programas y ayudas para contribuir a la liquidez de las empresas. Todos ellos están lanzando diferentes medidas y planes con la intención de minimizar en lo posible el impacto económico de esta crisis. En este contexto, se convierte en prioritario contribuir a la supervivencia a corto plazo del tejido empresarial y prever la situación con la que nos encontraremos «el día después».
En estas líneas pretendemos destacar unas primeras ideas de los programas y ayudas que a lo largo de próximas semanas debieran ir concretándose por todos estos actores. Esta nota tiene un carácter orientativo dado que en próximas semanas las administraciones, entidades financieras e instituciones irán definiendo con mayor detalle sus programas de actuación y nuevos organismos se sumarán a estas ayudas para el sostenimiento del tejido empresarial en el ámbito financiero.
El Gobierno de España, a través del mencionado decreto-ley, aprueba una línea de avales por cuenta del Estado para empresas y autónomos de hasta 100.000 millones de euros, que cubra tanto la renovación de préstamos como nueva financiación por parte de entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos, para que empresas y autónomos puedan atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias, para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de COVID-19.
Como complemento a la medida anterior, se permite ampliar la capacidad de endeudamiento neto del Instituto de Crédito Oficial en la Ley de Presupuestos del Estado en 10.000 millones de euros, para facilitar inmediatamente liquidez adicional a las empresas, especialmente a las pymes y a los autónomos, a través de las líneas de ICO de financiación ya existentes. Y con el fin de reforzar la liquidez de las empresas exportadoras, se refuerza la capacidad de CESCE para el aumento de las líneas de cobertura por importe de 2.000 millones de euros.
El Ministerio de Ciencia e Innovación lanzará, a través del CDTI, una serie de medidas urgentes para movilizar cerca de 500 millones de euros para pymes y midcaps con actividad en I+D+I. Estas medidas podrán ponerse en marcha, de manera inmediata, al ser aplicadas sobre los instrumentos CDTI ya en funcionamiento. El Estado apoyará, mediante la financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para las pymes, la compra y leasing de equipamiento y servicios para la digitalización y soluciones de teletrabajo, movilizando en los próximos dos años más de 200 millones de euros.
En el ámbito europeo, la Comisión Europea propuso el 17 de marzo a los Estados de la Unión Europea adoptar un «marco temporal» que les permitiría, de manera excepcional, canalizar ayudas en forma de ventajas fiscales, avales y préstamos públicos a empresas, y apoyos a la banca para hacer frente a la pandemia. En concreto, este marco permitiría cuatro tipos de ayudas: los gobiernos podrán conceder avales directos o beneficios fiscales por un valor de hasta 500.000 euros para las empresas que tengan problemas de liquidez. También podrán dar avales con tipos de interés inferiores a los de mercado para préstamos nuevos que las empresas, grandes o pymes, hayan solicitado como consecuencia del brote. En tercer lugar, podrán conceder directamente préstamos públicos o privados «subsidiados» a las empresas que lo necesiten. Y, por último, Bruselas propone permitir las ayudas públicas directas a la banca, de la que destaca «el importante papel» que jugarán para lidiar con los efectos económicos del COVID-19.
En cuanto a la entidades financieras, en los últimos dos días, la mayoría de las entidades bancarias españolas se han mostrado dispuestas a facilitar liquidez y financiación a las empresas. Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Bankia y Abanca anunciaron programas de financiación y líneas de liquidez de crédito preconcedidas por un importe de aproximadamente 100.000 millones de euros. Entidades financieras como Kutxabank, Caja Laboral, Bankoa, Bankinter, etc., están trabajando en iniciativas que se sumarán a las aprobadas por el Gobierno con el objetivo de poder facilitar la financiación a empresas y autónomos.
Por otra parte, las sociedades de garantía recíproca tendrán, en el conjunto del Estado, un protagonismo especial para la canalización de toda la financiación que se pretende inyectar.
A este respecto, desde Norgestión queremos resaltar la relevancia que van a tomar las plataformas de tramitación online de ayudas. Con relación a la concesión de avales, las sociedades de garantía recíproca cuentan con la plataforma on-line www.conavalsi.com que posibilita la agilización de estos trámites frente a los métodos más tradicionales. Como hemos mencionado anteriormente, Elkargi, Sonagar y otras SGR como Avalis, Sogarpo y Garántia han dado forma a nuevas iniciativas a las que se sumarán próximamente otras entidades avalistas en el resto de España.
El resto de administraciones, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, preparan, cada uno a su nivel, diferentes medidas y ayudas para contribuir a que, entre todos, vayamos poniendo los mimbres para recuperarnos lo ante posible. No queda otra. Ánimo.
Tribuna de José Antonio Barrena, director general de Norgestión
Por Funds Society, Madrid
