En una esperada rueda de prensa en Bruselas el 26 de febrero de 2025, la Comisión Europea anunció su primera propuesta Ómnibus, centrada en la Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad (CSRD), la Directiva sobre Due Diligence en materia de Sostenibilidad Empresarial (CSDDD) y la Taxonomía de la UE. Este anuncio marcó la primera de tres propuestas Ómnibus previstas para este año (la segunda se presentó en el mismo evento) con el objetivo de simplificar los requisitos para las empresas de la UE en un intento por impulsar la competitividad. La competitividad se ha convertido en una prioridad clave en Bruselas, especialmente tras los informes de Draghi y Letta en 2024.
“Simplificación” fue la palabra más repetida por la Comisión en los días previos al anuncio de la primera propuesta Ómnibus. Si bien algunos de los cambios presentados podrían encajar en esa categoría, el conjunto de las medidas debería ser llamado por lo que realmente es: desregulación. Los comisarios Albuquerque y Dombrovskis sorprendieron a muchos asistentes al anunciar una serie de medidas que reducirían hasta en un 80% el número de empresas obligadas a informar sobre sostenibilidad en la UE y rebajarían significativamente otros requisitos.
Estos cambios generan preocupación por dos razones principales:
1. Considerar la divulgación de información sobre sostenibilidad únicamente desde una perspectiva de costes simplifica en exceso el papel que estos datos pueden desempeñar e ignora los beneficios asociados.
2. La Comisión ha impulsado esta propuesta con muy poca consulta y sin una evaluación de impacto, lo que ha generado incertidumbre, ha afectado la estabilidad de los marcos regulatorios existentes y podría obstaculizar la competitividad.
El coste de comprometer los datos de sostenibilidad
La simplificación del marco europeo de informes de sostenibilidad debería haberse centrado en garantizar que los inversores tengan acceso a datos de alta calidad y relevancia, manteniendo al mismo tiempo unas exigencias proporcionales para las entidades informantes. Independientemente de cómo se enmarque la competitividad, no se puede negar que este acceso sigue siendo esencial tanto para los inversores como para otros actores del mercado. Estos datos no solo ayudan a identificar y mitigar riesgos relacionados con la sostenibilidad, sino que también permiten comprender mejor dichos riesgos en diferentes horizontes temporales, abordando tanto desafíos a corto plazo como riesgos sistémicos a largo plazo. Además, facilitan el desarrollo de estrategias de inversión vinculadas a la sostenibilidad, que pueden impulsar soluciones innovadoras para problemas complejos como el cambio climático, los derechos humanos y la biodiversidad, al tiempo que generan rentabilidad para los inversores.
Por otra parte, la divulgación de información sobre sostenibilidad garantiza que los inversores finales en la UE que buscan productos financieros sostenibles puedan estar seguros de que su dinero se destina realmente a iniciativas sostenibles. En otras palabras, que las inversiones cumplen con lo que prometen. En los últimos años, se han logrado grandes avances para mejorar la transparencia en sostenibilidad y reducir el greenwashing. Sin embargo, el peso de la propuesta Ómnibus de la Comisión pone en riesgo estos avances. Por ejemplo, al excluir al 80% de las entidades obligadas a reportar, se eliminan de facto los mecanismos regulatorios que protegen una gran parte de los datos de sostenibilidad, lo que podría aumentar el riesgo de greenwashing. Esto, a su vez, perjudica la competitividad de la UE.
El acceso a datos sólidos de sostenibilidad no es solo un asunto de cumplimiento normativo; es un pilar fundamental para la sostenibilidad a largo plazo y, lo que es clave, para la competitividad futura de las empresas y mercados europeos. Y la propuesta de la Comisión corre el riesgo de socavar estos cimientos.
Reportar no es solo un ejercicio de cumplimiento
Para las entidades obligadas a reportar, el cumplimiento de la CSRD nunca estuvo pensado únicamente como un ejercicio de divulgación. Se diseñó como un mecanismo para que las empresas incluidas en su ámbito de aplicación llevaran a cabo un análisis exhaustivo de sus impactos materiales y riesgos financieros, tanto a nivel interno como en toda su cadena de valor, ayudándolas a fortalecer su resiliencia e integrar la sostenibilidad en sus operaciones.
Si bien algunas empresas pueden continuar con este análisis de forma voluntaria, muchas de las que queden fuera de la obligación de reportar probablemente lo abandonen por completo. Esto no solo privará al mercado de datos de sostenibilidad de alta calidad—afectando a inversores y otros actores, como se mencionó anteriormente—sino que también impedirá que las propias empresas identifiquen y gestionen riesgos materiales. La elaboración de informes suele ser el primer paso para implementar políticas de sostenibilidad, ya que permite a las empresas detectar y abordar riesgos antes de que se agraven. Al eliminar este requisito para la mayoría de las entidades, la propuesta podría generar una acumulación de riesgos relacionados con la sostenibilidad que no sean gestionados, debilitando la resiliencia corporativa y, en última instancia, afectando la competitividad económica de la UE.
¿Qué significa esto para el mercado?
Este impulso desregulador no es exclusivo de la UE. A principios de 2025, hemos visto una agenda similar en otras jurisdicciones, especialmente bajo la nueva administración en Estados Unidos. Por ejemplo, la norma de divulgación climática de la SEC no superará sus desafíos legales, y los requisitos de reporte climático a nivel federal siguen siendo una posibilidad lejana. Además, órdenes ejecutivas han detenido el desarrollo de energía eólica marina, han flexibilizado las restricciones para la industria de combustibles fósiles y han revertido los objetivos de reducción de emisiones. La retirada del Acuerdo de París ha enviado una señal clara de que el apoyo federal a las finanzas sostenibles ya no está garantizado.
Si bien muchas iniciativas regulatorias en el mundo permanecen aisladas de los cambios políticos, es posible que algunas sean revisadas o reabiertas a lo largo de 2025. Esta incertidumbre no beneficia ni a las empresas ni al mercado. Por ejemplo, las compañías sujetas a distintas regulaciones de sostenibilidad podrían asumir erróneamente que el riesgo de sanciones por incumplimiento ha disminuido en este contexto político. Sin embargo, esto podría ser un error bastante caro: la gran mayoría de las regulaciones de sostenibilidad siguen vigentes más allá de los ciclos políticos, y los mecanismos de cumplimiento normativo continúan operando de manera independiente al discurso político.
En este sentido, anuncios como la propuesta Ómnibus de la Comisión, que se apresuran en los procesos legislativos, debilitan la estabilidad del marco regulatorio. Esta estabilidad es clave para que las empresas puedan planificar a largo plazo y, lejos de obstaculizar la competitividad, puede fortalecerla. La gran mayoría de la agenda de finanzas sostenibles de la UE—SDFR, Pilar 3, Benchmark Regulation, EU Green Bonds—permanece intacta y los plazos de cumplimiento se acercan rápidamente. Por ejemplo, la norma de la ESMA sobre el uso de nombres en fondos de inversión entrará en vigor en mayo de 2025, y este organismo regulador, junto con sus miembros, seguirá supervisando su cumplimiento, sin importar el mensaje que envíe la propuesta Ómnibus al mercado.
Esto demuestra por qué el cortoplacismo impulsado en ciertas agendas políticas es una estrategia arriesgada: no solo priva a los mercados financieros de la estabilidad necesaria para fomentar un crecimiento sostenible a largo plazo, sino que también expone a las empresas a riesgos de cumplimiento si malinterpretan las señales políticas.
¿Qué podemos esperar?
El Parlamento Europeo y el Consejo debatirán las propuestas Ómnibus, y en los próximos meses habrá más claridad sobre la dirección que tomarán.
Mientras tanto, se espera que los colegisladores apoyen las medidas de simplificación más razonables dentro del paquete, pero que rechacen aquellas que buscan simplemente desregular. El resultado de estas deliberaciones será clave para definir el futuro de la regulación de sostenibilidad en la UE y su impacto en empresas, inversores y mercados. También determinará si la UE sigue liderando en finanzas sostenibles o si corre el riesgo de quedarse atrás en un momento en el que la transparencia y la fiabilidad de la información sobre sostenibilidad son más cruciales que nunca.
Tribuna elaborada por Tom Willman, regulatory lead en Clarity AI
Por Funds Society, Madrid
