La Oficina Presupuestaria del Congreso de EE.UU. pronostica un aumento del déficit Federal de cara a la próxima década, en gran parte debido a los intereses con los que EE.UU. refinancia deuda. Sin consenso político, la emisión de deuda parece casi inevitable y puede llevar a los inversores a exigir mayor prima por plazo.
Hay que tener en cuenta que los objetivos de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero requieren nuevas infraestructuras energéticas y medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, con costes muy sustanciales, en gran parte para los gobiernos. Hará que el ya elevado ratio deuda pública/PIB aumente, con aumento de las primas de riesgo. Los inversores tendrán que gestionar la renta fija con un enfoque más agnóstico respecto a los índices, que tienen sesgo de largo plazo.
Además, cabe esperar mayor dispersión de rentabilidades a vencimiento entre mercados, dadas las diferencias entre los bancos centrales respecto a la inflación y de costes de alcanzar cero emisiones netas. Los ciclos de tipos de interés pueden acortarse, con mayor volatilidad que en las últimas dos décadas. Si los accidentes amenazan los mercados financieros los bancos centrales pueden utilizar de nuevo medios alternativos, como la flexibilización cuantitativa -compra de activos en el mercado- para proporcionar liquidez, aunque es previsible que mantengan los tipos de interés reales en positivo.
Con todo, los inversores harán bien en añadir una prima de riesgo de 0,5 % a los bonos del Tesoro de EE.UU. 30 años respecto a los de vencimiento a 10 años, así como una pequeña prima a la deuda de la Euro Zona por el riesgo de que el BCE permita que la inflación aumente un tiempo. Las rentabilidades del bono alemán a diez años se pueden situar de media entre 2,5% y 3% el resto de la década.
Los bonos y la prima “verde”
Un emisor puede emitir un bono “verde”, dedicado a proyectos directamente ligados a reducción de emisiones de CO2, pero seguir emitiendo cantidades cada vez mayores de gases de efecto invernadero. Es la contradicción entre emisión “verde” y lo que hace una compañía. Así, el problema de la regulación es como controlar que un emisor está haciendo lo que debería y el impacto que tiene. De manera que preferimos que la deuda esté ligada al comportamiento global de la compañía. Esto es, dependiente de parámetros a medio y largo plazo, como en cierto modo ocurre con los “bonos sostenibles” (ligados a objetivos de sostenibilidad).
Mientras que hay taxonomía para compañías, con métricas bastante claras de lo que puede constituir una actividad en línea con objetivos de cambio climático, no existe tal cosa en deuda soberana, donde el concepto de deuda “verde” es muy ambiguo.
De hecho, en el presupuesto de un gobierno es difícil saber exactamente que fondos tienen específicamente tal destino. Se trata de proyectos de reducción de emisiones de CO2, gestión de fuentes de energía, construcción e infraestructuras, orientados a mejora de la eficiencia o reducción de emisiones totales de CO2 de las empresas o en caso de deuda soberana, de los países. De manera que, aunque hay deuda “verde” y proyectos claramente verdes, muy necesarios, la cuestión es que lo que tiene sentido es juzgar el comportamiento total del país o emisor en términos de emisiones de CO2 y eficiencia en su uso, más que juzgar en función de la cantidad de deuda “verde” que emite.
El mercado de bonos verdes es enorme, más de 500.000 millones de euros al año, cada vez mayor. Pueden jugar un importante rol en las carteras. Pero deben estar mejor definidos y regulado. Uno de los dilemas en el mercado es que no existe “prima verde” de rentabilidad de estas emisiones respecto a las normales. Tiene sentido, porque es difícil concluir, sobre todo en deuda soberana, que solo porque una emisión sea “verde” el país está haciendo bien las cosas. Eso sí, una vez se regule mejor este mercado puede que la prima “verde” sea mayor.
Por Funds Society, Madrid
