Tras más de una década después de la crisis financiera mundial y la consiguiente revisión de la regulación bancaria, los perfiles de gobierno corporativo de las entidades de crédito —el mayor problema en clave ESG de los bancos antes de la citada crisis— han mejorado significativamente y, hoy por hoy, son uno de los factores positivos para los inversores en deuda bancaria europea. Según nos adentramos en una nueva década y en una nueva etapa de la regulación, avanzamos de los aspectos relacionados con el gobierno corporativo a los medioambientales, posicionándose el riesgo climático como nueva área de especial interés.
Aunque el riesgo climático es sustancial para el sector bancario europeo, la regulación seguirá haciendo a veces de catalizador positivo para los perfiles ESG de las entidades de crédito, profundizando en su historial de transformación del sector tras la crisis financiera mundial. Las iniciativas impulsadas por el sector bancario también están ganando impulso y, dada la función dominante de las entidades de crédito en la financiación de la economía europea, es probable que los bancos desempeñen una función cada vez más activa en la transición medioambiental.
La cuestión del gobierno corporativo para los bancos
El gobierno corporativo ha dominado los perfiles ESG y de crédito de los bancos desde la crisis financiera mundial. Dicha cuestión entre los bancos europeos y de todo el mundo ha llevado a una destrucción de valor excesiva en el sector, bien por las elevadas pérdidas durante la crisis financiera mundial, bien por los altos costes derivados de las malas conductas en la última década.
Antes de la crisis financiera mundial, la deficiente supervisión del riesgo, la excesiva asunción de riesgos y el hincapié en los beneficios a corto plazo, combinados con una regulación laxa, llevaron a una elevadísima vulnerabilidad del sector bancario europeo a perturbaciones externas. Al avanzar la crisis financiera mundial, las entidades de crédito no fueron capaces de absorber las abultadas pérdidas derivadas de préstamos y valores, lo cual se tradujo en quiebras y rescates de bancos de importancia sistémica. En lugar de amortiguar la crisis, los bancos exacerbaron su efecto, extremo que derivó en una de las mayores contracciones de la historia.
Tras la crisis financiera mundial, las conductas del pasado llevaron a unos significativos costes por malas conductas que han pesado durante años sobre la rentabilidad del sector. Las entidades de crédito europeas han registrado costes por malas conductas muy superiores a 100.000 millones de euros desde 2008 (1), reflejo de diversidad de problemas heredados de etapas pasadas (por ejemplo, las hipotecas subprime de Estados Unidos y la manipulación del mercado).
Regulación, el catalizador para cambios positivos en el gobierno corporativo
Puede que la tendencia del gobierno corporativo de los bancos más importante de la última década haya sido la regulación. Tras la crisis financiera mundial, los reguladores se encontraron con la ardua tarea de revisar en profundidad la regulación bancaria para velar por que no se produzca otra crisis. En particular, trabajaron para incrementar la resiliencia del sector bancario a perturbaciones externas y asegurar que las entidades de crédito puedan hacer frente a una situación de tensión, sin necesidad de recurrir a dinero público.
Basilea III es el resultado de años de una regulación reforzada, implementada en la mayoría de las jurisdicciones de todo el mundo, donde se incluye Europa en 2013 a través del Reglamento y la Directiva de requisitos de capital (CRR/CRD). El foco se ha dirigido a hacer frente a las carencias fundamentales de los regímenes regulatorios previos y la incapacidad de los bancos de abordar las perturbaciones económicas. Los elementos clave incluyen el refuerzo de los requisitos de capital y liquidez, el fortalecimiento de las prácticas de gestión de riesgos y la supervisión regulatoria y, por último, la mejora de la provisión de información y la transparencia. Tanto la cuantía del capital captado como la mejora de la gestión y la supervisión de los riesgos han sido esenciales en la transformación del sector. Los bancos han tenido que reducir el riesgo en sus operaciones de préstamo y negociación para evitar tener que hacer frente a requisitos de capital más elevados previstos en la nueva regulación, abriendo así el camino a que reduzcan los activos de mayor riesgo y que las operaciones en los mercados de capitales de mayor riesgo sean de las dimensiones adecuadas. La mejora de los requisitos de información y transparencia ha permitido que los inversores conozcan mejor los posibles factores de riesgo entre bancos.
Como resultado de una regulación más exigente, los perfiles de gobierno corporativo de las entidades de crédito han mejorado significativamente. El gobierno corporativo ha pasado a ser un factor positivo de los perfiles de crédito de los bancos y ha hecho del sector uno de los más resilientes. La crisis actual del COVID-19 es prueba de esta mejora, pues el sector bancario europeo ha logrado absorber una recesión profunda, al tiempo que ha seguido respaldando a los clientes y la economía. Actualmente, en lugar de amplificar, los bancos amortiguan las perturbaciones económicas. Los costes en litigios también han descendido tras los máximos de 2013 y 2014 como resultado de la mejora de las prácticas de gobierno corporativo. Sigue habiendo algunos ámbitos donde es posible seguir mejorando, tal y como ponen de manifiesto las sanciones recientes por cuestiones relacionadas con el blanqueo de capitales. Sin embargo, la tendencia ha sido de sólida mejora y, hoy por hoy, el gobierno corporativo es un aspecto positivo para los inversores que mantienen bonos bancarios.
Del gobierno corporativo al medioambiente: ¿dónde se encuentra el riesgo climático para los bancos?
En el caso de los inversores en deuda corporativa, el foco en la última década se ha centrado en el gobierno corporativo, a fin de hacer frente a la reconstrucción del sistema bancario tras la crisis financiera mundial. Aunque la regulación continúa avanzando y sin duda llevará a un mayor fortalecimiento de los fundamentales bancarios —Basilea IV está en el horizonte—, el gobierno corporativo de los bancos se está acercando a objetivos definitivos.
Por tanto, ahora que el sector bancario se ha «arreglado», el foco regulatorio puede virar a aspectos medioambientales. Si bien las propias operaciones de los bancos entrañan un efecto limitado desde el punto de vista del riesgo climático, el efecto indirecto a través de sus carteras de préstamo plantea repercusiones mayores. El riesgo climático supone una amenaza para los bancos, pues plantea riesgos físicos —impacto de fenómenos climáticos— y riesgos de transición —riesgos vinculados a la transición hacia una economía más verde, por ejemplo, con motivo de los activos en desuso—. Un ejemplo de riesgo físico sería el derivado de las pérdidas por préstamos a un proyecto que quiebra con motivo de daños físicos causados por fenómenos meteorológicos (por ejemplo, huracanes e incendios). Un ejemplo de riesgo de transición sería el derivado de unas pérdidas por préstamos elevadas con motivo de impagos de empresas del sector del carbón en caso de un giro abrupto hacia fuentes de energía más limpias, con el consiguiente desplome de la demanda.
Hay dos áreas de posible vulnerabilidad para las carteras de préstamos de los bancos: la financiación a empresas de sectores «en riesgo» (por ejemplo, energía y transporte) y la financiación a ámbitos expuestos al cambio climático (por ejemplo, financiación hipotecaria en zonas con riesgo de inundación).
Aunque la exposición de las entidades de crédito al riesgo climático en su cartera de financiación varía de un banco a otro, en general se trata de un riesgo sustancial que debe abordarse, pues, de lo contrario, su repercusión para el sector puede ser muy negativa. Además, dado que los bancos siguen siendo la fuente principal de financiación para las empresas no financieras europeas, la función de los bancos en la transición medioambiental es clave.
El cambio se aproxima con un impulso sólido
Como se indica anteriormente, el historial de los reguladores en la reconstrucción del sector bancario europeo ha sido de gran éxito, tal y como refleja la resiliencia apuntalada por un gobierno corporativo sólido y unos fundamentales robustos. Ha llegado el momento de que el foco regulatorio pase del gobierno corporativo al medioambiente, pues el primero ya no plantea problemas (o no tantos), si bien seguirá siendo una parte clave de la agenda regulatoria, y los bancos se encuentran en disposición de hacer frente al reto climático de las próximas décadas.
Está creciendo la presión regulatoria sobre los bancos para que afronten el riesgo medioambiental. La agenda regulatoria sigue a la agenda política en cuanto a cuestiones climáticas y crecimiento sostenible, tal y como pone de manifiesto el hincapié en el medioambiente del fondo de recuperación europeo y el presupuesto de la UE más a largo plazo, en que al menos el 30 % de los recursos se destina a proyectos medioambientales. Por otra parte, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), ha afirmado en repetidas ocasiones que el cambio climático es una prioridad para el banco central, lo cual repercute tanto en la política monetaria como en la supervisión bancaria de las entidades de crédito europeas.
Aunque los esfuerzos regulatorios en torno al riesgo climático son amplios y abarcan una amplia variedad de cuestiones, desde el punto de vista de los titulares de bonos, las medidas clave tienen que ver con la provisión de información, los planes de actuación y la asignación de capital. En primer lugar, se han establecido diferentes flujos de trabajo para incrementar la transparencia en torno a la intensidad de carbono de las carteras de préstamos de los bancos y el riesgo climático asociado, con el fin de abordar tanto el aumento de la información que se proporciona, como la coherencia y la comparabilidad de los datos de los diferentes bancos. Con mayor información sobre los riesgos y unos indicadores coherentes, los inversores obtendrán una mejor percepción del riesgo climático de cada entidad de crédito. En segundo lugar, se ha solicitado a los bancos que presenten planes de actuación sobre cómo tienen previsto abordar el riesgo climático de sus operaciones (incluidas sus carteras de préstamos). Por ejemplo, la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido ha exigido a los bancos británicos la presentación de tales planes para finales de 2021. En último lugar, nos encontramos con la inclusión del riesgo climático en las decisiones de asignación de capital, aspecto que quizá sea el más importante. El BCE y la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido incluirán el riesgo climático en las pruebas de tensión que se lleven a cabo en el futuro, lo cual marca un punto de inflexión. Dado que las pruebas de tensión influyen directamente en la planificación del capital de los bancos, penalizar a los que presenten un riesgo climático significativo terminará por impulsar un viraje hacia sectores respetuosos con el medioambiente, en detrimento de la financiación a sectores de gran producción de carbono. Otra consecuencia que se prevé es que aumente la presión de los bancos sobre su base de clientes para que actúen y reduzcan su exposición al riesgo climático.
Esta evolución ya se refleja en la conducta de financiación de los bancos. Esto no solo se consigue con compromisos de reducir la financiación a los sectores más contaminantes, sino también orientando el nuevo flujo de crédito. Por ejemplo, han aparecido nuevos productos de financiación respetuosos con el medioambiente, con descuentos sobre los márgenes para que los prestatarios financien proyectos con efectos medioambientales positivos. Por ejemplo, diversos bancos europeos ofrecen tasas de descuento a los hipotecados que financian inmuebles de alta eficiencia energética.
También han surgido otras iniciativas en el sector: en 2018, en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP24), diversos bancos europeos aunaron esfuerzos para crear una metodología que midiera la coordinación con los objetivos del Acuerdo del Clima de París de las carteras bancarias de financiación a empresas. La metodología PACTA de evaluación de la transición hacia un capital coordinado con los objetivos de París adopta un enfoque granular sector a sector con provisión normalizada de información y resultados. Una adopción generalizada de este tipo de iniciativas garantizará una mejor provisión de información sobre riesgos relacionados con el clima, así como una mayor capacidad para comparar los bancos frente a objetivos establecidos.
Para concluir, es probable que, en el marco de los factores ESG de las entidades de crédito, el medioambiente centre la atención de inversores y reguladores en la próxima década. En vista de que los perfiles de crédito de los bancos son en la actualidad robustos, los reguladores pueden centrarse en velar para que el sector pase a desempeñar una función clave en la financiación de la economía verde. La presión regulatoria está virando hacia el riesgo climático en las operaciones de financiación de los bancos, con el foco en la resiliencia al clima del sector bancario. El historial de los reguladores en la reparación del sector bancario europeo tras la crisis financiera mundial apuntala nuestra visión de que el perfil medioambiental de los bancos mejorará drásticamente. Esta evolución se verá impulsada por una mejor provisión de información, reducciones paulatinas de la financiación a sectores de gran producción de carbono y orientación del capital hacia la economía verde; ya ha comenzado y la presión regulatoria lo acelerará.
Romain Miginiac es responsable de research en Atlanticomnium S.A, firma de inversión especializada en bonos corporativos que gestiona múltiples estrategias de renta fija corporativa de GAM Investments desde 1985.
Anotaciones:
(1) Atlanticomnium, información facilitada por empresas
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Por Meritxell Sedo