Hace ya tiempo que el concepto de sostenibilidad dejó de ser una moda para establecerse como una necesidad en el ámbito empresarial y un valor sólido en el mundo de la inversión. Para muestra, un botón: el año pasado casi uno de cada cinco inversores españoles asignó más de la mitad de su cartera a proyectos y empresas con destacados criterios ASG, según se extrae de una encuesta realizada por Vontobel.
Curiosamente, al mismo tiempo las empresas aseguran estar teniendo dificultades a la hora de afianzar dichos criterios. Algo que achacan principalmente a la falta de estandarización de indicadores y métricas, a la escasez de información y a la baja fiabilidad de los datos disponibles.
En España se han hecho importantes esfuerzos en lo que respecta al cumplimiento de estos criterios ASG. Sin embargo, la percepción generalizada de los españoles es que sus empresas no hacen suficiente para cumplirlos. Tres de cada cuatro trabajadores encuestados consideran que sus compañías deberían implementar acciones adicionales en este ámbito. Lo cual deja entrever la dificultad que entraña para las empresas contar lo que hacen, más allá por supuesto de hacerlo.
En el año 2020 la Comisión Europea incluyó tres objetivos en su Plan de Acción para financiar el crecimiento sostenible: que el capital privado se dirigiera hacia inversores sostenibles; que la sostenibilidad se integrase en la gestión de riesgos; y que se promocionase la transparencia corporativa en materia ASG. Y, aunque todavía no existe una normativa concreta, todo parece indicar que pronto habrá una serie de criterios obligatorios. Al menos, para poder acceder a la financiación pública.
Algunos países ya están tomando medidas más estrictas. En Alemania, por ejemplo, trabajan en una norma para que los fondos que se autodenominen sostenibles solo puedan usar el término si tienen una cuota mínima de inversión en activos de este tipo del 75%. En Italia, el Banco de Italia ha publicado la Carta de Inversión Sostenible con criterios de exclusión específicos para la selección de inversiones, donde quedan fuera las compañías que generen impactos sociales y ambientales negativos.
En España continuamos unos pasos por detrás del resto de Europa en materia de criterios ASG. Se han establecido normas que afectan a esos criterios, pero no existen ni medidas de examen ni consecuencias para quienes las incumplan. De hecho, en nuestro país existen -desde hace 18 años- las recomendaciones de la CNMV en materia de buen gobierno corporativo a las empresas cotizadas, pero no dejan de ser simples consejos. Por lo que queda camino por recorrer.
A estas alturas de la película parece evidente que invertir en proyectos que incorporen criterios ASG es el camino a seguir, tanto por la legislación que previsiblemente vendrá como para evitar la pérdida de futuras oportunidades. Por eso, con 2030 a la vuelta de la esquina, España debe tomar medidas para impulsar la inversión responsable si quiere evitar quedarse atrás con respecto al resto de Europa. Todavía estamos a tiempo.
Tribuna elaborada por Miguel Ángel Rodríguez Caveda, cofundador y CEO de BeHappy Investments
Por Funds Society, Madrid
