El cambio climático es intrínsecamente inflacionista. El aumento de las temperaturas medias con sus fluctuaciones estacionales, las catástrofes naturales y los cambios medioambientales perdurables tendrán efectos negativos en la oferta de bienes y mano de obra, y positivos en la demanda local.
El Banco Central Europeo calcula que, si no se controlan, los efectos físicos del cambio climático podrían aumentar entre un 1% y un 3% la tasa general de inflación anual solo durante la próxima década. Además, es muy posible que esta situación se prolongue más allá de la próxima década por el riesgo añadido de un incremento descontrolado de los precios una vez que se tengan en cuenta sus interacciones con la estabilidad política y social.
Pero a diferencia de un escenario no controlado, los efectos inflacionistas de la transición son más previsibles y limitados en el tiempo. Por tanto, sus consecuencias sociales serían más fáciles de gestionar para las autoridades públicas.
El coste de la transición
Para limitar el aumento de la temperatura al objetivo del Acuerdo de París de 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales, cabe esperar que cuatro tipos de inflación —a saber, inflación verde o greenflation, inflación fósil o fossilflation, inflación de demanda o demandflation e inflación de activos varados o strandflation— añadan 1,6 puntos porcentuales a la tasa de inflación anual en los próximos 10 años, según nuestro análisis.
La transición a un sistema de energía verde generará presión de la demanda sobre algunos de los recursos críticos (metales, minerales, mano de obra cualificada) necesarios para la fabricación de nuevos bienes de equipo productores de energía (turbinas eólicas, paneles solares, baterías de vehículos eléctricos, infraestructuras de red, etcétera).
La inflación verde ya está aquí; el coste de los aerogeneradores ha aumentado un 40% debido al encarecimiento de los insumos. La probable duplicación del precio real de los metales verdes (p. ej. níquel, zinc, y cobre) en la próxima década podría añadir un 0,1% a la tasa general de inflación anual, según nuestras previsiones.
La transición también incentivará a los productores de combustibles fósiles para que reduzcan o directamente interrumpan la inversión en mantenimiento y exploración y producción de hidrocarburos. Teniendo en cuenta el rápido ritmo de agotamiento natural de los yacimientos existentes, esto provocará un descenso de la producción mundial de hidrocarburos y, por tanto, un aumento de los precios. A esto lo llamamos inflación fósil. Nuestros estudios sugieren que, para equilibrar la demanda con la producción de petróleo, se necesitan subidas de precios de alrededor del 20% anual, lo que se traduciría en un 0,8% adicional de inflación en la tasa general anual.
La inflación de demanda es el resultado del necesario desvío de recursos de otros usos en la economía. Para un eventual aumento del 1% del PIB en inversión verde, habrá que posponer un porcentaje similar de consumo, mediante una combinación de precios más altos y tipos de interés reales más elevados. Además, la reasignación de los factores de producción (capital y puestos de trabajo) a las industrias ecológicas creará ineficiencias (desempleo, necesidades de formación, quiebras de empresas, etc.) que lastrarán la productividad global de la economía.
En la actualidad, solo se adoptan las tecnologías verdes de forma generalizada cuando se consideran superiores o cuando sus costes son competitivos. Por ejemplo, la generación de electricidad con fuentes renovables es competitiva en comparación con la generada mediante combustibles fósiles o energía nuclear, incluso cuando se tienen en cuenta los costes de las mejoras de la red y similares.
Sin embargo, en muchos sectores como los de cemento, acero, calefacción, aviación y transporte marítimo calculamos una prima de precios verde de entre el 25% y el 300% si no se producen avances en el tamaño, la innovación o las normativas. Si se produce una creación forzada o natural de activos redundantes y en desuso —por ejemplo, debido a la intervención estatal—, se producirá un choque negativo de la oferta sobre la productividad, y otro efecto inflacionista de la transición, la inflación de activos varados. En conjunto, creemos que la inflación de demanda y la de activos varados podrían sumar un 0,7% adicional a la tasa general de inflación cada año.
Un quebradero de cabeza para los bancos centrales
Estimamos que la transición energética podría añadir aproximadamente 1,6% anuales a la inflación a lo largo de una década, para después comenzar a diluirse a medida que la inflación fósil se va convirtiendo en deflación y el ciclo de inversiones alcance su punto álgido. Pero está claro que este sería el menos malo de dos males, ya que la alternativa sería un período de inflación más elevada, menos previsible y menos controlable. No obstante, este largo periodo de transición seguirá planteando retos considerables a los bancos centrales, guardianes de la estabilidad de precios.
Deben decidir si esta inflación transitoria debería dejarse pasar a riesgo de desanclar las expectativas a largo plazo sobre los precios, o si deberían usarla como justificación para provocar deflación en otras áreas de la economía.
Sin duda, una cooperación monetaria internacional ayudaría a mitigar los efectos distorsionadores no deseados en los precios de importación, el impacto en las divisas y los tipos de interés mundiales. Sin embargo, ésta no parece muy probable a corto plazo. Por el momento, la Reserva Federal estadounidense —el eje del sistema mundial— prefiere mantenerse al margen. Ansiosa por preservar su independencia, la institución opta por no abrir un asunto tan politizado y considera que es mejor que tome las decisiones su órgano supervisor, el Congreso.
Como mínimo, los bancos centrales podrían aislar algunos costes climáticos de las definiciones de inflación o dotarse de mayor flexibilidad sobre el horizonte temporal en el que debe interpretarse su objetivo de “estabilidad de precios”. Lo que está claro, no obstante, es que la inflación de la transición energética se acelerará. Los responsables de la política monetaria y los Gobiernos deben encontrar la mejor manera de gestionar sus efectos, y deben hacerlo pronto.
Tribuna elaborada por Lloyd McAllister, responsable de inversiones sostenibles de Carmignac, Raphaël Gallardo, economista jefe de Carmignac , y Michel Wiskirski, especialista en materias primas de Carmignac.
