La nueva administración del presidente Joe Biden tendrá una influencia fundamental sobre la agenda económica bilateral entre Estados Unidos y México. Si bien muchos de los temas que conforman esta agenda han quedado plasmados en el texto del T-MEC, aún está por verse el grado de flexibilidad que el gobierno de Biden mostrará en la aplicación de ciertas disposiciones comerciales, laborales y ambientales que han sido suscritas en el tratado.
Industria automotriz
Uno de los temas de mayor relevancia económica para México será la flexibilidad de la futura administración estadounidense en la aplicación de las regulaciones para el cumplimiento de las reglas de origen en la industria automotriz. Es importante mencionar que las principales diferencias entre el TLCAN y el T-MEC sobre reglas automotrices incluyen un incremento gradual en el contenido de valor regional, reglas actualizadas para los vehículos de tecnología avanzada y nuevas reglas sobre el contenido de valor laboral.
Para cumplir con las nuevas reglas de contenido de valor regional, la industria automotriz cuenta con un periodo de gracia de tres y siete años para vehículos ligeros y pesados, respectivamente. Por ejemplo, los porcentajes de contenido regional mínimo se irán incrementando gradualmente hasta llegar a 75% y 70% a partir del 1 de julio de 2023 y 2027, respectivamente. Una mayor flexibilidad por parte de la nueva administración estadounidense en la aplicación de estas nuevas regulaciones permitirá que continúe la producción eficiente de la industria automotriz en la región de Norteamérica, su competitividad global y mejores precios a los consumidores de productos automotrices.
Disposiciones laborales
Otro de los temas económicos importantes de esta nueva agenda económica bilateral se desprende de las nuevas disposiciones laborales contenidas en el T-MEC. Entre estas destacan, el nuevo mecanismo laboral de respuesta rápida, la eliminación de que el incumplimiento de la disposición tenga que ser recurrente y la carga de prueba que ahora recae sobre la parte acusada.
El nuevo mecanismo laboral busca remediar la negación a derechos laborales como la libre asociación y la negociación colectiva por parte de una entidad privada en un sitio de trabajo. A través de un panel se determina si a los trabajadores les están siendo negados sus derechos laborales, no si un gobierno rompió alguna disposición laboral del acuerdo. Por su parte, la eliminación de la recurrencia del incumplimiento baja el umbral para demostrar que ha habido una infracción por violencia, amenazas e intimidación laboral. En lo referente a la carga de prueba, la parte acusada es quien tendrá que demostrar que las aludidas violaciones laborales no están afectando de alguna manera el comercio y la inversión.
Las nuevas disposiciones laborales podrían traer un caudal de demandas laborales en contra de empresas operando en México. El relativo activismo de la administración de Biden con respecto a castigar el incumplimiento de estas nuevas disposiciones jugará un papel clave en la agenda económica bilateral entre Estados Unidos y México.
Energías limpias y justicia ambiental
El plan de Biden para una revolución de energías limpias y justicia ambiental contempla un fortalecimiento en la colaboración con países del continente americano en materia de iniciativas de mitigación de cambio climático y energías renovables. Al interior de esta estrategia de mayor colaboración sobresalen los siguientes aspectos: i) un marco para limitar la emisión de gases de efecto invernadero en las actividades agropecuarias; ii) nuevos estándares comunes para el reverdecimiento de la manufactura, la minería y el turismo; y iii) grandes inversiones en tecnologías de energías limpias.
Es importante mencionar que Biden tiene la intención de que Estados Unidos se convierta en un gran exportador de tecnologías de energías renovables y ello pueda contribuir a enfrentar los grandes desafíos globales en materia de cambio climático y contaminación.
El Acuerdo de Cooperación Ambiental suscrito en el T-MEC busca apoyar el crecimiento verde y el desarrollo sustentable mediante, entre otras cosas, la promoción de la eficiencia energética y de recursos, incluyendo las fuentes alternativas y renovables de energía. En su afán por promover el liderazgo de Estados Unidos en acciones de mitigación de cambio climático, el gobierno de Biden podría velar por un cumplimiento más estricto de este acuerdo ambientalista en la región de Norteamérica.
En los últimos meses, las energías renovables variables en México han estado sujetas a una política energética no amigable por parte del gobierno actual. Entre estas acciones se incluyen la cancelación de la cuarta ronda de subastas de electricidad de largo plazo, la modificación de certificados de energías limpias, cambios a los derechos de conexión a la red de transmisión y mayores tarifas en esta red. Si bien la implementación de varias de estas políticas se encuentra suspendida por órdenes judiciales, el clima de incertidumbre regulatoria sin lugar a dudas afectará inversiones futuras en este tipo de energías.
En virtud de que este tipo de políticas energéticas nacionalistas a favor de la CFE podrían estar violando el capítulo de Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados contenido en el T-MEC, un activismo de la administración de Biden en apoyo a empresas estadounidenses afectadas podría ayudar a empezar a revertir este tipo de políticas.
Valoración
La relación económica entre México y Estados Unidos dependerá fundamentalmente de la flexibilidad que demuestre el gobierno de Biden en el cumplimiento de disposiciones comerciales, laborales y ambientales que han sido suscritas en el T-MEC.
El activismo internacional del nuevo gobierno de Estados Unidos en materia de mitigación del cambio climático determinará en gran medida el futuro de las energías renovables. Para que el gobierno mexicano empiece a revertir su política energética en detrimento de este tipo de energías, será necesario que el gobierno de Biden se involucre decididamente en el apoyo a empresas estadounidenses afectadas por las modificaciones regulatorias en materia de electricidad.
Arnulfo Rodríguez es Economista Principal de BBVA Research
Por Magdalena Martínez
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