La crisis financiera soplará diez velas en unos meses. Asoló el mercado financiero al completo, amenazando la estabilidad financiera mundial como nunca en el siglo XXI. Lo que la hizo tan importante no fue sólo su impacto en los mercados, ni siquiera en la economía real: fue la herida psicológica que dejó en el pequeños y medianos empresarios e inversores. Por eso, la caída en barrena del Banco Popular y las distintas reacciones que ha provocado son en parte herencia de una nueva actitud, surgida de la crisis. Desde clientes a inversores, desde fondistas al regulador, todas sus reacciones están influidas por el eco de la crisis.
Al mercado en su conjunto el incidente le ha afectado poco. No ha habido efecto contagio, ni se ha molestado al contribuyente. ¿Por qué? Porque a raíz de la crisis se creó la Junta de Resolución Única, cuya primera actuación ha sido la subasta de la entidad para evitar una situación de iliquidez y posible quiebra. Valoramos muchísimo esta contención, ya que demuestra que el BCE no está dispuesto a tolerar la repetición de antiguos dramas y es capaz de actuar rápido, cosa que no lo caracteriza.
Los clientes y depositantes, que según las cifras de depósitos parecen haberse fugado masivamente de la entidad, saben ya por experiencia que nada es 100% seguro. La crisis les ha enseñado que no es una buena idea salir el último, y aunque los que queden sean ya clientes del Santander, todos saben que la situación no “se veía venir”. El BCE ha preferido protegerles, frente a accionistas y poseedores de deuda subordinada o convertible del banco, que pierden toda su inversión.
A los accionistas hay que dividirlos en dos grupos. Un grupo lo forman los que acudieron a la ampliación de capital del año pasado, que tienen a los abogados calentando motores para repetir la reclamación que hicieron a Bankia sobre la base de información errónea. En segundo lugar está el accionista tipo, que seguramente arrastraba pérdidas casi totales del capital cuando el Popular cerró por última vez, y tendrá que decidir qué hacer. Ya hay iniciativas enfocadas denunciar una gestión negligente de la entidad, organizadas en plataformas de afectados y con denuncias puestas ante la fiscalía anticorrupción.
Esta actitud beligerante pero rápida y organizada por cauces legales es absolutamente legítima, y también procede de la experiencia de la crisis: Si el regulador o la entidad no hacen su trabajo, hay que exigir responsabilidades. Los bonistas senior, al no tratarse de capital, no sufrirán pérdidas. Nueva lección de prudencia para los inversores, que suelen acordarse de Santa Bárbara sólo cuando hay quiebra.
El banco vagaba por el sector como alma en pena con un 34% de préstamos morosos, pese a haber superado los tests de estrés del pasado año, y la nueva gestión del banco apenas tuvo tiempo de poner parches a la situación. El resultado es un sector más concentrado todavía, en un proceso rápido que se ha cobrado muy pocas bajas.