Antes de la aprobación de la nueva reforma tributaria de la Administración Trump, muchos habían especulado sobre dos posibles impactos clave para los clientes no residentes de la banca privada y de los broker: la eliminación de la disparidad en la exención del impuesto de sucesiones entre personas no estadounidenses y estadounidenses, y la eliminación del impuesto de sucesiones en sí, que podría haber suprimido una de las razones más antiguas para utilizar estructuras offshore.
El 22 de diciembre de 2017, se promulgó la «Ley de reducción de impuestos y empleos». En ella se modifica el impuesto de sucesiones para personas estadounidenses únicamente. Las secciones número 2010 y 2001, que se aplican a propiedades de ciudadanos o de residentes, no modificaron los impuestos que atañen a las propiedades de los no residentes que no son ciudadanos de Estados Unidos.
Bajo la Sección 2010, el monto de la exclusión básica para las propiedades de los fallecidos residentes o ciudadanos que fallezcan después del 31 de diciembre de 2017 y antes del 1 de enero de 2026 se incrementa de US$5.000.000 a US$10.000.000. Pero, las secciones con número 2101-2108, las que fijan las condiciones para los no residentes o no ciudadanos, no registraron ningún tipo de enmienda.
En consecuencia, el impuesto que se aplica a la transferencia de patrimonio imponible de difuntos no residentes que no sean ciudadanos de EE. UU. está sujeto a una exclusión básica mínima de solo US$60.000.
Dado que la fiscalidad sobre los activos en Estados Unidos cuando se traspasan tras la defunción sigue vigente, los clientes de wealth management deben tener cuidado al planificar cómo se mantienen esos activos, incluida la consideración apropiada de las estructuras de inversión personal offshore.
Si tiene alguna pregunta sobre este u otros asuntos de banca privada transfronteriza, comuníquese con Sergio Alvarez-Mena (305-71-9759) o Kathy Keneally (212-326-3402).
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