Todos los días escuchamos noticias relacionadas con el cambio climático y con la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En este contexto hay que preguntarse: ¿cómo podemos contribuir en las inversiones financieras a esta descarbonización? Para responder a esta pregunta es bueno mirar al punto de partida de iniciativas sobre el cambio climático, describir las soluciones disponibles hoy en día y hablar sobre los retos pendientes.
En 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, fijando 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos la defensa del medio ambiente y lucha contra el cambio climático. Ese mismo año, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en París, se estableció el objetivo de compatibilizar los flujos financieros con una trayectoria que llevase a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de GEI. Se fijó el objetivo global de mantener en este siglo el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °.
De cara a la consecución de este objetivo, en 2018 la Comisión Europea lanzó su Plan de Acción, con idea de reorientar los flujos de capital para lograr así un crecimiento sostenible e inclusivo. Se establecieron 10 iniciativas, una de las cuales fue la elaboración de índices de referencia climáticos para carteras y productos de inversión. El Pacto Verde Europeo adoptado en 2019 estableció como objetivo transformar la Unión Europea (UE) en una sociedad con una economía eficiente en el uso de los recursos, en la que no habría emisiones netas de GEI en 2050 y el crecimiento económico estaría disociado del uso de los recursos.
El Grupo de Expertos Técnicos de la UE en Finanzas Sostenibles (TEG) se ha encargado del diseño de la metodología de los índices de referencia climáticos, que pueden construirse para toda clase de activos salvo para tipos de interés y divisas. La UE persigue varios objetivos con la regulación de estos índices, como son la transparencia, el cumplimiento de unos estándares mínimos para evitar el temido greenwashing, facilitar la comparativa entre índices y fomentar la construcción de productos financieros con objetivos medioambientalmente sostenibles.
Cuando nos planteamos construir carteras de inversión con este prisma climático, encontramos dos tipos de índices de referencia regulados por la UE: 1) Los de transición climática (Climate Transition Benchmark-CTB) y los armonizados con el Acuerdo de París (Paris Aligned Benchmark- PAB).
Estos dos tipos de índice tienen características comunes como: 1) Usan una temperatura de 1,5 °C como escenario de referencia; 2) Tienen en los sectores que deben reducir activamente sus emisiones de GEI el mismo peso mínimo que en el de su universo; 3) Marcan un objetivo de reducción de su intensidad de GEI de al menos un 7 % al año de media. Sin embargo, los índices armonizados con el Acuerdo de París presentan objetivos más ambiciosos que los índices de transición climática. Las principales diferencias entre ambos son: 1) La reducción inicial de GEI frente al universo invertible es de al menos un 30% para los índices CTB y de al menos un 50% para los índices PAB; 2) La proporción de ingresos verdes sobre ingresos marrones de las compañías es superior en los índices PAB; 3) El número de compañías que se excluyen en los índices PAB es superior al de los índices CTB.
Cuando queremos medir la trayectoria de descarbonización de una cartera, el principal parámetro utilizado es la intensidad de emisiones de GEI. Esta medida facilita la comparabilidad entre carteras, sectores o instrumentos que las componen. La metodología debería incluir datos sobre las emisiones de GEI de ámbito 1, 2 y 3, esto es, las generadas por los productos y servicios que fabrica la empresa, las de ámbito 2 que resultan del consumo de electricidad, vapor, u otras fuentes de energía empleadas en la cadena de producción y las de ámbito 3 que son todas las indirectas no cubiertas anteriormente. El acceso y la calidad de los datos de emisiones de ámbito 3 suponen un importante reto a tener en cuenta. Por ello la UE establece que su incorporación deberá estar completada el 31 de diciembre de 2024.
Hoy en día existen instrumentos financieros basados en estos índices de referencia climáticos regulados por la UE. Mayoritariamente son productos de gestión pasiva de renta variable, que invierten en compañías de las principales geografías del mundo (Estados Unidos, Europa, Japón y Emergente). Dado que su objetivo consiste en la contribución sustancial a la mitigación del cambio climático, estos instrumentos encajarían dentro de la definición de preferencias de sostenibilidad de MIFID II, siendo pieza fundamental en la construcción de carteras sostenibles. Pero cabe preguntarse por el resto de las piezas del puzzle. Sería necesario contar con instrumentos similares para el resto de clases de activos. Actualmente, no existe el mismo grado de desarrollo para los índices de renta fija. Mucho menos, si ahondamos en otro tipo de activos como commodities o inversiones alternativas, donde es muy difícil encontrar una aproximación a esta perspectiva climática.
Entonces, ¿qué nos queda por hacer? En primer lugar, mejorar la gama de instrumentos financieros para que sea amplia, comprensible y presente la liquidez necesaria para construir carteras con objetivos de descarbonización. De este modo conseguiremos que la inversión privada se canalice hacia actividades medioambientalmente sostenibles. En segundo lugar, hay que buscar la excelencia en la calidad de los datos, así como la transparencia en su información, tanto desde las compañías como desde los gestores de las inversiones. Por último, nos preguntamos si la industria de la gestión activa competirá en este mundo de índices climáticos y si será capaz de mejorar, no solo la rentabilidad financiera de estos productos, sino también su perfil sostenible. Todo un reto a futuro, con el que esperamos alcanzar el objetivo de transición a una economía baja en carbono, más sostenible, eficiente en el uso de los recursos y circular, en consonancia con los ODS y el Acuerdo de París.
Tribuna de Inma Ansoleaga Imaz y Valle Fernández de la Morena, gestoras del equipo de Sustainable Investment en BBVA Asset Management.
Por Alba Menéndez
Por Funds Society, Madrid