Aunque los esfuerzos colectivos por combatir la evasión fiscal internacional no son nuevos, la crisis financiera de 2008 empujó a los países industrializados a sumar fuerzas en contra de los centros financieros con resultados dramáticos. Bajo la amenaza de sanciones por parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y del Grupo de Accion Financiera Internacional (GAFI), los centros financieros cambiaron sus leyes y prácticas, se hicieron más transparentes, adoptaron normas más estrictas de conocimiento del cliente -Know your Customer (KYC)- y contra el lavado de capitales, e implementaron mecanismos para intercambiar información con las jurisdicciones onshore.
En este sentido y en el marco de un reciente desayuno celebrado por Florida International Bankers Association (FIBA) en Miami, John Ryan, presidente de CISA Trust Company (Suiza), recordó, entre otras cosas, que la revisión de 2011 de la OCDE encontró que Suiza no estaba cumpliendo con ciertos aspectos de las normas de transparencia de la OCDE, en cuanto a que la disponibilidad de mecanismos de información eran escasos para identificar el dueño efectivo de las sociedades con acciones al portador suizas y compañías extranjeras con sede permanente en Suiza.
En cuanto al acceso a la información, el presidente de CISA, firma que desde 2012 cuenta con una oficina en Miami para asesorar al cliente latinoamericano, recalcó que las autoridades suizas no tienen la posibilidad de acceder a la información bancaria bajo los viejos tratados para evitar la doble tributación (DTTs) excepto en casos de fraude fiscal. Para hacer frente a este y otros problemas, Suiza legisló en octubre de 2013.
Asimismo, Ryan explicó que tradicionalmente, Suiza no intercambiaba información en materia tributaria y que los DTTs no contenían cláusulas de intercambio de información. “Esta práctica se desarrolló, y las clausulas de intercambio de información se fueron introduciendo gradualmente en los casos de fraude fiscal, no evasión fiscal, y estaban limitados a hacer cumplir los acuerdos de doble tributación, pero no en hacer cumplir las leyes nacionales del estado requirente”, manifestó.
Bajo la presión de la OCDE, Suiza abandonó su reserva de años al Artículo 26 del modelo de la Convención de la OCDE y se comprometió a aplicar el estándar de la OCDE “previsiblemente relevante” para eliminar la distinción entre “evasión fiscal” y “fraude fiscal”, y en modificar los acuerdos DTT en concordancia.
La nueva norma de la OCDE que pide el intercambio de información automático fue anunciada el 13 de febrero de 2014. El 21 de julio, la OCDE aprobó y publicó la versión completa de la nueva norma automática. La nueva norma exigirá a los países intercambiar información automáticamente sobre una base anual, incluyendo los ingresos por inversión (intereses y dividendos), el saldo de cuentas y productos de la venta. A las instituciones financieras se les exigirá adoptar un enfoque “transparente” y reportar información sobre los beneficiarios reales de las personas jurídicas y fideicomisos. Sin embargo, aparentemente la OCDE ha eximido a Estados Unidos de este requisito.
Como miembro de la OCDE, Suiza ha aprobado la nueva norma automática, incluyendo la adopción de un enfoque “transparente”. Antes de su adopción, Suiza expresó su preocupación por la igualdad de condiciones. Después de que la nueva norma se anunciara, Suiza declaró que espera que la exención dada por la OCDE a Estados Unidos a partir de la adopción de un enfoque “transparente” sea de carácter temporal. Suiza también ha declarado que la aplicación automática de la nueva norma dará prioridad a los países con los que Suiza haya cerrado lazos económicos y políticos, lo que proporcionará oportunidades de regularización para los contribuyentes que no cumplen y proporcionará acceso al mercado de las instituciones suizas.
Respecto a la Recomendación 3 de GAFI sobre el tratamiento de los delitos fiscales como delitos de lavado de capitales, en diciembre de 2013, el gobierno suizo presentó una legislación doméstica que contempla el “fraude fiscal” como un delito de lavado de capitales. La norma, que todavía está pendiente, se espera que tenga amplias repercusiones en la industria bancaria suiza en un momento en el que los bancos endurecen sus normas de aceptación y retención de los activos libres de impuestos para mitigar la exposición a los delitos de lavado de capitales.
Con respecto a los informes de actividades sospechosas, la Unidad de Inteligencia suiza (FIU, por sus siglas en inglés) es la oficina de Información de Lavado de Dinero suiza (MROS, por sus siglas en inglés), que recibe y analiza los informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) presentadas por los intermediarios financieros.
Por último, Ryan recordó que históricamente, la FIU suiza no compartía información financiera contenida en los SARs con sus pares extranjeros debido a impedimentos legales bajo las leyes de secreto suizo. Sin embargo, bajo la presencia de GAFI y el grupo Egmont, Suiza modificó su legislación contra el lavado de capitales para autorizar a MROS a compartir información con las FIUs extranjeras. La MROS puede ahora compartir información con unidades de inteligencia de otros países que garanticen que van a utilizar la información únicamente con fines de análisis de reportes de actividades sospechosas y que no van a compartir la información con autoridades terceras sin el consentimiento expreso de la MROS. Además, la MROS puede consentir a la unidad de inteligencia extranjera de turno referir esa información a sus respectivas autoridades nacionales para su enjuiciamiento, a condición de que los crímenes sean delitos bajo la ley suiza.