El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado del Consejo General de Economistas (CGE), ha presentado la encuesta realizada por el Instituto de Economía de Barcelona (IEB) en la que se recoge la opinión de un colectivo de más de 5.000 economistas asesores fiscales sobre nuestro sistema tributario, a través de más de 700 contestaciones al formulario propuesto.
El presidente del REAF, Agustín Fernández, entre las recomendaciones que se realizan a la vista de los resultados de la encuesta, destacó que “convendría hacer un análisis coste-beneficio de la deducción por inversiones en I+D+i, seguir reduciendo el ámbito de aplicación del régimen de módulos, acometer la reforma de la tributación de la riqueza y que los legislativos autonómicos tengan en cuenta que la normativa tributaria que aprueban puede provocar el cambio de residencia de algunos contribuyentes”.
Así, dentro de la reforma fiscal que se deberá producir en el medio plazo, entre otras causas para consolidar las finanzas públicas, es imprescindible replantearse lo relativo a la tributación de la riqueza ya que, según se desprende de los resultados de la encuesta, los principales impuestos ligados a esta fiscalidad no cumplen la función para la que fueron diseñados, destacan los expertos.
Innovación, IRPF e IVA
Otras recomendaciones del REAF a la vista de la opinión de sus miembros sobre el sistema fiscal español, hablan de la revisión de la deducción por I+D+i en el sentido de que esta actividad, de importancia capital en una economía moderna, «puede que deba ser incentivada de otra forma, y no fundamentalmente con el beneficio fiscal regulado en el Impuesto sobre Sociedades». También piden la reducción de la diferencia entre el tipo del Impuesto sobre Sociedades y los del IRPF rebajando estos, lo que minoraría el fraude fiscal: «Desde luego, no podemos obviar los problemas que ello entraña, por un lado, porque la competencia fiscal internacional hace casi inviable una subida del tipo societario y porque, normalmente, la progresividad del IRPF se articula a través de la progresividad de la tarifa», explican.
Otra propuesta: sería conveniente reducir, aún más, dicen, el ámbito de aplicación de la estimación objetiva en el IRPF porque sigue existiendo una opinión fundada de que este régimen especial puede fomentar el fraude. Esto es especialmente significativo cuando se trata de actividades cuyos principales destinatarios no son consumidores finales.
Sobre el IVA, creen que sería deseable intentar la simplificación del IVA y, ahora que se baraja la posibilidad de que se produzca una subida de tipos en este impuesto, hay que tener en cuenta que el incremento de recaudación que ello pueda suponer se verá mermado por el más que probable incremento del fraude.
«Para mejorar nuestro sistema tributario se debería intentar que la normativa tributaria fuera más estable, estuviera redactada con mayor claridad y adelantar lo más posible su interpretación», añaden.
Diferencias de tributación
También consideran que hay que modular las diferencias de tributación entre las distintas comunidades autónomas –que indudablemente tienen su razón de ser en la corresponsabilidad fiscal- porque pueden ocasionar movimientos de residencia fiscal cuando, en el establecimiento del domicilio, lo deseable es que primen los motivos económicos, personales o sociales.
«La AEAT debería intentar cambiar la imagen que presenta al contribuyente de priorizar los fines recaudatorios sobre los de justicia tributaria y de ser inflexible ante empresas y contribuyentes. A este respecto, sería importante potenciar la relación cooperativa incrementando la transparencia. Tanto la AEAT como las comunidades autónomas deberían modular el progresivo endurecimiento observado en las actuaciones de comprobación, sobre todo en vía de gestión. No se trata de que disminuyan las comprobaciones o de que no se regularicen las situaciones cuando sea necesario, sino de que se realicen de una manera más personalizada, dando la posibilidad de que el contribuyente explique sus circunstancias y de que sean escuchadas sus alegaciones», añaden.
También proponen hacer un esfuerzo de explicación de las normas tributarias y de las razones de su implantación o de las modificaciones que se deban realizar en ellas. Esto impediría que se tenga la percepción de que el sistema fiscal actual es peor que el de hace más de 10 o 15 años, lo que seguramente no sería así de actuar en el sentido expresado.
Críticos con el sistema
En la presentación han participado Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), José María Durán, director del Instituto de Economía de Barcelona (IEB), y Alejandro Esteller, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona y miembro del IEB.
Todos ellos han coincidido en resaltar la importancia de este estudio empírico ya que, al haberse obtenido respuestas de una muestra tan significativa de asesores fiscales de toda la geografía española, que son unos actores tributarios muy cualificados para formarse una opinión sobre el sistema tributario -no solo como profesionales sino también como observadores de la percepción de contribuyentes particulares y empresas-, los resultados de dicho estudio pueden dar una idea fidedigna de la opinión mayoritaria.
Para el presidente del CGE, Valentín Pich, “la encuesta pone de relieve algo que ya intuíamos en la organización de los economistas: que contribuyentes y profesionales son críticos con el sistema tributario y con las administraciones encargadas de aplicarlo, aunque valorando en estas últimas el esfuerzo realizado en la adaptación a las nuevas tecnologías”. Y, en este sentido –ha señalado Pich– “hay que abogar por una simplificación y clarificación, tanto legislativa como de interpretación, y las Administraciones deben de atemperar el progresivo endurecimiento de las comprobaciones tributarias, más que en su extensión y profundidad, en la forma de realizarlas”.
Por su parte, los investigadores del IEB, José Mª Durán y Alejandro Esteller-Moré, destacaron la representatividad de la muestra –con la que se alcanza un margen de error del +/- 3,4% con un nivel de confianza del 95%- y que “la percepción que tienen los profesionales sobre los principales impuestos no es negativa, salvo en lo que respecta a los que gravan la riqueza, respecto a los que consideran que no sirven para cumplir los objetivos que justifican su aplicación”.