El banco suizo BSI ha sido el primero en llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el marco del programa voluntario de reconocimiento de ofensas fiscales. Mediante el pago de una multa de 211 millones de dólares evitará ir a juicio, según comunicaba la propia entidad al presentar sus resultados anuales la pasada semana.
Este programa tiene su origen en agosto de 2013, cuando los gobiernos suizo y estadounidense firmaron un acuerdo por el que las entidades financieras suizas pueden optar por comunicar si están o no en riesgo de tener dinero no declarado de ciudadanos de Estados Unidos en las cuentas de sus clientes. Antes de la firma de este tratado, UBS pactó poner fin a un proceso judicial en el que se enfrentaba a cargos criminales y civiles en 2009 por evasión de impuestos de sus clientes norteamericanos, a cambio del pago de 780 millones de dólares y la entrega a las autoridades del nombre de algunos de esos clientes.
Se estima que por encima de 100 de entre los más de 300 bancos suizos y otras instituciones financieras del país se han apuntado al programa del Departamento de Justicia de EE.UU. en uno u otro nivel.
En el comunicado, BSI afirmaba ser el primer “banco de categoría 2” en llegar a un Acuerdo de No-Imputación bajo el programa creado específicamente para la banca suiza en materia de evasión fiscal. Así, BSI “resuelve su responsabilidad frente al Departamento de Justicia en relación con el negocio de banca privada offshore con ciudadanos norteamericanos, mediante el pago de 211 millones de dólares, cifra que queda imputada en los resultados del banco de 2014”.
Por otra parte, en el comunicado BSI afirmaba que su adquisición por parte de BTG Pactual seguía según los plazos previstos.
Para que un banco suizo sea elegible para este programa, debe revelar todas sus actividades offshore, dar información detallada de las cuentas en las que los residentes fiscales en EE.UU. tengan un interés directo o indirecto, cooperar en los requerimientos de información del tratado, proveer datos a otros bancos que hayan transferido fondos a cuentas secretas o que hayan aceptado fondos de cuentas secretas cuando estas fueran cerradas, así como proceder al cierre de cuentas de aquellos ciudadanos de Estados Unidos que no hayan informado debidamente sobre su existencia o no hayan pagado las multas asociadas a la existencia de estas cuentas.