La presidenta Unespa, Pilar González de Frutos, ha pedido que España diseñe un plan de previsión social integrado, para atender a lo que ya es una «necesidad social». Tras su intervención en el XXIV Encuentro del Sector Asegurador, se ha referido a la reciente reforma del Gobierno que permite a los partícipes de fondos de pensiones recuperar su dinero pasados diez años, sin necesidad de encontrarse en una situación excepcional, como desempleo o enfermedad. «Con esos pequeños toques no hacemos nada, lo que necesitamos es un plan integrado», insiste González de Frutos, para quien sí sería positivo extender las ventanas de liquidez que ya existen al cónyuge o familiar si se dan esas circunstancias excepcionales.
Para González de Frutos, estos pequeños parches no valen, pues «así no hacemos nada más que distorsionar la atención», al tiempo que insistía en que dar liquidez a los planes de pensiones después de diez años «puede ayudar a tomar decisiones de ahorro a algunas capas de jóvenes» pero va en contra del espíritu finalista de este tipo de ahorro y de su gestión, que también mira al largo plazo.
La presidenta del seguro español ha aprovechado su intervención para pedir que se reforme el sistema de pensiones y que se haga antes de cinco años para evitar que haya «perdedores». También ha recordado que según los cálculos de la Comisión Europea, la reforma realizada en España en 2011 reducirá en torno a 32 puntos la tasa de sustitución, es decir, la parte del sueldo que cubre la prestación posterior por jubilación. «Cuanto más se retrase la reforma y la creación de ese sistema de capitalización privada, por mucho que luego se quiera correr, pronto comenzarán a aparecer grandes grupos de trabajadores que se verán atrapados en la menor generosidad de la pensión sin disponer de recursos adicionales de equilibrio, o disponiendo de muy pocos», afirma De Frutos.
A su juicio, de ahí surge la necesidad de construir lo que se llama un segundo pilar, es decir «un esquema colectivo de ahorro destinado a la jubilación en el ámbito de la empresa, algo para lo que el seguro está sobradamente preparado», ha dicho. A día de hoy, esto no se ha planteado, pero «si lo hace, la expectativa racional de este sector es rendir prestaciones anuales de entre 20.000 y 25.000 millones en unos años», ha asegurado.
Otro reto al que nos enfrentaremos en cinco años es mejorar los servicios sociosanitarios, en una sociedad que cada vez estará más envejecida y tendrá más gastos relacionados con la dependencia. González de Frutos puso el ejemplo de Singapur, donde tienen un sistema de adscripción por defecto o cuasi obligatorio, que es la misma estrategia adoptada para el segundo pilar de las pensiones en Reino Unido o Nueva Zelanda y que España «debería adoptar».
Estos sistemas, tanto en el ámbito de las pensiones como en el de la dependencia, han demostrado que elevan las tasas de participación, es decir, los trabajadores inicialmente ajenos al ahorro, se ven inducidos a continuar ahorrando. «Y esto ocurre en mayor medida si este ahorro se combina con subvenciones condicionadas, en las que un tercero (el Estado o una empresa) retribuye el gesto de ahorrar con otro simultáneo de aportar más ahorro», añade.
De Frutos concluye que «es necesario mejorar el sistema de dependencia, especialmente por temas demográficos, ya que en breve las sociedades del siglo XXI tendrán una gran necesidad de servicios de salud, por lo que debemos profundizar en los esquemas de colaboración público-privados en el campo sanitario».