El 95% de los españoles cree que el Gobierno debería informar sobre la pensión pública que recibirá cuando se jubile y lo consideran un derecho del trabajador. Sin embargo, según el II Estudio sobre la jubilación y la importancia de saber realizado por Inverco, tres de cada cuatro españoles desconocen que ya hace ocho años que el Parlamento aprobó una ley que obliga al Gobierno a remitir dicha información a los ciudadanos.
Desde Inverco creen que es precisamente esa ausencia de información el principal problema de los ciudadanos a la hora de planificar su jubilación futura. “Este estudio pone de manifiesto que existe un consenso generalizado sobre la necesidad del Gobierno de informar con antelación a los ciudadanos y trabajadores sobre su pensión pública y que dicha información será clave para que tomen decisiones informadas sobre su ahorro y consumo”, ha afirmado Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, durante la presentación de este estudio.
Hasta el momento el Gobierno ha puesto a disposición de los ciudadanos una herramienta online a través de la cual se puede calcular una estimación de la pensión de jubilación futura. Sin embargo, desde Inverco advierten de que esta herramienta se basa en cálculos que no conducen a una cifra real. “La herramienta no recoge el efecto de la inflación, tampoco incopora el tope de la pensión máxima y cuanto más nos quede para jubilarnos, más alto será el importe de nuestra pensión, lo que genera una ilusión monetaria”, ha criticado Martínez-Aldama.
Además, según el estudio, tan solo tres de cada diez personas conoce dicho simulador y menos de la mitad lo ha utilizado. En opinión de Martínez-Aldama, “esto quiere decir que hay poca información y que los que la tienen, apenas muestran interés”.
Más de la mitad de los españoles cree que con el asesoramiento y la información adecuada podrán mantener su poder adquisitivo
Este estudio de Inverco concluye, además, que los españoles se muestran optimistas ante la posibilidad de mantener su poder adquisitivo en la jubilación y el 56,7% cree que con la información y el asesoramiento financiero adecuado podrán ahorrar lo necesario para mantenerlo. De hecho, ocho de cada diez trabajadores creen que tiene sentido ahorrar para la jubilación y el 98% esté preocupado porque el sistema de pensiones no sea viable a largo plazo. Respecto a la tasa de sustitución, el porcentaje del sueldo que cobrará el trabajador cuando se jubile, el estudio revela que el 24% de los españoles cree que la pensión pública supondrá menos del 50% de sus ingresos totales frente a un 9% que considera que será el 100% del último sueldo.
En materia de ahorro, Alberto Vizcaya, miembro del equipo de pensiones de Inverco, ha explicado que “aunque un porcentaje alto de españoles es consciente de que su poder adquisitivo se reducirá con la pensión pública, todavía queda mucho trabajo para explicar bien las ventajas de ahorrar a largo plazo y las diferentes alternativas que existen para complementar la jubilación”. Según refleja el estudio, tres de cuatro españoles sí ahorran con el objetivo de complementar su jubilación, pero un tercio lo hace de forma esporádica y solo dos de cada diez lo hace periódicamente. “Tenemos que ahorrar cuanto antes y de manera constante, tenemos que interiorizar que el ahorro ha de ser periódico”, afirma Vizcaya.
La mayoría de los países que nos rodean sí dan información sobre la jubilación
El informe ha localizado al menos 12 países europeos (Alemania, Austria, Croacia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Holanda y Dinamarca) que sí proporcionan información sobre el importe de la pensión pública que recibirán los trabajadores, incluso algunos desde el momento en el que empiezan a cotizar.
Estos países proporcionan información anualmente, salvo Francia que lo hace cada cinco años o Croacia y Portugal que realizan el envío de la información bajo demanda del contribuyente. Además, algunos países como Reino Unido proporcionan información adicional sobre el funcionamiento de su sistema de pensiones y sus previsiones de sostenibilidad. “En España se ha intentado dar pasos en esta dirección, pero se ha fracasado”, lamentan los expertos.
El proyecto español de 2014, pendiente de aprobación, preveía una periodicidad anual y un sistema de tramos por el que primero se enviaría la información a los mayores de 50 años, a partir de 2015 a los mayores de 40 y desde 2016 a todos los ciudadanos con al menos 5 años cotizados. “Creo que sería bueno que se aprobase, es necesario que exista esta información. No es buena esta incertidumbre que rodea al sistema de pensiones público”, concluyen.