El año pasado recibimos la noticia de la intención del gobierno de crear un “superfondo” de pensiones de empleo. Un anuncio que vino acompañado de los cambios en los límites de desgravación de los planes de pensiones. En los individuales pasaba de 8.000 a 2.000 euros (ahora vuelve a rebajarse a los 1.500) y en los de empleo a 8.000.
Con estos cambios, la intención era reforzar el ahorro en los planes de empleo como el principal pilar complementario a la pensión pública, muy insignificante si nos comparamos con otros países de nuestro entorno. Sin embargo, la reforma no fue bien aceptada por todos los colectivos ya que consideraban que perjudicaba a los planes de empleo individuales a los que pueden acceder un mayor número de personas. Además, se criticaba el hecho de haber empezado la casa por el tejado, ya que los límites fiscales entraron en vigor, pero el superfondo, que iba a compensar los cambios, no se aprobó. Sin embargo, parece que verá la luz pronto.
Será una plataforma de fondos de empleo (FPEPP) que agrupará diversos planes colectivos de empresa. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al tener un alto número de beneficiarios, se podrán establecer comisiones mucho más bajas que en los planes de pensiones individuales. Por lo que, esta será una de sus mayores ventajas. Las comisiones serán sensiblemente menores a las de los planes de empleo que hay en el mercado. Se espera que se establezca una comisión máxima del 0,5%, mientras que, de media, los planes de pensiones rondan el 1,18%.
El objetivo de la creación de este fondo es facilitar a los autónomos, pequeñas empresas o funcionarios el acceso a planes de empleo, ya que, en España, salvo en País Vasco, sólo tienen estos planes colectivos grandes empresas e instituciones. El impulso de la previsión social complementaria se encuentra entre las recomendaciones que realizó el Pacto de Toledo, además, está incluida entre las reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Para llevarlo a cabo, en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 se establecía un plazo de doce meses para que el Gobierno presentara un proyecto de ley sobre fondos de pensiones públicos de empleo en el que se atribuye a la Administración del Estado la capacidad legal para su promoción en la que se trabaja actualmente.
Por tanto, el compromiso es que este anteproyecto esté listo antes de final de año. En un primer paso, el borrador se ha llevado a la mesa del diálogo social sobre pensiones, donde se está debatiendo y analizando. Aunque quedan muchas aristas por limar hasta llegar al proyecto definitivo, Rafael Villanueva, manager del área de Retirement en Willis Towers Watson en España, señala que son medidas que van en la senda que apuntan el Pacto de Toledo o la Comisión Europea, que piden promover la previsión social complementaria en un entorno de importantes retos para el sistema público de pensiones. “Se busca poner al alcance de todos los trabajadores, asalariados, empleados públicos y autónomos, instrumentos de previsión social competitivos, con políticas de inversión adecuadas que incluyen criterios de inversión sostenible”, explica el experto.
Además, se creará la figura de los planes de empleo simplificados. Según explica Rafael Villanueva, el Plan de Empleo Simplificado (PES) se erige como la dovela clave del nuevo marco de previsión social, la pieza sobre la que el Gobierno quiere impulsar la previsión en el ámbito de la empresa (segundo pilar). “Los PES se adherirán obligatoriamente a otra de las nuevas figuras, el fondo de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP), que son los vehículos que canalizarán la inversión de estos planes que serán impulsados por la negociación colectiva, las Administraciones Públicas y asociaciones de autónomos, colegios profesionales o mutualidades de previsión social”, aclara el experto de Willis Towers Watson.
Las fórmulas de implementación y la concienciación de la sociedad serán claves para el desarrollo
Las medidas, según expone Villanueva, crean un marco adecuado para el impulso al ahorro complementario, si bien advierte de que el grado de este impulso dependerá de la fórmula de implementación por la que se opte. “Para un máximo desarrollo, debería optarse por la obligatoriedad de implantación de este tipo de planes, algo que no parece probable, entre otras cosas, por los escollos legales. Un escenario intermedio, de implantación cuasi obligatoria, podría ser un notable avance”, valora.
Tras un primer vistazo al nuevo borrador de anteproyecto, dese Finizens consideran que el simple hecho de que el debate acerca de cómo financiar las pensiones mediante un marco de colaboración público-privado se esté reavivando es una noticia altamente positiva. “Desde Finizens consideramos más que bienvenida cualquier iniciativa que vaya en la dirección de ayudar a las personas a asegurarse una jubilación más sólida y tranquila”, explica Giorgio Semenzato, ceo y cofundador de Finizens.
Por otro lado, recuerdan que el actual debate es un proceso vivo, y, por lo tanto, necesitará muy probablemente varias rondas de refinamiento de parte de los distintos agentes públicos, económicos y sociales de cara a diseñar un marco de actuación definitivo y sólido para el largo plazo. Sin embargo, Semenzato insiste en que una asignatura pendiente que existe en este ámbito es la concienciación de la sociedad acerca de la necesidad y extrema importancia de complementar la pensión pública mediante soluciones de ahorro privado, como los planes de pensiones. “Sin una profunda concienciación de la sociedad acerca de este asunto, difícilmente las medidas planteadas podrán obtener un éxito rotundo y un impacto social masivo. Creemos que queda mucho por hacer en este sentido”, alerta.
¿Por qué se crea?
Según explica Villanueva, en España ha existido tradicionalmente una alta dependencia del primer pilar (la pensión pública) en comparación con países de nuestro entorno, donde el peso de la previsión social estaba más repartido entre los tres pilares. Este déficit, según apunta, es especialmente relevante en el caso del segundo pilar (la previsión en la empresa) que en España alcanza actualmente a un porcentaje muy reducido de los trabajadores pese a que este pilar siempre ha gozado de mayor transparencia, supervisión y eficiencia económica que el tercer pilar (previsión individual).
Por tanto, a ojos de Villanueva, con este nuevo fondo público se busca crear un segundo pilar fuerte, que alcance a todo tipo de trabajadores, y en el que pueda haber incentivos que no existen en la previsión individual, como fórmulas en las que la empresa realiza aportaciones en favor del trabajador o replica o multiplica su aportación, o incluso aportaciones del Estado como ocurre en Reino Unido. Todo ello, aprovechando el marco de la negociación colectiva.
Sin embargo, el experto lamenta que en España el incentivo al segundo pilar se está basando en el desincentivo del tercero en vez de mantener una distribución más equitativa entre pilares. “No debería haber problemas en la coexistencia de incentivos en el segundo pilar y en el tercer pilar, especialmente cuando el segundo pilar alcanza aún a un porcentaje muy minoritario de los trabajadores. Muchos empleados de pymes, e incluso de grandes empresas, no cuentan aún con un sistema de previsión, lo mismo que ocurre con los autónomos. Parece que ha podido haber algo de prisa en desincentivar el tercer pilar antes de universalizar el segundo”, valora.
Por Fórmate a Fondo