A partir de febrero de 2020, todos los pensionistas españoles han visto incrementada su paga mensual un 0,9% -con carácter retroactivo desde el 1 de enero-. La medida, aprobada mediante Decreto Ley en el primer Consejo de Ministros, afectará a más de 11 millones de pensiones públicas y supondrá un aumento del gasto en pensiones de 1.218 millones de euros, 880 millones de euros más, teniendo en cuenta solo 2020, frente a lo que hubiera implicado aplicar el tope mínimo del IRP (0,25%).
Los expertos en pensiones de la consultora Willis Towers Watson advierten que la medida adoptada por el nuevo Gobierno de coalición pasa por alto la sostenibilidad financiera y la buena salud del sistema público de pensiones a medio y largo plazo. Para los analistas, tras nueve años consecutivos de déficit y con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social -conocido como hucha de las pensiones- en mínimos, deberían acometerse medidas para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema antes de incrementar aún más el gasto.
Como explica Gregorio Gil de Rozas, responsable del área de Retiro de Willis Towers Watson en España, “garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas es algo que todas las partes defendemos y que está enfocado en preservar la sostenibilidad social, pero este tipo de medida que incrementa el gasto ha de estar supeditada a que el sistema sea también sostenible financieramente. Cómo se va a pagar, quién lo va a pagar y cuándo se va a pagar son incógnitas que todavía no ha desvelado el Gobierno y que esperamos haga lo antes posible.”
Con el Factor de Sostenibilidad suspendido por el momento, el cual pretende vincular la cuantía de las pensiones con la esperanza de vida, y el IRP (Índice de Revalorización de las Pensiones) en stand-by, es evidente que todavía no se está haciendo nada para frenar el aumento imparable de la deuda pública. Es más, según ha detallado el presidente del Gobierno, si el IPC supera este año el 0,9% previsto, la Administración Pública compensará a los pensionistas con un pago único que se produciría antes de abril de 2021.
“Es un tema social muy sensible, pero debemos ser sinceros y responsables, sobre todo si no queremos endeudar de por vida a las generaciones venideras. Desde Willis Towers Watson abogamos por encontrar el equilibrio, conocer cuáles son los límites y posibilidades del sistema público de pensiones y hasta dónde puede llegar”, apunta Gil de Rozas.
La coyuntura social de hoy en día tampoco ayuda a paliar esta situación, el envejecimiento de la población provocado por el aumento de la esperanza de vida junto con la reducida tasa de natalidad hace que se ponga en peligro aún más la pervivencia del actual sistema de pensiones público. Por ello, es importante que se acometan las medidas necesarias y se aborden los cambios precisos que permitan solventar esta situación.
Las cuatro medidas que proponen los expertos
Los expertos de la consultora recomiendan, en primer lugar, repartir el esfuerzo de sostenimiento de la Seguridad Social entre todos los españoles, no sólo entre los cotizantes, asumiendo una mayor parte aquellos más jóvenes que tendrán más tiempo de planificar su propia jubilación.
Otro de los puntos clave a afrontar es la transparencia. En este sentido, Gregorio Gil de Rozas es taxativo: “Es muy importante que la información que se suministra a la sociedad por parte de la Seguridad Social sea amplia y clara para que el ciudadano pueda conocer los detalles de su futura pensión de jubilación y hacerse una composición de lugar realista”. El experto también apunta la necesidad de “un mayor rigor técnico en las estimaciones de coste a medio y largo que se suministren por parte de la Seguridad Social”.
El mantenimiento, o la redefinición, de mecanismos de corrección automática (fórmulas parametrizadas que establecen correcciones en función de la propia evolución de ciertas variables) que permitan sacar a las pensiones del debate público/político, es otro de los puntos clave a tener en cuenta para Willis Towers Watson. «El IRP y/o el factor de sostenibilidad podrían rediseñarse, no abolirse. Se trata de una de las mejores prácticas internacionales», señalan.
Para concluir, también consideran necesario acometer una aproximación integral al problema para que se dé respuesta a cómo y de qué vivirán los españoles después de su jubilación dentro de 10, 20 ó 30 años (capitalización y reparto, pensiones públicas y privadas, previsión complementaria empresarial y previsión complementaria individual, entre otras dimensiones).