En la actualidad, Chile gasta 3,5 puntos porcentuales del PIB en materia de previsión, de los cuales, un punto es para 1.300.000 personas que reciben pensiones del Estado; otro punto para 200.000 retirados de las Fuerzas Armadas y el resto para los pensionados que estaban en los antiguos sistemas de cajas. En la medida que la población chilena envejezca, en el mediano plazo, esta cifra debiera crecer en 1,5 puntos adicionales, pasando a representar 5 puntos del PIB.
Así lo señalaron el ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco y el ex ministro de Economía, Alejandro Ferreiro, indicando este último que el sistema previsional chileno “sincera” la estrechez financiera del país en el momento, puesto que, en Europa, donde existen sistemas de pensiones con mayores beneficios para las personas, los pasivos por pensiones superan el 300% del PIB.
Los especialistas entregaron estas apreciaciones durante el seminario “Cómo mejorar las pensiones, los cambios que Chile necesita para el corto y mediano plazo”, organizado por SURA y la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas (AIPEF), oportunidad en que también participó la directora ejecutiva de Comunidad Mujer, Alejandra Sepúlveda y el gerente general de AFP Capital, Eduardo Vildósola.
Durante el debate, Alejandra Sepúlveda, relevó la desigualdad de condición en la participación de la mujer en el mercado laboral, con menos años de cotizaciones, cálculos de sobrevida mayores, menos años trabajados remuneradamente y salarios más bajos que los hombres, factores todos los cuales redundan en pensiones más bajas que las de los hombres y que hoy llegan a menos de 200.000 pesos chilenos en promedio.
Además, apuntó, las mujeres solo trabajan el 60% de su vida activa pues el resto deben dedicarlo a labores de cuidados, de hijos y adultos mayores, lo que implica un subsidio encubierto y gratuito de las mujeres a la economía nacional.
Los expertos coincidieron con muchas de las medidas propuestas por la Comisión Bravo para incrementar las pensiones, indicando que la solución requiere de un esfuerzo conjunto del Estado y de la sociedad, tanto de los empleadores como de las personas a nivel individual. La discusión también debe centrarse en cómo financiar los necesarios mayores recursos en los cuales deberá incurrir el Fisco, indicaron.
Eduardo Vildósola, gerente general de AFP Capital, se manifestó de acuerdo en aumentar el porcentaje de cotización con cargo al empleador propuesto por la presidenta Bachelet, pero dijo que este aporte debe ahorrarse en un mayor porcentaje en las cuentas individuales. En este caso es más eficiente y focalizado robustecer el “pilar solidario”, indicó.
Todos los panelistas coincidieron en la urgencia de implementar la obligatoriedad de cotizar para los independientes –que hoy se acercan al 25% de los ocupados– señalando que de este grupo hoy solo ahorra el 8% del total, lo que se convierte en un problema latente cuando llegue el momento de jubilar de esas personas.