La sostenibilidad del sistema de pensiones español peligra. Desde 2015 el sistema presenta un déficit cercano a 18.000 millones de euros anuales que ha consumido el Fondo de Reserva y disparado la deuda por encima de 50.000 millones de euros. Además, según señalan desde OCOPEN (Organización de Consultores de Pensiones) en su Manifiesto por la Previsión Social Complementaria, es posible que este mismo año se superen dos hitos históricos: más de diez millones de pensionistas y una nómina mensual de 10.000 millones de euros. Y a corto plazo se producirá la plena incorporación de los baby boomers a la jubilación con pensiones cada vez más elevadas y proseguirá el aumento de la esperanza de vida.
“Queda fuera de toda duda la necesidad de acometer de forma urgente e inaplazable nuevas medidas para paliar no solo el déficit estructural actual sino también los desequilibrios actuariales internos que garanticen la sostenibilidad a largo plazo”, expresan desde la entidad. Sin embargo, cualquier reforma supondrá una disminución de la tasa de cobertura, donde, la previsión social complementaria tendrá que jugar un papel clave. Por ello, desde la organización proponen la puesta en marcha de una Estrategia Nacional de Previsión Social Complementaria.
¿En qué ámbito deberían acometerse las reformas?
Según detallan desde OCOPEN, la extensión de la previsión social complementaria debería plantearse conjuntamente con las reformas del sistema público de pensiones, con objeto de abordar el futuro de las pensiones en su globalidad. “Reconociendo que el ámbito idóneo de decisiones debe ser el Pacto de Toledo y la Mesa de Diálogo Social, estaríamos más cerca de alcanzar los objetivos si el análisis profundo se realizara en el seno de un comité de expertos nacionales e internacionales, que incluyera también a los interlocutores sociales dado que en cualquier reforma habrá de tener en cuenta, tanto el nivel de pensiones al que se pretende aspirar, como el coste y el reparto de su financiación”, explican.
¿Hay que adoptar algún tipo de medida previa?
Para los expertos de OCOPEN, cualquier reforma que se plantee debe ser socialmente aceptable. Para ello resultará imprescindible actuar en ámbitos tales como la información y la transparencia en materia de pensiones, la mejora de la cultura financiera y una mayor concienciación sobre la necesidad de planificar la jubilación. “Resultará fundamental elaborar y desarrollar planes de educación financiera en los colegios desde edades tempranas, en las empresas y en los medios de comunicación para elevar la cultura financiera de los ciudadanos. Solo así podrán tomar decisiones fundadas en la planificación de la jubilación”, expresan.
¿Debe haber un cambio de estrategia?
Si el objetivo es conseguir que la mayor parte de los ciudadanos disponga de pensiones complementarias a las públicas, los expertos de la organización consideran que debería apostarse por el desarrollo de los sistemas empresariales.
Según explican, éstos reúnen una serie de ventajas muy atractivas, como por ejemplo: permiten generalizar la previsión complementaria independientemente de la capacidad de ahorro individual; facilitan políticas de recursos humanos para atraer y retener el talento; cuentan con el asesoramiento de profesionales expertos e independientes; permiten extender los beneficios fiscales a toda la población o, como inversores institucionales, facilitan inversiones estratégicas a largo plazo necesarias para un desarrollo económico sostenible.
Sin embargo, existen diversos factores que obstaculizan esta vía y han impedido su desarrollo. “Ante estas dificultades pueden plantearse alternativas basadas en la denominada “economía conductual” y que se han aplicado en otros países con notable éxito. Es el caso del “automatic enrolment” del Reino Unido”, explica. El objetivo del gobierno británico fue ayudar a los ciudadanos a ahorrar para su jubilación mediante un sistema de adscripción automática, logrando que cerca del 90% de los trabajadores cuenten con una pensión de empresa financiada por el trabajador, el Estado y la propia empresa.
¿Qué medidas podrían implantarse?
Si se optara por implantar un nuevo modelo de previsión empresarial, para los expertos de OCOPEN debería reunir varios requisitos compartidos con el sistema británico. En este sentido, debería tener un carácter cuasi obligatorio y su implantación sería progresiva para planificar los costes y minimizar el impacto financiero y salarial. Tanto la empresa como los trabajadores deberían aportar obligatoriamente, además del Estado mediante deducciones fiscales en base o en cuota que revertieran al propio instrumento.
Los instrumentos adecuados podrían ser los planes de pensiones de empleo o las mutualidades de previsión social empresariales, en los que las decisiones y la supervisión quedan en manos de las propias empresas y los trabajadores, que a su vez cuentan con asesores independientes.
Las prestaciones deberían cobrarse preferentemente en forma de renta, combinando rentas financieras durante los primeros años con rentas vitalicias a partir de determinada edad para gestionar adecuadamente el riesgo económico que supone la longevidad.
En paralelo al desarrollo de este sistema cuasi obligatorio, la negociación colectiva podría jugar un papel efectivo si se previera que los convenios contemplen necesariamente un apartado dedicado a pensiones complementarias y podrían establecerse mejoras pactando aportaciones superiores, como por ejemplo con ganancias de productividad.
“Muchas veces se recurre a la fiscalidad como la variable más relevante para impulsar las pensiones complementarias. Es importante pero no es suficiente, por lo que deberá analizarse en un entorno de necesaria consolidación fiscal, cuáles son realmente los incentivos más eficientes y beneficiosos para el conjunto de los ciudadanos y empresas y para la consecución de los objetivos perseguidos, y actuar en consecuencia”, señalan.
En todo caso, desde OCOPEN insisten en que sería necesario revertir algunas decisiones normativas erráticas como las que afectan actualmente a los límites de aportación en los sistemas empresariales, la cotización de las aportaciones a estos sistemas, la desaparición de la deducción en el impuesto de Sociedades o la introducción de nuevos supuestos de liquidez, entre otros.