El año pasado la seguridad social presentó un déficit del 1,3% del PIB, frente al superávit medio del 1,2% previo a la anterior crisis de 2009. ¿A qué se debe? Para Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España, tal y como ha expuesto en un acto organizado por la Fundación Edad & Vida, esto se explica gracias a la demografía, un factor muy fuerte que presiona al alza el gasto de las pensiones. El aumento de la tasa de dependencia, la esperanza de vida y la entrada de los baby boomers, son algunos de los factores que afectan al déficit de la seguridad social.
Las proyecciones apuntan a un aumento sustancial de la tasa de dependencia. Desde el 30% actual, hasta la horquilla aproximada del 50-70% en 2050. En otras palabras, actualmente hay un mayor de 65 por cada 3 personas en edad de trabajar, pero en 2050 podría llegar a haber hasta menos de dos personas en edad de trabajar por cada jubilado. La evolución demográfica implicaría en 2035 entre 3,2 y 5,1 pp del PIB y 5,5 y 10,6 pp del PIB en 2050.
Estos desafíos, que no son novedosos, ya motivaron la introducción de reformas en 2011 y 2013 que supusieron un avance sustancial para garantizar la solidez financiera del sistema. Sin embargo, recientemente, se ha suspendido la aplicación del índice de revalorización y el factor de sostenibilidad. Ante la desactivación de estas palancas, Arce ha insistido en la necesidad de introducir medidas que refuercen la viabilidad financiera del sistema a medio y largo plazo. “Las cotizaciones han mantenido un peso sostenido a lo largo de los años, pero el gasto en pensiones contributivas ha pasado del 6,9% del PIB en 2007 al 10,3% en 2019”, ha justificado Arce.
Una de las vías para sanear los números de la seguridad social sería la mejora del mercado de trabajo. Pero, aunque es necesario, Arce advierte que no sería suficiente. “Si conseguimos una tasa de empleo del 80% en 2050 (un objetivo muy ambicioso), este aumento reduciría el incremento del gasto en pensiones entre un 50 y 70%. Si alcanza el 70%, compensaría entre el 29 y 42% del incremento del gasto que produce la demografía”, ejemplifica.
Los aspectos básicos de una eventual reforma
Óscar Arce considera que hay cuatro puntos fundamentales que deben ser comunes en todas las posibles reformas: sostenibilidad financiera y social; contributividad, predictabilidad y transparencia; equidad inter- e intrageneracional y un enfoque general (ya que el sistema de pensiones es un elemento clave en el funcionamiento de la economía, con vínculos directos, por ejemplo, con el mercado laboral o la capacidad de crecimiento).
Entre las alternativas para reforzar la sostenibilidad, Arce admite que uno de los mecanismos más «potentes» es el retraso de la edad de jubilación. Varios países de la UE ya han ligado la edad de jubilación a la esperanza de vida, como, por ejemplo, Dinamarca, Finlandia, Italia o Portugal. Según la AIReF, cada año de retraso de la edad efectiva de retiro reduciría el gasto en pensiones en 2048 entre 0,4 y 1,2 puntos porcentuales de PIB.
Pero la reforma de pensiones de 2011, que eleva de forma paulatina la edad de jubilación hasta alcanzar los 67 años en 2027, según Arce, aún tiene «un impacto limitado», ya que la edad efectiva se sitúa en los 64,5 años respecto a los 65,8 años de la edad legal. Sin embargo, Arce insiste en que el sistema, tal y como está calibrado, “no ofrece demasiados incentivos para quedarse en el mercado laboral una vez superada la edad de jubilación”.
Otra de las palancas a usar sería la de implantar cambios en el cálculo de la base reguladora. Según explica, aumentando el número de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, reduces los riesgos de shock personales al final de la carrera laboral, pero también conllevaría reducciones de la pensión media. “Si ampliamos el periodo de cómputo a los años iniciales eso tendrá un mayor impacto en los individuos que tuvieron mayores mejoras de rentas, es decir, en las rentas más altas», añade. Países como Finlandia Portugal o Suecia ya lo han introducido.
Por el lado del aumento de los ingresos, Arce considera que eliminar el tope máximo de cotización tendría “un potencial recaudatorio alto, pero podría afectar negativamente a la demanda del trabajo, y generar un aumento del gasto en pensiones a futuro (a no ser que se mantenga el límite impositivo por la pensión máxima, en cuyo caso el carácter contributivo del sistema se vería minorado)”.
Un incremento de la imposición puede ser una alternativa, si bien las cotizaciones sociales están por encima de la media de la UE, aunque podría afectar a toda la población, incluidos los pensionistas y tener implicaciones sobre el carácter contributivo del sistema.
El papel del ahorro en España
Según ha expuesto Arce, los hogares españoles, en promedio, suelen tener menos planes de pensiones individuales que nuestros comparables europeos. En 2017, un 23% de los hogares tenían miembros que poseían un plan de pensiones individual, 6 puntos porcentuales menos que la media del Eurosistema. Sin embargo, el volumen acumulado representa el 27% de la renta bruta anual, similar al resto de Europa, es decir, los pocos que ahorran lo hacen con una intensidad comparable a los hogares europeos. Respecto a los incentivos para el ahorro existentes en España, Arce ha admitido que la evidencia señala que estos parecen tener un efecto limitado a la hora de impulsar la generación de nuevo ahorro.
Asimismo, el experto ha recordado que, en España, los hogares españoles tienden a dar mayor peso a activos inmobiliarios en detrimento a otros activos más aptos para financiar el consumo en la etapa de jubilación. Ante estas tendencias, Arce advierte que “las condiciones actuales de envejecimiento, composición del ahorro y entorno macrofinanciero, pueden favorecer al desarrollo de productos financieros responsables y competitivos que aporten una opción para que los mayores puedan utilizar su riqueza inmobiliaria para acceder a activos financieros líquidos en condiciones atractivas y seguras”. Entre las posibles soluciones ha citado productos como la hipoteca inversa o la nuda propiedad.
Las soluciones
Otra de las soluciones que plantea Arce, sería la implantación de cuentas nocionales, como ya han hecho, de manera exitosa, países como Suecia. Respecto a este modelo, Arce admite que no soluciona per se la disyuntiva entre la suficiencia del sistema y los recursos necesarios para hacerlo viable, pero incorporan elementos útiles para proporcionar una relación más estrecha entre cotizaciones y pensiones, aumentar la transparencia en la determinación de los derechos de pensión y favorecer la toma de decisiones prudentes por parte de los individuos.