Los orígenes de la Seguridad Social moderna se remontan a la Alemania de Bismark del siglo XIX y tenía el objetivo de cubrir a los trabajadores frente a ciertas contingencias que no podrían asumir de forma individual: incapacidad, viudedad y jubilación.
Más de un siglo después, la Seguridad Social se enfrenta en mayor o menor medida en los principales países desarrollados a tres retos: garantizar la sostenibilidad y la suficiencia de sus prestaciones y la cobertura de los trabajadores y sus familias.
En los orígenes de la Seguridad Social moderna, la jubilación suponía una cobertura secundaria frente a la incapacidad o a la viudedad. Esto se debía a que solo el 30% de los trabajadores de una generación alcanzaba los 65 años, la edad de jubilación estipulada, y la esperanza de vida media cumplida esa edad era inferior a los 9 años.
Actualmente, la edad ordinaria de jubilación no excede los 68 años en ningún país, y la edad efectiva a la que se retiran los trabajadores es inferior a los 65 años. En contraste, la esperanza de vida a los 65 años se ha más que duplicado. Es decir, se viven muchos más años y la edad de jubilación no se ha retrasado, dos hechos que suponen un foco de presión para la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones.
Este hecho incrementa lo que se conoce como riesgo de longevidad, o sobrevivir a tus propias rentas o ahorros, lo que dispara el riesgo de pobreza y la insostenibilidad de los sistemas de pensiones, insostenibilidad que aumenta a medida que se incrementa la esperanza de vida sin que se produzcan cambios que se adapten a este hecho en los sistemas públicos de pensiones.
Un modelo mixto en dos etapas
Como solución a este importante acontecimiento que supone el incremento de la longevidad, Inmaculada Domínguez-Fabián, Francisco del Olmo y José Antonio Herce proponen en el documento “Reinventando la Seguridad Social: hacia un sistema mixta en dos etapas”, la adopción de un sistema mixto en el que la Seguridad Social se encargue de asegurar las rentas de forma vitalicia a partir de una “gran edad” que habría que definir pero que se situaría entre los 80 y los 90 años y en el que la industria del seguro se encargara de garantizar las rentas (rentas temporales) desde una edad de jubilación libremente elegida por el trabajador hasta dicha “gran edad”. “El auténtico reto para la sostenibilidad de los sistemas de pensiones radica en la ausencia de adaptación de los sistemas de pensiones al formidable e incesante aumento de la longevidad”, explica el documento.
En este caso, cubierto el riesgo de longevidad prácticamente de forma íntegra por la Seguridad Social, las rentas aseguradas por la industria del seguro serían más eficientes y baratas.
De esta forma los trabajadores contarían con un flujo continuo de ingresos desde su jubilación hasta su fallecimiento, provisto en dos etapas por la industria del seguro en primer lugar y la Seguridad Social en segunda instancia. Estas rentas estarían obtenidas de la forma más eficiente por cada euro cotizado y pudiendo elegir total o parcialmente el momento de su jubilación.
Este modelo solventa dos problemas existentes actualmente: la falta de adaptación de la edad de jubilación al objetivo de la Seguridad Social, que no evita el riesgo de carencia de rentas a edades avanzadas, y el ahorro insuficiente para complementar de forma vitalicia la pensión de jubilación.