Las tendencias demográficas que experimenta España, con una población envejecida y tasas de natalidad bajas, dejan en una situación complicada al sistema de pensiones público. Las últimas reformas que ha impulsado el gobierno tenían el objetivo abordar este reto, pero el Banco de España (BdE) en su informe anual señala que no son suficientes.
Hacer frente a los incrementos del gasto en pensiones que se derivarán del envejecimiento poblacional requerirá de nuevas actuaciones en el futuro por el lado de los ingresos, de los gastos o de ambos, advierte el organismo.
De hecho, el Banco de España advierte de que la medida puesta en marcha recientemente que revaloriza las pensiones en función de la inflación y la derogación del factor de sostenibilidad aumentarán el gasto de pensiones. De acuerdo con las proyecciones de la AIReF y del Informe sobre el envejecimiento de la Comisión Europea, ambas medidas implican que el gasto en pensiones crecerá entre 4,1 puntos porcentuales y 4,3 del PIB en el período 2019-2050.
De dicho incremento, en torno al 55%-65% se debería a la recuperación de la revalorización de las pensiones con el índice de precios de consumo (IPC), mientras que un 20% correspondería a la eliminación del factor de sostenibilidad. El resto —un 15%-25%— estaría asociado al hecho de que, incluso con la reforma de 2013 (factor de sostenibilidad e índice de revalorización de las pensiones), el gasto en pensiones aumentaría entre 0,7 pp y 1 pp del PIB entre 2019 y 2050, bajo los escenarios demográficos y macroeconómicos considerados.
Las recomendaciones del Banco de España
En este sentido, el Banco de España ha emitido una serie de recomendaciones. Entre las que se encuentra la conveniencia de reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas, así como de iniciar un debate riguroso que aborde el nivel de prestaciones que el sistema debe proveer y la estrategia de captación de los ingresos necesarios para financiarlas.
Además, insiste en que se deberían analizar las consecuencias redistributivas y en términos de equidad intergeneracional de las distintas reformas planteadas, de modo que los ajustes en el sistema no recaigan desproporcionadamente en grupos de población concretos, como la población jubilada o los futuros trabajadores.
Asimismo, ven deseable que se dote al sistema de una mayor transparencia y previsibilidad, para ofrecer certidumbre a los ciudadanos y facilitar la toma de decisiones en los ámbitos del ahorro, el trabajo y la jubilación. En este sentido, podría ser conveniente valorar la introducción de mecanismos automáticos de ajuste que adapten algunos parámetros del sistema a los cambios que se produzcan en las dinámicas demográficas y económicas.
La reforma de 2013 y sus sustitutos
A finales del año pasado se aprobó la primera parte de una nueva reforma del sistema de pensiones. Entre otras medidas, esta reforma estableció la revalorización de las pensiones en función de la inflación y derogó el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad (que vinculaba la pensión a la evolución de la demografía) derogado será sustituido por un nuevo mecanismo, llamado mecanismo de equidad intergeneracional (MEI). Este mecanismo consta de dos partes. En primer lugar, un aumento de 0,6 pp de las cotizaciones sociales —0,5 pp a cuenta de los empleadores y 0,1 pp a cargo de los trabajadores—, que se implementará durante 10 años a partir de 2023.
Dicho incremento podría permitir que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social llegase a acumular un capital de en torno al 2,5% del PIB en 2032. En segundo lugar, este mecanismo prevé la adopción de nuevas medidas a partir de 2032, en función de la evolución del gasto en pensiones. Estas posibles medidas adicionales deberán ser negociadas y aprobadas en su momento, aspecto que contrasta con la automaticidad de los ajustes que implicaba el factor de sostenibilidad, explican desde el Banco de España.
Al mismo tiempo, se han aprobado distintas medidas con objeto de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal. Estas medidas incluyen, en particular, un aumento de los coeficientes reductores, sobre todo para las jubilaciones anticipadas cuya base reguladora se sitúa por encima de la pensión máxima, si bien se ha establecido un período transitorio que diluye parcialmente dicho incremento.
Asimismo, se han establecido nuevos incentivos para retrasar la edad de jubilación más allá de la edad legal. De acuerdo con las estimaciones oficiales, estos nuevos incentivos podrían suponer un ahorro para el sistema de pensiones de entre 1,1 pp y 1,6 pp del PIB en 2050.
Por último, también se ha establecido un incremento sustancial de las transferencias del Estado a la Seguridad Social, que implica una considerable mejora del saldo presupuestario de esta última, si bien su efecto es nulo desde el punto de vista del agregado de las administraciones públicas, advierte el Banco de España.
La segunda parte de la reforma del sistema de pensiones contempla una serie de actuaciones adicionales, que deberán concretarse a lo largo de este año. Entre ellas, destacan medidas como el desarrollo de los planes de pensiones de empleo, la revisión de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima, un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos y una revisión del período considerado para calcular la base reguladora de la pensión.