El modelo español de pensiones afronta numerosos retos a los que cabe dar solución de forma urgente. “El fondo de las pensiones durará hasta 2020, así que queda el tiempo de gobierno de una administración y media para impulsar la reforma de un modelo de pensiones que no funciona. No es cierto que las pensiones estén garantizadas”, advertía Javier Díaz-Giménez, profesor del Departamento de Economía del IESE, en la V Jornada de Previsión BBVA bajo el título “La innovación, la servicio del cliente”, celebrada esta mañana en Madrid.
En el panel “La innovación en los sistemas de pensiones” participó todo el Foro de Expertos de la iniciativa “Mi Jubilación”, de la que Díaz-Jiménez es miembro. El experto apeló a realizar reformas de forma urgente -“reformemos y empecemos ya”, dijo- porque hasta ahora no se han realizado suficientes cambios. “Tenemos que aceptar y realizar más cambios, primero abriendo el debate y luego replantearnos si el sistema de reparto español tras las reformas de 2011 y 2013 va a permitirnos tener las pensiones que nos merecemos, generosas, contributivas, que nos permitan vivir con garantías sin trabajar en última parte de nuestras vidas, cada vez más largas”. Y su respuesta es que no: “El sistema de reparto español está agotado, completamente desbordado por su propia historia, por cómo se diseñó, por el concepto de una Seguridad Social integrada -donde las pensiones se mezclan con las prestaciones por desempleo, etc-“, explica. En su opinión, las reformas realizadas hasta ahora en el sistema público (que han elevado la edad de jubilación, han vinculado la pensión a la esperanza de vida -algo siniestro, dice- y ajustan la prestación ya no a la inflación sino a un índice nuevo), producen pensiones con menor poder adquisitivo cada año, algo que con el paso del tiempo se notará mucho y algo “no deseable”.
Por ello, aboga por reconocer los problemas y abrir el debate, algo que se resiste en España. “En el tema de pensiones es donde hay más distancia entre el discurso político, oficial y profesional”, dice, y además donde no hay debate político, pues los políticos están amparados en el Pacto de Toledo: “Los políticos han decidido que no se habla de pensiones, que no se toca el tema”, en un momento en el que solo los nuevos partidos (Ciudadanos y Podemos) lo hacen. Díaz-Giménez es muy crítico con ese pacto porque, aunque es representativo y nace del consenso de todo el Parlamento, “es lo contrario a la transparencia, es un pacto de silencio, un pacto mafioso. ¿Con qué derecho el Parlamento escabulle del discurso público este tema, que es el principal pilar del estado del bienestar? Es el paradigma del secuestro de la democracia por la democracia”, asegura.
Jorge Bravo, profesor de la Universidad de Évora (Portugal), también puso de manifiesto la necesidad de reformas, tanto en el ámbito público (“hemos de pensar en nuestros hijos y nietos, que tendrán que cargar con el peso del sistema”, asegura) como en la industria proveedora de soluciones, que “ha de innovar y compartir riesgos con la sociedad. Los fondos de pensiones han de adecuarse al perfil de necesidades de la gente”, dice.
La industria ha de adecuarse porque, de momento, el ahorro en sistemas privados complementarios a la pensión pública es muy bajo y, en parte, también es responsabilidad de los proveedores. Pero no solo de ellos. Para José Antonio Herce, profesor titular de Economía de la Universidad Complutense de Madrid y presidente del Foro de Expertos, la culpa también es de un sistema que garantiza el 80% de los ingresos en la jubilación, lo que desincentiva el ahorro privado. “Hay que cambiar la participación de lo público y lo privado”, dice.
Herce recuerda las “raquíticas” cifras de la previsión social complementaria en España y aboga por su impulso, sobre todo en el sistema de empleo. En concreto, de los 10 millones de cuentas de partícipes, la gran mayoría pertenece al sistema individual, que cuenta con 80.000 millones de euros, un 8% del PIB, lo que supone capitales medios de 8.000 euros por persona, unos 35 euros al mes durante la jubilación. En el sistema de empleo, la media es de más de 30.000 euros -aunque si se excluye a los funcionarios la cifra baja a la mitad-, lo que supone una renta vitalicia mensual de 150 euros. “La suficiencia en pensiones vendrá de realizar esfuerzos adicionales, de trabajar más y mejor, de ahorrar más y mejor (no en cemento) y eso es lo que hay que organizar en los próximos lustros”, dice. Con todo, tranquiliza diciendo que mientras se paguen impuestos nunca se dejarán de pagar pensiones y que no habrá quiebra del sistema.
Para Mercedes Ayuso, catedrática de Econometría de la Universitat de Barcelona, lo importante es “garantizar un estado del bienestar”, y considera que hay que cambiar la forma de pensar en cuanto a la pensión pública porque los patrones demográficos están cambiando, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población.
Robert Holzman, profesor de la Universidad de Malasia (Kuala Lumpur) y de la Academia de las Ciencias en Austria, puso como ejemplo el modelo de pensiones sueco: “No hay que inventar la rueda”, afirmó. El experto también aseguró que los 60-65 como edad de jubilación “es parte del pasado, y a futuro hay que pensar más bien en 70-75 y mentalizarse de ello”.
Por Funds Society, Madrid
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