España es un país envejecido, nuestra esperanza de vida es una de las más altas del mundo, pero, a pesar de que sea un dato positivo, trae consecuencias que se deben abordar con urgencia. Desde el Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas de España, consideran que este reto no debe estudiarse como un fenómeno aislado, sino desde una perspectiva multidisciplinar. Así lo han puesto de manifiesto en su último estudio: El reto del envejecimiento desde una perspectiva integral, cuyo objetivo es intentar analizar tendencias de fondo desde una perspectiva integral y generar un debate más allá de la reforma del sistema de pensiones.
A este respecto, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, señala que “las aproximaciones parciales generan resultados parciales, y solo bajo una mirada global será posible establecer consensos y agendas reformistas estructurales a largo plazo, estableciendo incentivos adecuados para todas las partes; un proyecto de una envergadura tal que se necesitará una perfecta coordinación entre el sector público y el privado”.
Para el economista y coordinador del estudio, Javier Santacruz, “la estrategia para afrontar el envejecimiento tiene dos vertientes: por un lado, las políticas públicas y, por otro, las decisiones de familias y empresas, a partir de cuatro variables de control: ahorro, stock de capital, productividad y cuña fiscal”. Asimismo, expone cómo la edad media se acerca hacia los 50 años, por lo que el ciudadano representativo tiene otro tipos de necesidades y se enfrenta a una realidad distinta en términos económicos. “Hay que meterlo en la ecuación del diseño de nuestro estado de bienestar”, subraya.
Para Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa: “En los correctos diseño y gestión de eso que se ha dado en llamar la economía de las canas nos estamos jugando mucho más que la vertiente social del reto. Nos jugamos nuestra competitividad como país a largo plazo; puesto que sólo las naciones que tengan una sociedad de personas mayores manteniendo patrones de consumo adecuados tendrán potencia de crecimiento dentro de dos o tres décadas. El envejecimiento es una gran oportunidad; una oportunidad que, si no aprovechamos nosotros, aprovecharán otros”.
Combinación de sistemas de reparto y capitalización para abordar el problema de las pensiones
La longevidad es positiva, pero trae consigo algunos efectos que hay que controlar. El más claro es el que tiene sobre nuestro sistema de pensiones. El aumento de jubilados respecto al de trabajadores va a producir un desajuste que hay que solucionar. Pilar González de Frutos se lamenta echando la vista atrás y reconoce que las reformas deberían haberse abordado antes y con un carácter más ambicioso.
Entre las posibles soluciones, opta por una combinación del sistema de reparto y capitalización. “Debe importar que el euro que cree valor siga circulando, sea de la procedencia que sea. Lo ideal es la combinación del reparto y la capitalización porque tienen sensibilidades a riesgos diferentes, el primero a la demografía y el otro a la evolución de los mercados financieros”. Asimismo, aboga por la incorporación de mecanismos automáticos que permitan efectuar correcciones salvándolas del debate político.
Por otro lado, González ha insistido en la necesidad de dotar al sistema de mayor transparencia. “Nuestro sistema es uno de los más opacos del mundo. Ni si quiera los cotizantes saben su volumen de cotizaciones ni de su pensiones ni del coste de servicios que usamos. De esta transparencia vamos a ganar mucho”, apunta.
El trabajo y jubilación y ahorro anti-ageing
Otro de los datos que ha destacado Santacruz es que España también está en el último lugar entre la población de 55 y 69 años que compatibiliza pensión y trabajo. En este sentido, Santacruz considera que resultaría positivo potenciar la “jubilación activa” eliminando barreras de entrada como habilitar su uso antes de la edad legal de jubilación y por menos del 100% de la base reguladora.
También ve conveniente desincentivar el retiro temprano (basado en prejubilaciones, bajas incentivadas o EREs) para cerrar el gap de 1,3 años de edad efectiva de jubilación española frente a la media de la Eurozona. Al igual que adecuar las reformas al comportamiento de la productividad por edad y profesión y reducir la presión fiscal sobre los costes laborales.
Entre sus propuestas para adecuar reformas al comportamiento de la productividad por edad y profesión, propone una digitalización de la economía, lo que conduce a una menor dependencia del esfuerzo físico. Asimismo, plantea la necesidad de impulsar sistemas de formación profesional de transferencia de conocimiento y experiencia de los trabajadores más mayores a los más jóvenes, así como mejoras en la flexibilidad del mercado laboral que favorezcan tanto la permanencia de los trabajadores más maduros como la entrada de jóvenes. Por último, insiste en la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal que reduzca la “cuña fiscal” en los trabajadores en edad laboral madura.
Asimismo, el experto ha hecho hincapié en la necesidad de mejorar el ahorro de la población, ya que “en España se da un marco fiscal que premia relativamente al consumo y castiga relativamente al ahorro”. Además, aboga por conseguir lo que llama un “ahorro anti-aeging”. Para ello, cree conveniente introducir mecanismos de previsión social complementaria, como planes de empleo, y mecanismos de conversión en liquidez de activos inmobiliarios.
Acabar con la incertidumbre que rodea al sistema
Por su parte, la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha afirmado que “el envejecimiento supone un reto de primera magnitud para la sostenibilidad de las cuentas públicas y con implicaciones para el propio modelo de crecimiento económico. Es esencial analizar cómo hacer compatible el crecimiento económico y la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social sin olvidar los criterios de suficiencia y equidad intergeneracional. Este no es un problema exclusivo de España, por lo que es muy útil mirar qué tipo de medidas y modelos se están adoptando en otros países de nuestro entorno”.
En este sentido, su principal preocupación es la de acabar con la incertidumbre que rodea al sistema. “La idea de que el sistema de pensiones no es sostenible genera distorsiones en la toma de decisiones, no es bueno y hace perder el foco del reto que tenemos por delante”, sostiene. Por ello, AIReF proponía una solución simple: traspasar el déficit de la seguridad social a la Administración Central del Estado. “No arregla el problema de déficit estructural, pero sí la incertidumbre y los efectos negativos que conlleva. Por lo que propone que determinados gastos pasen a ser afrontados por la administración central que tiene más palancas de las que tirar”, explica.