La proporción actual de población mayor no tiene precedentes en la historia y las previsiones apuntan a un aumento en todo el mundo, aunque con distinto ritmo según las regiones. En números absolutos, se espera que la población con 60 o más años pase de 1.050 millones en 2020 a casi el doble en 2050 (2.080 millones) y supere a la población de entre 15 y 39 años hacia 2080.
El último número de Panorama Social, publicación editada por Funcas, analiza el envejecimiento demográfico y los cambios e incertidumbres que conlleva en temas como los recursos económicos de los mayores, su calidad de vida y salud, la necesidad de cuidados o su mayor peso electoral.
“Envejecimiento de la población, familia y calidad de vida en la vejez” explica que el incremento de la esperanza de vida de las personas mayores y la reducción de la fecundidad en décadas anteriores propician no solo un mayor peso de la población mayor de 65 años, sino, sobre todo, de los mayores de 80 años y de los centenarios.
Se trata de un cambio sin precedentes en la estructura poblacional por edades que supone desafíos diversos, entre ellos la financiación de las prestaciones y servicios sociales que reciben los mayores. En España, el número de mayores de 64 años ha aumentado desde los 3,8 millones en 1977 hasta los 8,8 millones en 2017 (un 131% más, mientras que el crecimiento del resto de edades fue del 16%). Si hace cuatro décadas, representaban el 11% de la población, hoy suponen el 19%.
Por el contrario, el segmento de edad de entre 0 y 14 años ha caído en ese periodo del 27% al 15% de la población. Con la mortalidad de 1976 (al final del baby boom), quien cumplía 65 años tenía una esperanza de vida de 15,4 años, la misma que tienen las personas que habían cumplido 74 años en 2016. De los 8,8 millones de mayores de 64 años, son cada vez más quienes tienen 85 o más años (16%, 1,4 millones de personas, frente al 6% de 1977).
Cabe destacar también la eclosión de los centenarios en nuestra pirámide de población. Al empezar los años setenta había en España algo menos de 800 centenarios, pero a 1 de enero de 2017 su número había aumentado veinte veces, hasta 15.381, en una evolución que se ha acelerado en los últimos años.
¿El impacto sobre las pensiones?
En 2050 el gasto público en pensiones en España podría situarse entre 4 y 6 puntos sobre el PIB por encima del actual hasta el 16%, según Funcas. Tal aumento no resultaría preocupante si se esperara un incremento de los ingresos fiscales capaz de absorber el mayor gasto. “Pero son muchos los expertos que dudan de que ello sea posible sin ampliar muy significativamente el tamaño (y/o la productividad) de la población empleada o sin alzar la presión fiscal (vía cotizaciones o impuestos) hasta un nivel que resulte perjudicial para el mercado de trabajo y la competitividad”, apunta la publicación.
El mantenimiento de déficits significativos de la Seguridad Social tras la crisis, en los últimos años de recuperación económica, plantea dudas razonables sobre la sostenibilidad del sistema de las pensiones.
Esas dudas aconsejan adoptar prudentemente tanto medidas de contención del crecimiento del gasto como otras orientadas al aumento de los ingresos. “Ajustar los periodos de cotización y jubilación en función de la esperanza de vida” podría, como se explica en otro artículo, contribuir a “cuadrar las cifras”, tratando siempre de evitar que estos ajustes produzcan inequidad intergeneracional.
Asimismo, habría que proporcionar de manera eficaz, regular y masiva información a los ciudadanos sobre el funcionamiento del sistema de pensiones y su situación financiera. Con este objetivo cabría plantearse la creación de un observatorio público de las pensiones como organismo independiente encargado de recoger y difundir periódicamente información actualizada y de realizar un seguimiento de las reformas que se vayan acometiendo en España y otros países.
Un observatorio público de las pensiones debería asimismo proveer información individualizada a los ciudadanos sobre su situación particular en relación con el sistema de pensiones, proporcionando elementos de juicio fundamentales tanto para que los futuros pensionistas puedan adoptar decisiones previsionales ante su jubilación, como para que los actuales pensionistas conozcan y valoren el rendimiento del sistema de pensiones y el retorno que obtienen de él.