El sistema de pensiones español necesitaba una reforma. En 2021 comenzaron a aplicarse las recomendaciones que se acordaron en el Pacto de Toledo a través de la reforma de distintas patas del sistema, con el objetivo de dotar de suficiencia y sostenibilidad al sistema, al tiempo que se buscaba ofrecer certidumbre a los pensionistas.
En primer lugar, se suprimieron dos mecanismos de ajuste automático introducidos en 2013: el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y el Factor de Sostenibilidad (FS). El IRP, que vinculaba los aumentos de las pensiones a los recursos del sistema, se ha sustituido por el compromiso de vincular la revalorización de las pensiones con el IPC. Por su parte, el factor de sostenibilidad, que regulaba la primera pensión del jubilado entrante de acuerdo con el desplazamiento en la esperanza de vida de su cohorte demográfica, se ha sustituido por el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un conjunto de medidas diseñado para realizar la misma labor de reequilibrio.
“La propia valoración del gobierno, impulsor de estos cambios, indica claramente que van a tensionar la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema en mayor medida de lo que ya lo estaba con anterioridad”, explican desde el Instituto de Actuarios Españoles.
Los propios cálculos del Ministerio muestran que el gasto en pensiones subirá en 3,5 puntos de PIB en el año 2050 como efecto de la desaparición de los dos mecanismos de ajuste automático (2,7 puntos por el IRP y 0,8 por el FS), llegando a situarse este gasto en el 16,5%; mientras que los ingresos por cotizaciones se han situado a finales de 2021 algo por encima del 11% del PIB, cifra que no se había alcanzado hasta ahora. “En el horizonte, pues, se dibuja un desajuste entre gasto e ingreso”, apunta el informe del Instituto.
Un objetivo a costa de otro
Según la propia ley, los objetivos perseguidos con la reforma de 2021 son: ofrecer certidumbre a los pensionistas y reforzar el equilibrio presupuestario. El primero se consigue, al menos a corto plazo, con la revalorización de las pensiones con el IPC.
Sin embargo, los analistas de la entidad recuerdan que el hecho de que la revalorización con el IPC apunte a un entorno en el que tienda a cronificarse una diferencia entre ingresos y gastos del sistema plantea dudas respecto a que se pueda seguir manteniendo la promesa ligada al IPC; algo que se hace especialmente patente en episodios como el alza espectacular del IPC en los últimos meses.
“No se puede descartar la producción de un escenario futuro en el que los dos objetivos mentados: certidumbre para el pensionista y rigor presupuestario, puedan llegar a ser incompatibles. Esta difícil compatibilidad queda claramente apuntada por el hecho de que la reforma que aquí comentamos, que obtiene un éxito pleno en el objetivo de dar certidumbre a los pensionistas, lo hace a costa de hacer que el segundo objetivo: mejorar el equilibrio presupuestario, sea incierto”, añaden.
En primer lugar, las medidas encaminadas a acercar la edad de jubilación efectiva a la legal no van a suponer un menor gasto en pensiones a largo plazo. Por ello, el responsable de conseguir dicho menor gasto en pensiones deberá ser el aumento de la tasa de empleo de la población mayor de 55, con el impulso del crecimiento económico que ello implicaría: al aumentar el denominador (el PIB), la ratio entre gasto en pensiones y PIB tiende a descender.
“Este razonamiento, sin embargo, es bastante frágil. Sin un aumento de la edad legal de jubilación y sin una estrategia global como sociedad para que las empresas ofrezcan puestos de trabajo acordes a las condiciones y preferencias de este segmento de población es discutible que se produzca un aumento de la tasa de empleo de la población mayor tan significativo, algo que consideramos un reto de futuro de primer nivel”, critica el informe.
Por otro lado, todo parece indicar que el MEI no va a tener efectos financieros tan potentes a largo plazo como el derogado FS, añadiendo dudas al objetivo de reforzar el equilibrio presupuestario.
La tarea de contentar a todos: presentes y futuros
En la práctica, concebir o gestionar un sistema de pensiones consiste en armonizar las expectativas e intereses de dos grandes tipos de ciudadanos: los pensionistas presentes y los pensionistas futuros. Una política centrada en los primeros se fijará en aportar garantías para las prestaciones presentes, aunque ello genere unos déficits que, al minar la sostenibilidad a largo plazo, comprometen la posibilidad de que los jubilados del futuro puedan disfrutar de la misma generosidad que los presentes.
Una política centrada en los jubilados del futuro sacrificaría la suficiencia presente de las pensiones para así generar un esquema exento de déficit y con un nivel de gasto sobre PIB moderado. “En la práctica, cuando no se equilibran suficientemente los intereses y expectativas de estos dos grandes grupos de interés, se generan desequilibrios, bien presentes, bien futuros, que tienen, en todo caso, la potencialidad de generar una elevada conflictividad y elevadas dosis de insatisfacción en la ciudadanía”, advierte el informe.
Un paso intermedio
Por todo esto, el Instituto considera que la reforma de 2021 no debería tener el carácter de último paso, sobre todo si, como los cálculos apuntan a que podría pasar, se revela como imperfectamente ajustada al objetivo de diseñar un adecuado equilibrio entre beneficiarios presentes y futuros del sistema.
“En definitiva, la Ley 21/2021 incide en reforzar la suficiencia de las pensiones, lo cual es positivo, pero retrocede, a nuestro juicio, en reforzar la sostenibilidad y la equidad del sistema, dos características igualmente importantes, que a veces se olvida que, a medio-largo plazo, pueden poner en peligro también la suficiencia de las pensiones”, concluye el documento.