El cambio de Gobierno ha traído novedades en materia de pensiones públicas tras las protestas de miles de jubilados a las puertas del Congreso de los Diputados y en diferentes ciudades de la geografía española.
La revalorización prevista en la última reforma del año 2013, que contemplaba un incremento del 0,25% puede quedar en «agua de borrajas» tras el acuerdo alcanzado en la Comisión del Pacto de Toledo.
Los grupos parlamentarios han alcanzado un consenso para que las pensiones públicas se revaloricen al ritmo de la inflación, o incluso por encima de ésta, en los años en que la economía registre tasas positivas de crecimiento.
Para los años de recesión económica, la Comisión todavía no ha acordado cuánto se apreciarán las pensiones. La propuesta de PP, Ciudadanos y PDeCAT pasa por asegurar que las pensiones más bajas se revaloricen siempre con la inflación aunque no las que se sitúen por encima de un determinado nivel de renta. Por su parte, PSOE, Unidos Podemos y Esquerra Republicana no comparten la distinción de renta en este cálculo.
El Congreso apuesta, por lo tanto, por volver a utilizar como referencia el IPC en lugar del Índice de Revalorización que se ha venido utilizando durante los últimos cinco años y que vincula el incremento al déficit o superávit que registre la Seguridad Social.
Por Fórmate a Fondo