La nueva cita electoral está a la vuelta de la esquina y los partidos políticos han hecho gala, una vez más, de los mensajes electoralistas en materia de pensiones públicas. Mientras miles de jubilados siguen protestando en la calle y, haciendo oídos sordos a los mensajes que advierten de la necesidad de una reforma estructural del sistema de pensiones español que permita hacerlo sostenible en el largo plazo, todos los partidos políticos han prometido una revalorización de las pensiones públicas en aras de conseguir el voto de más de 9 millones de pensionistas.
La veda la abrió el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez, al anunciar que en diciembre subiría las pensiones con el IPC real, lo que finalmente se ha traducido en un aumento del 0,9%.
El anuncio daba el pistoletazo de salida para el resto de formaciones políticas, que también se han comprometido a mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. El PP y Ciudadanos creen que la inflación no debe ser el único indicador para actualizar la pensión pública y consideran que habría que tener en cuenta la situación económica.
PSOE y Unidas Podemos dejan claro que hay que volver al IPC por ley y derogar la reforma -aún en vigor- del Gobierno de Mariano Rajoy. Esta reforma, que hizo el PP en 2013 sin consenso social ni político, incluía un índice de revalorización que establecía una subida anual mínima del 0,25 % mientras la Seguridad Social estuviera en déficit.
Con una Seguridad Social que acumuló en 2018 un déficit de 17.088 millones de euros y la previsión de que este año se rebaje ligeramente hasta el 1,2% del PIB, el PSOE ha introducido en su programa electoral el blindaje de la revalorización de las pensiones conforme al IPC real, aumentar las pensiones mínimas y las no contributivas y ampliar las pensiones de viudedad a las parejas sin vínculo matrimonial, entre otras medidas.
Los populares proponen aproximar progresivamente el período de cálculo de la pensión a toda la vida laboral o ampliar al 100% la jubilación activa de los autónomos.
Ciudadanos aboga por políticas de empleo para los jóvenes y Unidas Podemos sigue apostando por volver a bajar la edad legal de jubilación a los 65 años y derogar el factor de sostenibilidad para evitar que su entrada en vigor ajuste las nuevas pensiones a la baja. Por su parte, VOX se desmarca del Pacto de Toledo, al que califica de «socialdemócrata» y añade que hay que «transitar del sistema público a uno mixto voluntario».
Por Fórmate a Fondo