La pandemia se ha cobrado un alto precio en todo el mundo y el exceso de mortalidad redujo la esperanza de vida al nacer en 1,5 años en España en 2020. Pero, a pesar de la crisis del COVID-19, los derechos de pensión han estado bien protegidos en la mayoría de los países de la OCDE, incluida España.
Sin embargo, España sigue teniendo que encarar retos muy importantes en materia de pensiones, derivados de la obsolescencia de un sistema que no se puede adaptar a la nueva realidad demográfica. Según los datos del informe de la OCDE «Pensions at a Glance«, el gasto en pensiones de España destaca por encima de la media de la OCDE, las condiciones de jubilación son demasiado “laxas” y considera que se necesita mayor consenso político y la adopción de mecanismos de ajuste automático.
Uno de los gastos en pensiones más altos de la OCDE
España es uno de los países de la OCDE que más gasta en pensiones. Desde el año 2000 el aumento del gasto en pensiones ha estado en torno al 3% del PIB, uno de los porcentajes más altos. Antes de la crisis del COVID-19, las personas mayores de 65 años tenían una renta media igual al 96% de la de la población total, superior a la media de la OCDE (88%). La demografía sólo explica la mitad de esto y, como en Finlandia, Grecia, Portugal y algunos otros países, el gasto en pensiones por jubilado creció mucho más rápido que el salario medio.
Además, la organización advierte de que, a pesar de que en España los cambios demográficos se retrasaron en relación con otros países de la OCDE, el envejecimiento se acelerará ahora a un ritmo muy rápido, ejerciendo una fuerte presión sobre la sostenibilidad financiera.
Las condiciones para obtener una pensión completa son laxas
En España, las personas que hayan cotizado al menos 37,25 años (que aumentarán a 38,5 años a partir de 2027) pueden jubilarse a los 65 años con una pensión completa. Esta condición, según el informe de la OCDE, es suave en comparación con otros países, salvo en el caso de Italia donde se requieren 38 años para obtener el 100%. Grecia y Eslovenia también seguirán teniendo un periodo relativamente corto de 40 años, mientras que Francia tendrá 43 y Alemania 45 años.
Además, la gran mayoría de los países de la OCDE tienen en cuenta los salarios a lo largo de toda la carrera profesional para calcular la prestación de jubilación. Dentro de la Unión Europea, sólo Francia, Eslovenia y España utilizan 25 años o menos.
El sistema de pensiones seguirá ofreciendo tasas de sustitución elevadas incluso con carreras cortas. Para los trabajadores de carrera completa con salario medio, la futura tasa de sustitución neta habría sido del 80% si siguiese en vigor el factor de sostenibilidad. Ahora que se acaba de eliminar es del 89%, frente al 62% de media en la OCDE. Esta alta tasa de reemplazo será accesible a los 65 años, mientras que el mismo nivel requerirá trabajar hasta los 69 años en los Países Bajos, Italia tendrá un 82% a los 71 años y Dinamarca el 84% a los 74 años.
Se han eliminado los mecanismos de ajuste automático
Recientemente, el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) fue sustituido por la indexación de las pensiones al IPC, mientras que el factor de sostenibilidad ha sido eliminado y sustituido por un nuevo instrumento denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
En comparación con los cambios discrecionales, los mecanismos de ajuste automático pueden diseñarse para generar cambios menos erráticos, más transparentes y equitativos entre generaciones, pero España se encuentra en el tercio de los países de la OCDE que no cuentan con un mecanismo de ajuste automático más allá de la indexación de las pensiones a los precios.
En este sentido, la OCDE advierte de que los mecanismos de ajuste automático que tienen en cuenta la demografía a la hora de calcular la pensión son herramientas poderosas para proporcionar recursos financieros para mejorar la sostenibilidad y pueden repartir la carga entre trabajadores y pensionistas. Sin embargo, el Índice de Revalorización de las Pensiones hizo que las pensiones en curso de pago crecieran menos que los precios, y las proyecciones indicaban que esto habría continuado. «Los mecanismos de ajuste automático que llevan a que las pensiones disminuyan constantemente en términos reales son cuestionables, ya que los jubilados tienen pocas posibilidades de ajustar sus ingresos», critica la OCDE.
Se necesita más consenso para evitar retrocesos
El caso español demuestra que una política coherente a lo largo del tiempo requiere un amplio consenso político antes de su aplicación. De lo contrario las medidas corren el riesgo de ser políticamente insostenibles, lo que lleva a retrocesos y debilita la confianza.
Como parte del plan de resiliencia y recuperación, la Comisión Europea pidió que se presentara una propuesta de reforma de las pensiones en 2021. El gobierno y los interlocutores sociales llegaron a un acuerdo preliminar en julio de 2021 según el cual las pensiones se indexarán a los precios y se establecerían primas y penalizaciones para incentivar la prolongación de la vida laboral.
Además, el factor de sostenibilidad será sustituido por el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI). Respaldado por la mayoría del Parlamento, el MEI consiste en un aumento del tipo de cotización de 0,6 p.p. (0,5 p.p. para los empresarios y 0,1 p.p. para los empleados) hasta 2032, con contribuciones adicionales en el fondo de reserva de las pensiones públicas. Esto ayudará a la jubilación de la generación del babyboom. Los fondos acumulados ascenderían a un stock del 2,3% del PIB en 2032. Por otro lado, el informe de la Comisión Europea sobre el envejecimiento de la población estima que la sustitución del de la IRP por la indexación del IPC aumentará el gasto anual en pensiones en un 1,4% del PIB en 2030 y en un 2,6% del PIB anual a partir de 2050.