La insuficiencia de las pensiones públicas futuras y la conveniencia cada vez mayor de un ahorro privado a largo plazo choca con el desincentivo fiscal que, según la OCDE, reina en España para tal fin. Durante un seminario organizado por Inverco en el que se analizaron los diferentes experiencias internacionales en materia de pensiones, Emmy Labovitch, asesora de la Unidad de Pensiones Privadas de la OCDE, lo explicaba de la siguiente forma: «En España el incentivo fiscal en instrumentos de ahorro para pensiones es del 10% mientras que en Francia o Reino Unido alcanza el 30%». Así, la experta constata que en nuestro país no solo no hay una ventaja notable sino que directamente el ahorro a largo plazo se desincentiva.
Existen diferentes fórmulas o combinaciones de incentivar fiscalmente los productos de ahorro para la jubilación, pero el análisis realizado por Labovitch sitúa entre los más ventajosos los sistemas EET que es el que utilizan la mayoría de los países desarrollados y que consiste en la exención fiscal en la aportación, en los rendimientos y la tributación en las prestaciones. Este esquema, subraya la experta, funciona para todos los grupos de ingresos aunque es más ventajoso para los salarios medios que para los ahorradores con ingresos más bajos.
Además de las ventajas fiscales, existen otro tipo de ventajas no fiscales que Labovitch considera más útiles para este grupo bajo ingresos y son, por ejemplo, los sistemas de inscripciones automática u obligatoria y en los que existe contrapartida por parte del Estado o del empleador. «La mejor combinación es un esquema fiscal EET y un sistema de contrapartida en el que ciudadano realiza una aportación y el Estado realiza a su vez otra aportación similar», afirma.
Este tipo de sistemas son, explica, adecuados para los salarios medios, pero adolecen de un problema y es la falta de competencia. «En los países que lo tienen, es difícil que el ciudadano los abandone y no suelen ser de ciclo de vida por lo que puede suceder que no se llegue a tener una pensión adecuada en la jubilación», señala. Labovitch afirma que existe, no obstante, una tendencia hacia la afiliación automática en la OCDE aunque «puede no captar a toda la población si se trata de varios empleadores y varios salarios bajos, por ejemplo».
En conclusión, los incentivos financieros ayudan a que más personas participen tomando elecciones sobre los productos de ahorro más adecuados, mientras que los incentivos no financieros ofrecen más cobertura, pero desincentivan al ciudadano a realizar elecciones personales.
El valor de los incentivos fiscales en el conjunto de los países de la OCDE alcanza un 23% de media, pero hay gran disparidad por países, desde el 1% de Eslovenia al 25% de Lituania. En opinión de Labovitch, «los incentivos fiscalesson buenos para favorecer el ahorro frente al cosnumo, pero hay sesgo dependiendo de los ingresos ya que no es eficaz en ingresos bajos».
El coste de los incentivos fiscales se sitúa en el 1% del PIB y evoluciona desde el momento inicial en el que la pérdida de ingresos por las exenciones fiscales (durante la vida laboral mientras se realizan las aportaciones) se va equilibrando por las tributaciones que se realizan al disponer de ese ahorro.