Ni el pleno empleo, ni el incremento de los salarios, ni de las cotizaciones sociales u otros impuestos podrán evitar que las pensiones del futuro sean más bajas que las actuales. Según el estudio «Medidas para restaurar (o no) la sostenibilidad financiera de las pensiones» realizado por J.Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea y profesor de la Universidad Complutense, el envejecimiento de la población española es de tal intensidad que ninguna de estas medidas podrán evitarlo por sí solas.
Además, el factor de sostenibilidad, incluido en la reforma de 2013 y que liga la pensión a la esperanza de vida, entrará en vigor en 2019 y tendrá un impacto sobre las nuevas pensiones reduciéndolas un 5% cada 10 años aproximadamente. “Aunque estos cálculos podrían afinarse, la pensión media en 2050, una vez se tiene en cuenta el impacto del factor de sostenibilidad, será aproximadamente un 7,5% más baja”, afirma Conde-Ruiz.
El informe acude a la última proyección del INE para ilustrar una tendencia que nos llevará, en las próximas cuatro décadas, a un descenso de más de 7 millones de personas activas (entre 16 y 66 años) y al mismo tiempo a un incremento de 6,8 millones de personas mayores de 67 años. “Mientras que en 1919 (cuando se establecieron los 65 años como edad de jubilación) tan solo el 33% de cada generación alcanzaba esa edad, en la actualidad ese porcentaje alcanza el 90%. Es decir, los 65 años de edad de principios del siglo XX se corresponden ahora con los 89 años”, sostiene Fedea.
Según el INE, en las próximas décadas España tendrá previsiblemente una de las tasas de dependencia más elevadas del mundo, y la más alta de la UE. En este sentido, Conde-Ruiz señala que “es fácil comprender que cuanto mayor sea la tasa de dependencia, mayor será también el gasto en pensiones como porcentaje del PIB”.
Los datos así lo confirman, pues durante este mes de enero el gasto en pensiones ha vuelto a marcar un récord. La Seguridad Social ha desembolsado 8.647,8 millones, un incremento del 3,15% respecto al mismo mes del año anterior, según el Ministerio de Empleo. El informe de Fedea señala, de hecho, que simplemente por culpa del factor demográfico, el gasto como porcentaje del PIB será aproximadamente 2,1 veces el actual en 2050.
Ni el pleno empleo ni la subida de salarios o impuestos evitarán pensiones más bajas
En opinión de Conde-Ruiz, “alcanzar el pleno empleo tan solo serviría para compensar una quinta parte del aumento del gasto en pensiones asociado al envejecimiento demográfico”.En su proyección, con una tasa de empleo del 73% (ahora es el 61,1% de la población de 16 a 64 años), el número de cotizantes en 20050 no sería muy superior al actual (unos 17,6 millones con jubilación a los 67 años, alrededor de 18,9 millones con jubilación a los setenta). Es decir, según las previsiones demográficas, el proceso de envejecimiento es tan intenso que a pesar de alcanzar el pleno empleo, en unas décadas tendremos prácticamente un trabajador por cada jubilado
En cuanto al aumento de salarios, la contribución del aumento de los salarios a la mejora de la situación financiera del sistema de pensiones solo se puede producir mediante una disminución de la tasa de sustitución. Esta disminución depende de cómo se revaloricen las pensiones. Si estas se revalorizan con el crecimiento de los precios, el aumento de la pensión media será menor que el aumento del salario medio. En definitiva, aumentos de los salarios, aun causados por un repunte considerable del crecimiento de la productividad, no podrán cubrir toda la brecha entre ingresos y gastos.
El aumento de las cotizaciones sociales es, según el profesor, otra arma de doble filo para alcanzar un sistema público de pensiones sostenibles. Conde-Ruiz explica que “para aumentar la recaudación lo suficiente sería necesario incrementar el tipo efectivo de cotización del 21% al 36,5%, que parece implicar un aumento en costes laborales realmente incompatible con un escenario de pleno empleo”.
Por último, utilizar los impuestos generales para este fin, podría ocasiones efectos indeseados ya que, “se rompería el principio de contributividad, ya que una persona que no ha trabajado suficiente y no tiene derecho a una pensión contributiva (o a una pensión más baja) podría reclamarla aludiendo a que en realidad sí está aportando al sistema de pensiones a través del pago del IVA cuando consume o cuando paga el IRPF”.
En su opinión, la solución pasará por una batería de medidas entre las cuales están alcanzar el pleno empleo, eliminar la precariedad laboral para aumentar las tasas de fecundidad, mejorar la educación para aumentar la tasa de crecimiento de la productividad y aumentar los ingresos del sistema de pensiones.