Las prácticas de inversión responsable han calado entre los fondos de pensiones, inversionistas institucionales y de largo plazo por excelencia. En el caso de América Latina, las administradoras de fondos de algunas de las principales economías rigen una parte importante de su cartera bajo criterios de sostenibilidad. Es más, según cifras de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) de seis de sus mayores economías, más de la mitad de los portafolios consideran variables ESG en el proceso de inversión.
Según destaca la organización en una de sus Notas de Pensiones reciente y con datos a diciembre de 2023 –último dato disponible para todos los países, en base a información entregada por las gestoras–, los fondos de pensiones de Chile, Colombia, México, Perú, República Dominicana y Uruguay promedian un 51,5% en cobertura de criterios ESG y de cambio climático en las carteras de inversión.
Esto quiere decir que, en promedio, al menos la mitad de las carteras previsionales se analizan siguiendo parámetros de inversión responsable, definida por cada administradora en base a modelos internos, según resaltó la Federación.
“La incorporación de criterios ESG en la gestión de los fondos de pensiones es un tema de creciente relevancia, ya que estos criterios no solo reflejan una tendencia global hacia la sostenibilidad, sino que también tienen implicaciones directas en la rentabilidad, el riesgo y la responsabilidad fiduciaria de los fondos de pensiones”, indica Manuel Tabilo, gerente de estudios de la FIAP, a Funds Society.
En el desagregado, la mayor cobertura se registró en la región andina. Perú lidera la incorporación de variables de sostenibilidad, con un 86% de los portafolios. Le siguen Chile y Colombia, que alcanzaban el 76,3% y el 73,8% de los portafolios, respectivamente.
Unos peldaños más abajo están los fondos de pensiones de Uruguay, que cuentan con una cobertura de 40% y, finalmente, México –donde la regulación no hará obligatorio que las Afores reporten este tipo de información hasta 2026– y República Dominicana, que reportaron 19,4% y 13,8%, respectivamente.
Además, como señal de la adopción de prácticas de inversión más sostenibles, la FIAP destaca que 20 administradoras de fondos de pensiones latinoamericanas habían suscrito los Principios para la Inversión Responsable (PRI) de las Naciones Unidas. Se trata de las chilenas AFP Cuprum, AFP Provida, AFP Capital y AFP PlanVital; las colombianas Protección, Porvenir AFP y Skandia AFP; las costarricenses Vida Plena OPC, OPC CCSS y BN Vital; las mexicanas Afore XXI Banorte, Afore Profuturo, Afore SURA, Afore Citibanamex y BBVA Bancomer; las peruanas Prima AFP y AFP Integra; la dominicana AFP Crecer; y las uruguayas AFAP SURA y AFAP Itaú.
Tomando vuelo en la región
Para Tabilo, hay dos principales factores que han impulsado la adopción de los criterios de sostenibilidad en la gestión de los fondos de pensiones latinoamericanos.
En primer lugar, el ejecutivo cita el creciente interés por parte de los gestores de sistemas de ahorro individual. “En su mayoría, las administradoras de fondos de pensiones de la región entienden su responsabilidad de invertir pensando en el largo plazo y en el beneficio de sus afiliados y, por lo tanto, la incorporación de los factores ESG en el proceso de inversión les ayuda a asignar capital a empresas con buenos gobiernos corporativos, que trabajan para crear economías sostenibles, lo cual es coherente con que su obligación fiduciaria considere estos factores”, indica.
En segundo lugar, el profesional también ha visto un aumento en las “palancas” que impulsan el análisis ESG, como las asociaciones público-privadas asociadas a las finanzas sostenibles, el desarrollo de “taxonomías verdes” –que permiten diferenciar y clasificar instrumentos de este tipo– a nivel local y el desarrollo de normativas e iniciativas que apoyen el ESG.
Para Tabilo, dada la naturaleza de largo plazo de los fondos de pensiones, estas gestoras apuntan a garantizar seguridad financiera durante décadas. “Los criterios ESG permiten identificar y mitigar riesgos que podrían no ser evidentes en un análisis financiero tradicional”, dice, donde variables ambientales, sociales y de gobernanza pueden afectar negativamente a empresas y estrategias de inversión.
Por el frente normativo, en particular, el gerente de estudios de la FIAP comenta que muchas jurisdicciones están imponiendo requisitos para que los fondos de pensiones consideren factores ESG en su gestión de inversiones, como la Unión Europea. En la región, países como Chile, Colombia, México y Perú, están adoptando marcos similares para promover la sostenibilidad en el sistema financiero
“No se trata solo de cumplir con una moda o una obligación ética, sino de reconocer que la sostenibilidad y la responsabilidad son factores clave para la estabilidad social y económica”, enfatiza Tabilo.
Qué falta para avanzar
“A pesar de todo el avance que se ha hecho en la región latinoamericana en los últimos años, aún quedan muchos aspectos por seguir mejorando en cada una de las dimensiones del ESG para aumentar su cobertura y el compromiso de las administradoras de fondos de pensiones de la región es seguir en esta senda”, acota el profesional.
Entre los aspectos en los que es necesario avanzar, menciona establecer regulaciones claras y estandarizadas –idealmente a nivel mundial–, lograr una mayor estandarización de datos y métodos –evitando, entre otros, el “greenwashing”– e implementar programas de capacitación, para que todas las entidades financieras –incluyendo equipos de riesgos e inversiones de las gestoras previsionales– puedan incorporar los criterios ESG.
“Desde FIAP creemos que los objetivos de las inversiones de los ahorros para pensiones obligatorios deben seguir orientados a obtener una adecuada rentabilidad y seguridad. Con eso en mente, se deben balancear los objetivos de sostenibilidad que se deseen perseguir como sociedad”, subraya Tabilo.
Eso sí, el ejecutivo asegura que no ven el 100% de cobertura ESG de la cartera como un objetivo rígido en este momento. Prefieren verlo como un “proceso progresivo”.
¿Por qué? “Una cobertura de 100% podría limitar la diversificación, lo que es clave para gestionar riesgos financieros, especialmente en mercados donde las opciones ESG son escasas. Además, podría aumentar costos o reducir la liquidez si se fuerza la inclusión de activos ESG inmaduros. Y, por último, la falta de estándares uniformes en ESG podría llevar a inconsistencias o ‘greenwashing’”, explica.
Por lo mismo, “un enfoque pragmático sería aspirar, por ejemplo, a un porcentaje alto (80-90%) en el mediano plazo”, acota, priorizando sectores de alto impacto, como la energía y la industria, pero manteniendo la flexibilidad de incluir activos no-ESG “que sean rentables y no contradigan los principios básicos de sostenibilidad” del portafolio. “A medida que el mercado evolucione y haya más opciones ESG viables, ese porcentaje podría acercarse al 100% de manera natural”, augura.